MadridEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha pedido formalmente al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo del gobierno español y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por un total de tres delitos: descubrimiento y revelación de secretos –con el agravante de género–, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito en relación con el presunto robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham. El llamado caso Dina, que desde hace meses se investiga en la Audiencia Nacional dentro de la macrocausa sobre la red de negocios ilegales del comisario José Manuel Villarejo, salpica así de pleno al líder de Unidas Podemos y, en consecuencia, al gobierno de Pedro Sánchez. El PP ha celebrado inmediatamente la petición de imputación al Supremo y ha pedido al presidente español el "cese" de forma fulminante de Iglesias.
Se da la paradoja de que hace solo tres semanas la sala de lo penal de la Audiencia Nacional volvió la condición de perjudicado –de víctima– a Pablo Iglesias en la causa, y desacreditó así de pleno al magistrado García Castellón, que mantiene como línea de investigación que Iglesias robó el móvil a Dina Bousselham y publicó información comprometedora para presentarse como víctima de una conjura política a las puertas de las elecciones españolas de abril de 2019. Para Podemos, la causa es en cambio una demostración de las prácticas de la red policial creada por Villarejo, con el apoyo de periodistas, para desacreditar al partido violeta. De hecho, la sala de lo penal les dio la razón y consideró "meras hipótesis" las conjeturas de García Castellón, que ahora se ha convertido en el primer magistrado en pedir al Supremo la imputación de un vicepresidente español en el ejercicio de sus funciones. Si no hubiera sido por el aforamiento, Iglesias ya estaría imputado, como ha recordado el PP.
García Castellón, sin embargo, no solo pide la imputación de Iglesias, sino que también incluye a Gloria Elizo, directora de los servicios jurídicos de Podemos y vicepresidenta del Congreso. Los dos tienen condición de aforados y, por lo tanto, la Audiencia Nacional tiene que elevar la causa al Supremo, que tendrá que decidir si pide el suplicatorio a la cámara baja. El magistrado también pide incluir en la causa a la propia Dina Bousselham y a su pareja, Ricardo Dasaferreira, por falsos testimonios, así como a Marta Flor y Raúl Carballedo, letrados de Unidas Podemos. Mientras tanto, mantiene en la Audiencia Nacional la imputación de Villarejo, el ex director de la revista Interviú y ex secretario de estado de Comunicación de Sánchez, Alberto Pozas, y el periodista Luis Rendueles, ex número dos de la revista.
El magistrado señala en el auto que eleva al Supremo que Iglesias recibió el 20 de enero de 2016 de parte de Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bousselham y comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de la asesora. A pesar de eso, según García Castellón, se la guardó y no le dijo nada a ella a pesar de saber que le habían robado el móvil en noviembre de 2015. De hecho, el juez apunta que fue Iglesias quien dejó la tarjeta inutilizada. En esta operación también habrían participado Elizo y los letrados investigados, según el magistrado.
Casado: "Sánchez tiene que cesar inmediatamente a Iglesias"
El líder del PP, Pablo Casado, ha tardado pocos minutos en reaccionar. "Sánchez tiene que cesar inmediatamente a su vicepresidente Iglesias –ha escrito en un mensaje en Twitter–. Tiene que cumplir la misma vara de medir que exigía en la moción de censura". Génova equipara el caso Dina con la condena al PP por financiación ilegal en la trama Gürtel, que propició la caída del expresidente español Mariano Rajoy. Desde Ciudadanos no van tan allá y de momento se limitan a pedir la comparecencia urgente de Iglesias en el Congreso. El portavoz del partido naranja en la cámara baja, Edmundo Bal, ha exigido a Sánchez que "deje de proteger" a su vicepresidente.
Desde Podemos, en cambio, expresan "incredulidad" por la decisión de García Castellón y recuerdan que no hace mucho la Audiencia Nacional desmontó todos los argumentos del magistrado volviendo la condición de perjudicado a Iglesias en la causa. En esta dirección se ha expresado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, justo después de conocer la noticia. "Mi solidaridad con el vicepresidente. Confío en él plenamente. El tiempo hablará porque lo que está viviendo el señor Iglesias es demasiado duro", ha dicho en declaraciones a ETB. Desde el PSOE se han limitado a decir que mantienen un "respeto absoluto por las decisiones judiciales".
LAS CLAVES
1. ¿Qué es el caso Dina y cuándo empezó?
El caso Dina es una pieza de la macrocausa del llamado caso Tándem, que investiga todos los negocios sucios salidos de una red parapolicial del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El juez Manuel García Castellón abrió la pieza el 19 de marzo de 2019 a raíz de una denuncia interpuesta en 2016 por la entonces asesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham, a raíz del robo en noviembre de 2015 de su móvil y la publicación meses después de su contenido.
2. ¿Quién robó la tarjeta SIM y dónde acabó?
A estas alturas todavía no hay ninguna hipótesis clara y la clave es saber a manos de quién acabó. En julio de 2016 el digital Ok Diario publicó noticias con imágenes que había en la memoria del móvil. En el cacheo en 2017 del domicilio de Villarejo aparecieron diferentes carpetas que se llamaban Dina. Según el juez, en enero de 2016 Iglesias recuperó la tarjeta porque se la entregó el director del Grupo Zeta después de que la recibiera el director de Interviú, Alberto Pozas.
3. ¿Qué contradicciones ha habido en la causa?
Iglesias dijo que cuando recibió la tarjeta estaba en buen estado pero Bousselham declaró que cuando el líder de Podemos se la devolvió -meses después para no someterla a “más presión”- estaba inservible. El juez cree que Iglesias la retuvo expresamente para sacar réditos electorales.
4. ¿Cómo ha pasado Iglesias de ser víctima a investigado?
García-Castellón le ofreció en 2017 presentarse como perjudicado en la causa. Pero la declaración del exabogado de Podemos José Manuel Calvente lo cambió todo. Dijo que el caso Dina era un “montaje” de Iglesias para presentarse como víctima de las cloacas del Estado el 28-A.
