El aplazamiento de las elecciones del 14 de febrero toma fuerza

Argimon y el Síndic presionan para posponer los comicios y el PSC avisa de que podría ser ilegal

Quim Bertomeu / Mireia Esteve / Núria Orriols
5 min
Sergi Sabrià (ERC), Vidal Aragonés (CUP), Josep Maria Jové (ERC) i Miquel Iceta (PSC) aquest dimecres.

BarcelonaEl aplazamiento definitivo de las elecciones al Parlament del 14 de febrero toma fuerza. El Govern ha empezado a dar señales este miércoles de que se inclina por posponer los comicios y, entre los partidos políticos, solo el PSC se muestra abiertamente beligerante con el hecho de modificar la fecha. Además, son cada vez más numerosas las voces de peso que presionan para atrasarlos. Las últimas han sido las del secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Los dos han argumentado que sería aconsejable dejar los comicios para más adelante.

El actor más importante en esta controversia es el Govern, que es sobre quien recaerá la decisión final. La consigna clara que se ha marcado el ejecutivo de cómo actuar en público es no dar por hecho ningún escenario. No lo han hecho ni el vicepresidente, Pere Aragonès, ni la portavoz, Meritxell Budó, en su comparecencia este miércoles en el Parlament, ni tampoco el conseller de Acción Exterior y responsable de organizar los comicios, Bernat Solé, en una entrevista a RAC1. A pesar de todo, Budó y Solé han admitido que el aplazamiento era plausible. La primera ha dicho que las previsiones sanitarias no eran buenas y que había que tener en cuenta "la salud de los electores, y no el resultado de las elecciones". El segundo ha reconocido que los comicios se tendrían que aplazar si los ciudadanos no se sienten "seguros" para ir a votar.

En la Generalitat la balanza está cada vez más inclinada. Fuentes conocedoras de las conversaciones que se han sucedido en las últimas horas aseguran que ahora mismo "el posicionamiento mayoritario es hacia el aplazamiento". ¿Cómo procederá el ejecutivo? Habrá dos momentos clave. Primero, este jueves se celebrará un nuevo encuentro telemático entre el Govern y los partidos políticos en el que se abordará un nuevo informe de la consejería de Salud sobre cuál prevé que será la situación epidemiológica el 14 de febrero. El último documento, hecho público el lunes, era pesimista. También se abordará un nuevo informe del departamento de Acción Exterior sobre la materia. Y el viernes, una vez todo el mundo haya podido estudiar los documentos, el Govern y los partidos se volverán a encontrar para debatir e intentar consensuar la decisión final. No habrá más tiempo. El viernes se tendrá que decidir.

La nueva fecha

Una vez se resuelva el interrogante de si habrá aplazamiento, si la respuesta es que sí habrá que ver qué nueva fecha se fija. Algunas fuentes creen que no se harían antes de primeros o mediados de mayo. En primer lugar, porque "no tiene sentido convocarlas en medio de un rebrote" como el actual y habría que esperar a entrar en un nuevo escenario de bajada de contagios, que no llegará antes de marzo. En segundo lugar, porque cuando se vuelvan a convocar el Govern está convencido de que tendrá que volver a dejar pasar los 54 días que dice la ley entre el decreto de convocatoria y la jornada de votación. Sumas y restas hechos, hasta como mínimo el mes de mayo no sería posible, tal como avanzaba este miércoles el programa Planta baixa de TV3.

Presiones

El serial se acabará el viernes pero hasta entonces las opiniones, las réplicas y las contrarréplicas se sucederán. Una de las voces más escuchadas en Catalunya en esta pandemia, Josep Maria Argimon, ha admitido este miércoles que, desde un punto de vista sanitario, la situación epidemiológica y las previsiones de empeoramiento de las próximas semanas no proyectan "el mejor escenario" para hacer las elecciones en la fecha prevista, informa Gemma Garrido Granger. "No es lo más adecuado, pero no se puede pedir a las personas que no salgan de casa para ir a votar", ha concluido. A pesar de todo, el secretario de Salud Pública no se ha querido pronunciar sobre si el aplazamiento se tendría que producir sí o sí.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, se ha pronunciado en una línea parecida. Este miércoles ha presentado un informe en el que se decanta por recomendar al Govern que "se considere la posibilidad de un aplazamiento electoral". Lo ha hecho con datos en la mano y rodeado de dos expertos. Uno de ellos, la jefa de medicina preventiva y epidemiología del Hospital del Vall d'Hebron, Magda Campins, ha explicado que calculan que el 14 de febrero podría haber unas 215.000 personas, entre contagiados y contactos estrechos, que sería "recomendable" que no fueran a votar presencialmente. Ahora bien, solo tendrían la opción de votar presencialmente si antes no hubieran votado por correo de manera anticipada. Para ella, y para el Síndic, es un riesgo que no se tendría que asumir.

En el mismo informe se dice que hay "base legal" para aplazar los comicios sin incurrir en un riesgo elevado de que se impugne la decisión. El catedrático de derecho constitucional emérito de la Universidad Carlos III, Luis López Guerra, ha argumentado que hay un precedente de aplazamiento muy próximo –las elecciones vascas y gallegas de marzo del 2020, que se acabaron pasando a julio– y, además, ha esgrimido que el propio Govern ya previó este aplazamiento en el decreto de convocatoria que firmó para los comicios del 14 de febrero. Para el catedrático, pues, son dos ases que no tendrían que hacer temer al Govern meterse en un lío legal.

Reproches en el Parlament

Y es que la principal preocupación del Govern antes de optar por el aplazamiento electoral es que, una vez hecho, alguien lo impugne y la Junta Electoral o la justicia le dé la razón. Este miércoles el PSC ha insinuado que lo podría hacer. A través de un comunicado, los socialistas han recordado que las elecciones se convocaron automáticamente porque, después de la inhabilitación de Quim Torra, no se invistió a un nuevo president. Así, para el partido de Miquel Iceta el Govern "no ha convocado" estos comicios y, por lo tanto "no puede" aplazarlos. Vox también considera que no hay excusas para posponerlos, pero hoy por hoy no tiene previsto recurrir un cambio de fecha, informa Anna Mascaró.

El conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, en una imatge recent al Parlament

En el Parlament también se ha evidenciado que el aplazamiento de las elecciones es un escenario próximo. Solo el PSC se ha mostrado contrario a aplazarlas y ha dicho que el ejecutivo quiere posponerlas por "intereses electoralistas". "No está justificado", ha asegurado la portavoz de PSC, Eva Granados. El presidente del grupo de Esquerra, Sergi Sabrià, ha respondido que la organización para hacer los comicios está preparada y que, en todo caso, los grupos se tienen que preguntar si es "aconsejable" hacerlas teniendo en cuenta que el pico de contagios será justo antes del 14 de febrero. "Ustedes han aplazado su propio congreso de partido –el del PSOE– por la situación de la pandemia, basta de electoralismo", ha dicho Sabrià. El resto de partidos han mantenido un perfil bajo sobre el tema pero con una constante: nadie más ha puesto grandes objeciones a aplazarlas. Es el escenario que toma más fuerza.

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