La Audiencia Nacional absuelve a Trapero, Soler, Puig y Laplana por el 1-O

Tumba el criterio de la Fiscalía y enmienda la “colaboración” de los Mossos con el 1-O que apuntó el Supremo

La Audiencia Nacional absolverá este miércoles al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, al ex director general Pere Soler, al ex secretario general de Interior Cèsar Puig y a la intendente Teresa Laplana de los delitos de sedición y desobediencia, según avanzó ayer martes la Cadena SER. La sentencia se notificará oficialmente a los procuradores a las 9.30 h, pero este martes varios medios ya publicaron la resolución del tribunal, que tumba contundentemente el criterio de la Fiscalía. No ven sedición ni desobediencia los jueces Francisco Vieira y Ramón Sáez, que dejan en minoría a la presidenta, Concepción Espejel, defendiendo la condena por sedición.

En el tramo final del juicio, la Fiscalía hizo un movimiento de última hora: cambió la acusación para Trapero, Soler y Monte de rebelión a sedición -cosa que rebajaba las penas de 11 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta- y añadió como alternativa una condena por desobediencia. En este caso, el ministerio público les reclamaba un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 60.000 euros. Para la intendente Teresa Laplana, la Fiscalía ya pedía cuatro años de prisión por sedición el 20-S, y así lo mantuvo hasta el final. En su caso, la alternativa de la desobediencia quedaría en un año de inhabilitación y 30.000 euros de multa.

Pero ni siquiera esta rebaja sustancial ha convencido al tribunal. La absolución, redactada por el magistrado progresista Ramón Sáez y a la cual se ha adherido Francisco Vieira, representa un golpe a la conclusión a la que había llegado el Tribunal Supremo en la sentencia del juicio del Procés. Manuel Marchena dejó dicho que los Mossos habían colaborado con el Govern para hacer posible el referéndum, y justificaba así la condena del ex conseller de Interior Joaquim Forn, pero ahora este relato queda en entredicho con la inocencia del máximo responsable operativo de la policía catalana en aquel momento. Trapero subrayó en todas sus declaraciones, tanto en instrucción como a los juicios del Supremo y la Audiencia Nacional, su distancia respecto a los planes de Carles Puigdemont. Puso especial énfasis en las reuniones del 26 y 28 de septiembre en el Palau de la Generalitat, en las cuales pidió al expresidente que desconvocara el referéndum, así como en su puesta a disposición del TSJC por si había que detener a los miembros del Govern.

De los Cobos, en entredicho

Pero el relato de la Fiscalía se mantuvo casi inalterable defendiendo la supuesta sintonía de los Mossos con el resto de actores del independentismo. La principal fuente acusatoria era el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable de la coordinación policial para el referéndum, ahora duramente desacreditado por la sentencia de la Audiencia Nacional. El testigo de Ferran López, mano derecha de Trapero, rompía esta línea argumental porque no estuvo nunca acusado -fue nombrado nuevo jefe de los Mossos después del 155-, a pesar de que en 2017 fue el encargado de trasladar el criterio de la jefatura del cuerpo en la interlocución con el resto de cuerpos policiales y, especialmente, con De los Cobos.

Si bien el peso de la causa recaía sobre Trapero, la Fiscalía pedía los mismos años para Soler y Puig, que también quedan liberados de una decena de años de prisión al no quedar probado que fueran responsables de la sedición que el Supremo dictaminó que existió. La sentencia no es firme y, si la Fiscalía recurre, el Supremo resolverá.

¿De qué acusaba la Fiscalía a cada acusado?

Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos

La Fiscalía veía a Trapero como un actor imprescindible del camino hacia la independencia porque la supuesta pasividad de los Mossos durante el referéndum permitiría que se desarrollara la votación con normalidad. Criticaba que priorizara la paz social al impedimento de la consulta.

Pere Soler, director general de los Mossos

El ministerio público recriminó durante el juicio que Soler propusiera querellarse contra el fiscal superior de Catalunya los días previos al 1-O y que fuera nombrado con la entrada de Forn en el Govern, en una señal de posible connivencia entre la policía y el ejecutivo.

Cèsar Puig, ex secretario general de Interior

La acusación con menos pruebas era la que se dirigía contra Puig, a quien solo se reprochaba que mantuviera contacto con el ex secretario general de Economía Josep Maria Jové durante un registro de la Guardia Civil en la sede de Unipost de Terrassa el 19 de septiembre de 2017.

Teresa Laplana, intendente de los Mossos

A Laplana la Fiscalía la acusaba de ser la responsable operativa de los Mossos durante el 20-S en Economía y le reprochaba no haber ordenado actuar contra los manifestantes. Todos los altos cargos del cuerpo remarcaron que Laplana no tenía competencias.

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