Los presos electos recurren el auto del Supremo para poder recoger las credenciales de diputado y senador

El tribunal había declinado suspender el juicio y la petición de libertad de los acusados

Los presos electos de JxCat y ERC presentarán un recurso contra el auto emitido hoy por el Tribunal Supremo, pidiendo que se les permita asistir al Congreso y al Senado también el lunes día 20 para recoger las credenciales de diputados y de senador en el caso de Raül Romeva. El reglamento de la cámara alta establece que este trámite debe hacerse de manera "personal" y no mediante un apoderado, lo que obliga a Romeva a hacerlo él mismo. Sin embargo, también lo pedirán para Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez porque creen que "tienen derecho".

El recurso llega después de que el tribunal del juicio del procés rechazara tramitar el suplicatorio al Congreso y al Senado y también la petición de libertad de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. Autoriza, sin embargo, que salgan de prisión el día 21 de mayo para asistir a los plenos de constitución de las cámaras. Los magistrados han hecho público este martes un auto en el que subrayan que los presos electos tendrán que ir "debidamente custodiados" y que la presidencia de las Cortes tendrá que adoptar las "decisiones oportunas para que, una vez dentro del salón de plenos, la seguridad pueda estar garantizada". "Tendrán que ser reintegrados, sin dilación, al centro penitenciario una vez las presidencias de las cámaras hayan dado por acabada la sesión", indican los jueces. Así, deja en manos del Congreso y del Senado si los presos tendrán que ir en todo momento acompañados de agentes de seguridad dentro del edificio. 

El tribunal acepta la asistencia al pleno de constitución con "carácter excepcional" y explica que su decisión está "inspirada en la necesidad de no menoscabar la titularidad del derecho de participación política". Un ejercicio que "no debe interferir en el desarrollo del proceso penal en el que los diputados y el senador están acusados", añaden los jueces. Avalan esta medida como alternativa a la petición de libertad, que rechazan porque consideran que se mantiene el riesgo de fuga, que en caso de suceder, comportaría una "importante disfunción" en el juicio oral. Como ya han manifestado en anteriores ocasiones los magistrados del Supremo, en este proceso penal "no se criminaliza ninguna ideología", y argumentan que el mantenimiento de la prisión preventiva no vulnera la libertad ideológica ni tampoco la libertad de expresión. 

En relación con la petición de las defensas de tramitar el suplicatorio —una solicitud a las cámaras para continuar con una causa judicial abierta contra miembros del poder legislativo—, el Supremo sostiene que este procedimiento está previsto para aquellas personas que todavía no han sido procesadas, pero no cuando ya se las está juzgando. El tribunal considera que el estatus de diputado y senador no incluye una "valoración retroactiva de la incidencia que este proceso penal puede tener en la actividad normal de las cámaras", y subraya que se incorporaron a las listas electorales cuando ya se había iniciado el juicio oral. En el auto se recoge jurisprudencia, aunque reconocen que no han encontrado ningún precedente "idéntico". En cualquier caso, citan un caso en el que para resolver un recurso de casación a una persona que obtuvo un cargo público en el período entre la sentencia y la decisión del Supremo no se consideró necesaria la tramitación del suplicatorio.

Según la interpretación del tribunal, que el Congreso y el Senado tuvieran potestad de decidir si el Supremo debe seguir juzgando a los presos electos supondría una "interferencia irracional" en el ejercicio de la función jurisdiccional, porque permitiría una "revisión" o un "control" por parte del poder legislativo. Convertiría así la inmunidad parlamentaria en un "privilegio" y un "derecho particular" de determinadas personas. "Supondría olvidar que la inmunidad protege ante la apertura de procesos concebidos para alterar el normal funcionamiento de la cámara legislativa, no para impedir el desenlace de una causa penal en la que el diputado o senador ya haya sido procesado y acusado", argumenta. 

Una de las consecuencias de la tramitación del suplicatorio era la suspensión del juicio, con la posibilidad de que la prueba practicada hasta ahora quedara anulada. Paralizar las sesiones supondría una vulneración de los derechos del resto de acusados, entiende el tribunal, que advierte que se atentaría contra el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas previsto en el artículo 24.2 de la Constitución. 

Interpretación "limitativa y restrictiva" 

Los abogados Andreu Van den Eynde y Jordi Pina han lamentado la decisión del tribunal, que ofrece las condiciones más "mínimas y restrictivas" para que los afectados puedan ejercer su derecho a la participación política. El letrado de los presos de JxCat ha reclamado que el permiso no solo sea para acudir al Congreso conducidos por la Guardia Civil y ser devueltos a prisión tan pronto como acabe la sesión, sino que se les permita hacer ruedas de prensa en la cámara y hablar con los componentes del resto de grupos parlamentarios.

Las defensas temen que la asistencia al pleno del 21 sea "solo una fotografía" y que en unas semanas los suspendan de cargo público, como pasó con los diputados en el Parlament, a quien el juez instructor Pablo Llarena suspendió aplicando el artículo 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "Es un poco tramposo. Te dejo presentar para demostrar lo garantistas que somos, pero te mantengo en prisión para después vulnerarte los derechos y dejártelos sin efecto. Es simplemente esto", ha denunciado Pina. De hecho, en el auto ya se indica que el artículo 21 del reglamento del Congreso "ya prevé que un diputado que esté en prisión preventiva se encuentre en situación preventiva, y que esto implique la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios".

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