El juez pone en el punto de mira a Vendrell y Madí por presunto tráfico de influencias

La investigación apunta que el ex conseller habría presionado los departamentos de Ensenyament y Salut

La instrucción de la operación Volhov es otro cajón de sastre judicial. A partir de dos grabaciones de conversaciones con David Madí y Xavier Vendrell interceptadas en el teléfono móvil de Víctor Terradellas, la Guardia Civil y el juez aprovechan para seguir de cerca a estos dos destacados empresarios con una influencia notoria en los líderes independentistas. El relato que elaboran va desde las supuestas, y a ratos surrealistas, gestiones para que Rusia colabore con el Procés –incluso enviando 10.000 soldados, según Terradellas– a las indagaciones sobre qué papel podían jugar algunos de los investigados en el Tsunami Democràtic. Otro hilo, sin embargo, recorre toda la instrucción: el del tráfico de influencias. El escrito acusatorio recoge varias presiones a consejeros y altos cargos del Govern que, según la instrucción, habrían ejercido Vendrell y Madí, no siempre con éxito.

A partir de conversaciones interceptadas a los dos, la investigación retrata las gestiones que cada cual hace con consellers y cargos públicos sobre los cuales tienen influencia para conseguir desencallar proyectos que les interesan. Un relato que la Guardia Civil reconoce en varias ocasiones que no se ha podido acreditar y que sitúa toda la trama en la frontera entre el grupo de presión político y el tráfico de influencias. Así, en el caso de Madí, por ejemplo, la misma policía admite que "no habría fructificado" su intento de entrar en el mercado de las VTC con un "importante tráfico de influencias" con el conseller de Territori, Damià Calvet; el secretario de Infraestructuras, Isidre Gavín; el subdirector de Ordenación del Transporte, Josep Maria Fortuny, y el director general de Transporte, David Saldoni. Tampoco pudo salir adelante un supuesto intento de compra de la compañía Agbar por parte de Aigües de Catalunya, empresa de la cual Madí es presidente.

Quien, siempre según la instrucción, sí que consigue esquivar trabas burocráticas gracias a su influencia es Vendrell. El epicentro del caso son los terrenos de Villa Bugatti, en Cabrera de Mar, que son propiedad del ex secretario general de ERC. Las sospechas recaen en la recalificación de esta propiedad de rústica a urbanizable para poder hacer una escuela con residencia para alumnas con necesidades educativas específicas que gestionaría la Fundació El Brot, el presidente de la cual es también Vendrell. Es en relación a esta finca y a esta escuela –que ya tiene una sede en Sant Joan Despí– que la investigación acumula una serie de conversaciones que habría llevado a cabo Vendrell, de las cuales se desprende que el ex conseller trató de influir en "contactos políticos de máximo nivel como los consellers Damià Calvet o Josep Bargalló". El objetivo, conseguir la recalificación de la finca. Estos contactos se suman a los que "va manteniendo con el alcalde o el regidor de Urbanismo, Enric Mir, que se habría comprometido a agilizar los plenos para aprobar esta modificación". La connivencia de Mir, según la investigación, "llega al extremo de ocultar datos a otros propietarios llegando a afirmar que "si presentan alegaciones se declaran fuera de plazo y a tomar por el culo".

En las diferentes conversaciones recogidas por la Guardia Civil se desprende como Vendrell presumía de sus contactos en el Govern para agilizar las obras en Cabrera de Mar. Así, el auto apunta que antes de haberse tramitado y aprobado por la Comisión de Urbanismo la modificación del suelo, ya se estaban "ejecutando obras y movimientos de tierra absolutamente irregulares, puesto que no disponen de licencia y se celebran acontecimientos incumpliendo reiteradamente las normas urbanísticas y sanitarias". Vendrell tranquilizaba el alcalde diciéndole: "Aquí vendrá Torra a inaugurar. Que no vendrán de la Generalitat a pedirte explicaciones". Del mismo modo, presumía que desde el departamento de Territori lo ayudarán a agilizar las obras "para acabarlas de una puta vez". "Si hace falta, vendrán todos aquí", añade.

Presiones a Ensenyament y Salut

La investigación, sin embargo, va más allá y apunta que Vendrell sí que consigue que el departamento de Ensenyament actúe en su favor. Así, de las conversaciones interceptadas a Vendrell se desprende como presiona a diferentes cargos del departamento para desbloquear trámites que afectan la escuela que la Fundació El Brot tiene en Sant Joan Despí aunque estos no cumplan los requisitos legales necesarios. Es el caso, por ejemplo, de la conversación que mantiene con la directora general de Centros Concertados y Privados, Pilar Contreras –también detenida este miércoles–, en que, siempre según la investigación, Vendrell obtiene su ayuda para conseguir que al centro se le autorice el concierto para dos aulas más –pasando de 8 a 10– a pesar de no haber presentado la solicitud dentro del plazo. La investigación también apunta que Vendrell habría pedido a la jefa de gabinete del conseller, Neus Fornells, ayuda con la directora general de Currículum y Personalización, Maite Aymerich, la única que, según él, pone pegas y le dice: "Las cosas se tienen que hacer bien, son las normas".

De hecho, los atestados recogen también una conversación de Vendrell donde asegura haber hablado con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para que lo ayude a desbloquear asuntos pendientes que tiene con la administración: "Con todo lo que yo he hecho por este país sin pedir nada a cambio, y me están tocando los cojones por todo el tema del concierto, me están haciendo perder tiempo, ¡hostia! Agilizáis esto un poco, llama a la consellera de Salut por el tema de los laboratorios, llama a Bargalló y llama a Chakir por todo el tema de Villa Bugatti, que me desencallen aquello de las subvenciones a la escuela y tal".

La mención a Alba Vergés hace referencia a otro de los aspectos en los que indaga la Guardia Civil y el juez. En este caso, el núcleo sería un concurso ganado por Vendrell y por el cual también está investigada en la causa la subdirectora general del Institut Català de Avaluacions Médiques (ICAM), Lídia Domingo. Según la investigación, la adjudicación –contra la cual la empresa Invalcor presentó una demanda– habría sido irregular porque en una llamada Vendrell admite no "disponer del material técnico exigido" y que "tendría que encontrar, comprar, alquilar o el que fuera el material técnico requerido en el concurso". De hecho, Vendrell admite que en una primera licitación con la ICAM su empresa sólo era una dirección, y que cuando le adjudicaron el concurso compró el laboratorio, y punto".

Las gestiones durante la pandemia

En un auto en que constantemente se abren caminos que no se cierran, la Guardia Civil y el juez consideran también sospechosos los movimientos hechos por Vendrell y Madí durante la crisis de la primera oleada del coronavirus. Así, en el caso de Vendrell apuntan que participó en la gestión de los centros que se abrieron para ingresar personas procedentes de residencias afectadas por el covid-19 y recibió 5.000 euros a cambio. En el caso de Madí, la Guardia Civil le atribuye haber "intentado obtener rédito económico con la crisis sanitaria provocada por el coronavirus" presionando al director del Agencia Catalana del agua, Lluís Ridao, para que se hiciera un concurso sobre la detección de covid en el agua, una propuesta que, según los investigadores, Madí manifiesta que quiere hacer llegar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a través del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. También en la instrucción que hace referencia a Vendrell aparece Salvador Illa, puesto que el ex consejero se muestra convencido que con la llegada del dirigente del PSC al ministerio tendrán contacto con él.

La investigación llega a apuntar como sospechoso el hecho que Vendrell y Madí –a quien el ex secretario general de Interior Brauli Duart habría confesado el "lío " de la Generalitat en la lucha contra el virus– se asociaran entre ellos y con dos personas más para intentar proveer de tests rápidos la Generalitat en el momento que era más difícil para las administraciones acceder a material. Un hecho que no sólo aparece como posible indicio delictivo, sino que también se admite que no se ha podido determinar si consiguieron llevarlo a cabo.

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