Trapero afirma que tenía a punto un dispositivo para detener a Puigdemont y al Gobierno tras la DUI

Asegura que advirtió al Gobierno que no contase con el cuerpo para hacer la independencia

MARIONA FERRER I FORNELLS / OT SERRA

Josep Lluís Trapero da la cara. El mayor de los Mossos accedió a responder como testigo a pesar de estar procesado por rebelión en la Audiencia Nacional, y lo hizo para explicar detalladamente las decisiones que tomó en las fechas señaladas del Proceso, desde el relevo de Jordi Jané por Joaquim Forn al frente de la conselleria de Interior, en julio, hasta el 27 de octubre, pasando por el 20-S y el 1-O, así como las reuniones previas, tanto con la Guardia Civil como con la Policía Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) antes del referéndum. Trapero ha defendido en todo momento el cuerpo de los Mossos; ha marcado distancias con el Gobierno -atribuyó "un punto de irresponsabilidad" a las declaraciones previas de Forn al 1-O-; ha admitido discrepancias con el coordinador del operativo policial, Diego Pérez de los Cobos, pero subrayó que debían actuar bajo un solo dispositivo el día del referéndum; ha señalado que todos los cuerpos policiales tenían la orden de la magistrada Mercedes Armas del TSJC de "actuar con contención y garantizando la paz social" y ha dejado su titular para el final, ya en el interrogatorio de las defensas.

En respuesta al abogado de Forn, Xavier Melero, ha asegurado que tenía a punto un dispositivo para atender a posibles requerimientos judiciales -ha concretado que podía ser la detención de Carles Puigdemont y de todo el Gobierno tras la declaración de independencia- , y que dos días antes del 27-O lo comunicó tanto al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, como al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos. El mismo día de la DUI les envió dos correos electrónicos para ponerse a su disposición, explicó, tal como ya había declarado en fase de instrucción en la Audiencia Nacional.

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Una afirmación que corrobora su lejanía con los planes del Gobierno, anunciada ya en una reunión el 28 de septiembre en el Palau de la Generalitat con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Joaquim Forn y la cúpula de los Mossos. "Le trasladamos nuestra preocupación diciendo que habría dos millones de personas y 12.000 policías actuando y que esto necesariamente ocasionaría conflictos graves de orden público y seguridad ciudadana [1-O]", explicó Trapero, preguntado por Manuel Marchena. El presidente del tribunal ha introducido una novedad en el interrogatorio otorgándose la prerrogativa, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de interpelar el testigo.

Limitaciones para la Fiscalía

El interrogatorio de la Fiscalía ha topado con las limitaciones para preguntar sobre aspectos clave de la acusación, ya que no pidieron el testimonio de Trapero y Vox se ha descuidado de interrogar sobre reuniones importantes para el relato de la rebelión . El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha sido víctima de sus propias decisiones y se ha visto obligado a restringir parte del interrogatorio a petición de las defensas. Después, sin embargo, ha hecho uso de sus poderes para cuestionar a Trapero sobre los hechos relevantes que habían quedado en el aire.

Tras el receso del mediodía, el fiscal Zaragoza ha sacado el debate sobre la prioridad de preservar la convivencia ciudadana o el cumplimiento del auto judicial. Trapero ha dejado claro que la magistrada Armas entregó la parte dispositiva en la que se establecía la orden de impedir el 1-O, y que la referencia a garantizar la "convivencia ciudadana" presente en uno de los fundamentos jurídicos del auto la supo al día siguiente a través de los medios de comunicación. El mayor de los Mossos ha asegurado que no se trata de anteponer la paz social al cumplimiento de la instrucción judicial, sino que era el método que se debía utilizar para hacerlo.

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En este punto, Trapero ha revelado una instrucción de Armas -ya declarada en la Audiencia Nacional- al final de la reunión del 27 de septiembre con los responsables policiales presentes: "Actúe con paciencia, contención y en todo momento garantizando la paz social". En esta misma línea, ha defendido que le pareció "ofensivo" que De los Cobos llamara "de excusa" para no cumplir la instrucción judicial el hecho de que Trapero situara "límites" al uso de la fuerza.

Diferencias con Forn

Otro de los aspectos claves de la declaración ha sido la intención de Trapero de marcar distancias con el Gobierno. Y más tras el relevo de Jané como consejero de Interior, en verano. Ha señalado que ellos dos, Jané y él, llevaban tiempo "incómodos" por la "deriva política" que había en el Gobierno. Según su "percepción", Jané, al igual que Albert Batlle, marcharon porque "no querían correr ningún tipo de riesgo". El mayor de los Mossos también ha censurado algunas de las declaraciones de Forn sobre el papel de los Mossos en las vísperas del 1-O, señalando que no impedirían el referéndum, porque tenían un "punto de irresponsabilidad". Y ha recordado que esto lo transmitió entonces al Gobierno.

También negó injerencias políticas de la conselleria de Interior. Respondiendo a la abogada del Estado sobre si Forn dio alguna orden para "minimizar riesgos", Trapero ha replicado que no. Ya respondiendo al abogado de Forn, Xavier Melero, ha hablado de la "inquietud" que generaba en el cuerpo que con la llegada del nuevo consejero se facilitaría la celebración del referéndum. "Si tienes un gobierno que de alguna manera favorece o impulsa un acto ilegal, pero a la vez tiene un cuerpo policial que tiene dependencia gubernativa, esto necesariamente deberá ir en sentido contrario al juicio de los sindicados y en general del cuerpo", ha espetado. Ahora bien, ha dejado claro que Forn después hizo una intervención "bastante contundente sobre la independencia del cuerpo", pero que con el tiempo "fue entendiendo" las diferencias entre el Gobierno y los Mossos.

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Zaragoza ha querido pinchar a Trapero con el hecho que las instrucciones de Fiscalía e informes de los Mossos en cumplimiento de las órdenes judiciales los transmitía al exconsejero de Interior. Una manera de buscar la supuesta connivencia de los Mossos y el Gobierno para hacer la rebelión. Pero el mayor del cuerpo ha dado un carácter de normalidad a esta interlocución frecuente con Forn, aunque algunas instrucciones de la Fiscalía subrayasen que se debían mantener en secreto. "Lo hago desde la confianza, porque son órdenes sobre un día [el 1-O] que tiene trascendencia más allá del cumplimiento de una orden judicial porque podía afectar a la seguridad ciudadana y el orden público", ha apuntado.

Trapero ha avalado así los informes de riesgos de la comisaría general de Información sobre los escenarios "de escalada de violencia" que se podían producir el 1-O, pero ha matizado que era una posibilidad de carácter "puntual" en una cuarentena de colegios. Por su ubicación, dijo Trapero, se podían producir "choques" como consecuencia de la actuación policial por parte de grupos de una "cierta radicalidad" que los Mossos ya tenían detectados de manifestaciones anteriores, aunque no ha precisado si se trataba de los CDR.

Malestar por la designación de De los Cobos

A lo largo del interrogatorio, Trapero ha querido dejar claro en todo momento la voluntad de autonomía de los Mossos respecto del ejecutivo y también del resto de cuerpos de seguridad del Estado. Por ello, ha admitido su malestar con la designación de Diego Pérez de los Cobos como coordinador de la actuación policial relativa al 1-O. Tal y como ya explicaron sus comisarios, Manel Castellví y Emili Quevedo, lo consideraba un cargo más "político" que no "operativo". Pero ha marcado distancias entre su posicionamiento y las declaraciones de Forn asegurando que el Gobierno "no aceptaba" esta designación. "Una cosa es expresar que no era la persona oportuna y otra muy diferente no aceptar la orden de la Fiscalía: esto no se dio en ningún momento", ha aseverado recordando que enviaron una circular a todo el cuerpo de Mossos para "dar un mensaje de tranquilidad" sobre el nombramiento de Pérez de los Cobos. Es por estas diferencias con De los Cobos que Trapero encargó a Fernando López que asistiera a las reuniones de coordinación previas al 1-O.

La actuación de los Mossos los días previos a la votación ha sido objeto de debate y Trapero ha puesto de manifiesto que la intervención de la magistrada del TSJC, Mercedes Armas, cambió los planes respecto a la instrucción de la Fiscalía. Subrayó que presentó un dispositivo de 40.000 agentes -que necesitaba de apoyo de los otros cuerpos porque Mossos no tiene este volumen de agentes- para cumplir con la orden del ministerio público de precintar los colegios y colocar un perímetro acordonado de 100 metros. "El TSJC no preveía lo mismo", apuntó, y luego advirtió que la orden de la juez hacía que las de Fiscalía ya no estuvieran "en vigor".

Un dispositivo conjunto para el 1-O

Es precisamente con la orden del TSJC que el escenario cambia por completo, dijo Trapero, y que se sitúa a los tres cuerpos de seguridad en un plan de igualdad, por lo que la idea ya no es configurar "tres dispositivos, sino uno". El reparto de tareas implica que los Mossos desarrollarán las actuaciones orientadas a cerrar aquellos colegios donde tengan lugar "actividades encaminadas a la preparación del referéndum hasta el 1 de octubre". "Lo que vieron las patrullas con carácter universal es que no se estaban realizando actos preparatorios vinculados al 1-O. Si hubieran visto urnas, se hubieran precintado", puntualizó Trapero ante la insistencia de Zaragoza.

Ya focalizados en el 1-O, el mayor de los Mossos se ha sacudido las críticas de los altos cargos de Policía Nacional y Guardia Civil y subrayó que estaba "pactado" que la policía catalana haría el "trabajo previo" de acudir con binomios de agentes a todos los colegios, según explicó López en dos reuniones con los mandos de Mossos. Una decisión que no ha satisfecho a Zaragoza, que ha insistido si con esta pareja de agentes pretendían cumplir la orden judicial. Trapero ha insistido en la actuación conjunta de los tres cuerpos y subrayó que no habría sido efectivo ir a "100 colegios y dejar los otros 2.200 que hicieran lo que quisieran [los ciudadanos]". "El binomio forma parte del dispositivo que se ha de sumar a la parte más de orden público", ha continuado Trapero, ámbito del que se encargaban Policía Nacional y Guardia Civil. ¿Por qué ?, cuestionó Zaragoza, rápidamente replicado por Trapero: "Ellos tenían 6.000 y nosotros 800 [efectivos de orden público]". Así, el mayor de los Mossos ha remarcado su determinación para cumplir la orden judicial y aseguró que le hubiera "encantado" obtener más resultados. "Pero hicimos entre todos lo que pudimos", añadió.

Unos resultados que, con todo, fueron más elevados los de Mossos que los de Guardia Civil y Policía Nacional. A preguntas de Vox, ha comunicado que la policía catalana impidió la votación en cerca de 400 colegios electorales. Hasta cerca de 140 centros se cierran el mismo día 1: 104 por la actuación de las unidades ARRO y 24 por la acción de la patrulla de agentes a primera hora de la mañana. Aparte, Trapero ha explicado que 250 no llegaron a abrir. "Entiendo que tiene que ver con el trabajo previo de los Mossos", en relación a las actuaciones de los días anteriores. Así, ha detallado que el material electoral total intervenido fueron 432 urnas, 90.000 papeletas, 70.000 sobres, cuatro ordenadores, un teléfono móvil y "documentación de interés de cómo funcionaba el procedimiento de votación".

Preguntado sobre la revisión de un total de 11.000 actos del 1-O, Trapero ha especificado que toda esta información se acabó revisando al cabo de unos días a partir de las actas iniciales. Y una prueba de que las cifras finales están hechas "desde la honestidad", según ha relatado, es que "son inferiores" a las cifras iniciales enviadas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 10 de octubre. La nueva información, tras la revisión de las actas, se envía el 27 de octubre, cuando el caso ya está judicializado.

20-S: era "seguro" salir por la puerta principal de Economía

Sobre el 20 de septiembre en la sede de la conselleria de Economía, a preguntas de Vox, Trapero ha contradicho a la secretaria judicial, Montserrat del Toro, que ya testificó hace unos días en el Supremo, y defendió que la salida que se le ofreció con un cordón policial de la Brigada Móvil (Brimo) y encapsulada con agentes de paisano de los Mossos era "segura". "Teníamos previsto el cordón policial de la Brimo después del de voluntarios de la ANC para que no hubiera contacto entre los manifestantes y los agentes de los Mossos", ha señalado. Una alternativa que estaba preparada a diez y media de la noche.

Así, Trapero ha explicado los motivos por los que acabó saliendo por la azotea. La información que recibió fue que el registro se alargaba y entonces el cordón se desmontaba momentáneamente. Al cabo de unos minutos recibió una llamada del juez instructor del 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que le advertía que debía garantizar la salida de la secretaria porque las diligencias habían finalizado. El mayor de los Mossos ha apuntado que recibió una llamada del jefe de mediación del cuerpo informando que se había encontrado una alternativa -la salida por azotea- y la avalaba al verla razonable y como medida "de ahorro" para no tener que volver a montar el cordón policial.

Trapero ha circunscrito la posible violencia de ese día al lanzamiento de algunas botellas de agua, el destrozo de los coches de la Guardia Civil y que un grupo de personas increparan unos agentes de mediación de los Mossos porque los confundieron con agentes de la Guardia Civil en las puertas del Teatro Coliseum. Además, ha dado a entender que no había una información clara sobre qué pasaba dentro de la conselleria de Economía porque su único interlocutor era un agente de la Guardia Civil que hacía de mediador. Llegó un momento en el que mayor pidió hablar directamente con la letrada para aclararse sobre lo que ocurría, ya que después de intentar montar el cordón de la Brimo les facilitó la información que aún quedaban horas para terminar el registro por problemas técnicos.

Marchena no permite una previa a la abogada

Ha tomado la palabra nada más comenzar el interrogatorio la abogada de Trapero, que en todo momento ha sido a su lado. Olga Tubau ha pedido hacer unas breves consideraciones. Manuel Marchena, presidente del tribunal, sin embargo, le ha replicado que no es parte de la causa y que Trapero es un tercero en este procedimiento, aunque en la práctica se ha convertido en el acusado número 13 para situarse en el blanco de la mayoría de miembros del gobierno de Mariano Rajoy y de los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante el 1-O.

Marchena también ha advertido a Tubau que sólo podía llevar a cabo un "asesoramiento puntual" a Trapero en función de las preguntas y responder con un monosílabo de sí o no. Poco antes de la entrada del mayor de los Mossos, el ex consejero de Interior Joaquim Forn ha cambiado de lugar y ha pasado del banquillo en el centro de la sala a sentarse detrás de su abogado, ya que así puede estar en contacto constante con su letrado, Xavier Melero.

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