Carme Forcadell defiende que la DUI no tuvo "ninguna trascendencia jurídica"

Carme Forcadell, ex presidenta del Parlament de Catalunya, cierra la fase de los interrogatorios de los acusados en la causa contra el Procés en el Tribunal Supremo. Representa la cuarta pata que la Fiscalía considera necesaria para la "concertación" hacia la independencia, junto con el Govern, las movilizaciones ciudadanas y los Mossos. Forcadell ha negado la mayor y ha hecho saber a la fiscal Consuelo Madrigal que no "participó" ni "dirigió" ninguna estrategia hacia la independencia, desvinculándose en todo momento de las decisiones del ejecutivo catalán. "Me limité a cumplir mis obligaciones como presidenta del Parlament", ha reiterado en varias ocasiones la también ex presidenta de la ANC. Sobre esta etapa, de hecho, Madrigal ha centrado el inicio del interrogatorio. Forcadell ha defendido las movilizaciones "espectaculares, masivas y pacíficas" que constaban en la hoja de ruta de la ANC en 2015.

Sobre la declaración de independencia del 27 de septiembre del 2017, Forcadell ha presentado los mismos argumentos que la mayoría de acusados: ha asegurado que era una "resolución política sin trascendencia jurídica". Ha admitido que leyó el preámbulo para darle un valor declarativo y ha defendido en todo momento que la DUI, en sí, estaba en el preámbulo de las resoluciones como "declaración política" y que no se votó. Madrigal ha querido incidir sobre si realmente se declaró la independencia y Forcadell ha vuelto a insistir en que se leyó una "declaración política". En este punto la fiscal ha preguntado si la DUI era, entonces, una "broma, un sainete, una farsa, una mentira o un teatro", y la ex presidenta del Parlamento, antes de que la cortara el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha censurado que Madrigal considere que "la política es una farsa, un sainete".

Tras rechazar entrar en detalles sobre aspectos relacionados con el Govern, Forcadell sí ha respondido con detenimiento a las preguntas vinculadas con la tarea de presidenta del Parlament. "La Mesa está obligada a rechazar las iniciativas que no estén correctamente en forma y tiempo", anotó, pero "no tiene potestad para entrar en el fondo y valorar la constitucionalidad de las tramitaciones parlamentarias". Madrigal ha insistido en si la mesa no debía inadmitir las iniciativas que entraran en contradicción con resoluciones del Tribunal Constitucional, y Forcadell ha citado jurisprudencia para asegurar que no es así, y que la Mesa no puede "limitar" ni "controlar el debate parlamentario porque esto no está entre sus funciones".

"La Mesa del Parlament no puede convertirse en un órgano censor"

Forcadell y Madrigal han entrado en un debate sobre la obediencia al Tribunal Constitucional y la capacidad o no de la Mesa del Parlament para aceptar o no determinadas resoluciones. La fiscal ha citado un auto del TC que anulaba los acuerdos de la Mesa para debatir la ley del referéndum, en el que se advierte que la Mesa está "facultada para inadmitir iniciativas la contradicción de las cuales con el derecho constitucional sea palmaria y evidente". La ex presidenta de la cámara ha señalado que la jurisprudencia puede haber cambiado "pero los derechos fundamentales no". "Lo que hemos valorado siempre es defender los derechos de los diputados, la libertad de expresión, la inviolabilidad parlamentaria y la soberanía del Parlament", y ha continuado: "El TC nos pedía algo imposible. ¿Como se puede convertir la Mesa del Parlament en un órgano censor? Eso no lo puede hacer, la Mesa de un parlamento. al contrario, debe favorecer el debate. La palabra y el debate deben ser libres".

Tras asegurar que el único límite a la libertad de expresión son los derechos fundamentales, Forcadell ha denunciado la "politización" del TC cuando Madrigal le ha hecho saber que es el alto tribunal el máximo intérprete de la Constitución. "En ningún momento ningún miembro de la Mesa tenía en su voluntad desobedecer los mandatos del TC [...], pero también considero que a la hora de juzgar temas relacionados con Cataluña, se han utilizado criterios políticos en lugar de jurídicos", ha apuntado Forcadell, que ha recordado la "celeridad extraordinaria" con la que se reunía cuando lo solicitaba el gobierno de Mariano Rajoy.