Más de 120 catedráticos y profesores de derecho rechazan las acusaciones de rebelión y sedición

BarcelonaUn centenar largo de catedráticos y profesores de derecho de las universidades españolas han firmado un manifiesto en el que rechazan la acusación por los delitos de rebelión y sedición a los líderes independentistas que juzgará en próximas fechas el Tribunal Supremo por no darse el elemento necesario de la violencia en el proceso soberanista, según avanza 'Eldiario.es'. Bajo el título "La banalización de los delitos de rebelión y sedición", los juristas advierten que la interpretación que han realizado la Fiscalía y la Abogacía "abre la puerta a la banalización" de dos delitos "prácticamente inéditos en democracia y con un pasado de triste recuerdo", en alusión al coronel Tejero y los demás participantes en el golpe de Estado del 23-F.

Los académicos lamentan, además, que la Fiscalía "convierta en delito el ejercicio de derechos fundamentales" como el de reunión y manifestación en referencia a que el plan hacia la independencia preveía, según la Fiscalía, la utilización de "la violencia necesaria" a través de los Mossos y de manifestaciones "tumultuarias" de Òmnium y el ANC. "Para la Fiscalía el peligro radica en incitar a las movilizaciones", remarcan en el manifiesto, y rebaten, a diferencia del ministerio público, que la concentración ante la conselleria de Economía del 20 de septiembre o las jornadas del 1 y el 3 de octubre "no dan lugar a la violencia exigida" por el delito de rebelión. "El único que hasta ahora ha demostrado la Fiscalía es que todas las movilizaciones hechas sólo pretendían un referéndum a través de medios pacíficos y democráticos", añaden los académicos, que ven en los fiscales una "idea pertinaz de configurar la existencia de violencia en el Proceso ".

Pero tampoco, a criterio de los profesores firmantes del texto, se ha producido en el Proceso un delito de sedición porque "en ningún momento se ha aportado ningún indicio de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con el fin de evitar el cumplimiento de la ley, a menos que se interprete que es suficiente incitar al derecho de manifestación, es decir, el ejercicio de un derecho fundamental ".

El documento ha sido promovido por los catedráticos de derecho penal de las universidades de Jaén, Castilla La Mancha y Granada, Guillermo Portilla, Nicolás García Rivas y María Luisa Maqueda; y los profesores de derecho penal en las universidades de A Coruña y Valencia José Ángel Brandariz y Javier Mira Benavent. En el texto se han sumado catedráticos de derecho penal de varias universidades españolas, como Manuel Cancio (Universidad Autónoma de Madrid), Jacobo Dopico (Universidad Carlos III), Luigi Foffani (Universidad de Módena), Patricia Laurenzo (Universidad de Málaga) o Joan Queralt (Universidad de Barcelona).

Los académicos ven en la petición de penas, que llegan a los 25 años de prisión en el caso de la Fiscalía y 12 en el caso de la Abogacía del Estado, una consecuencia del uso inadecuado de los delitos de rebelión y sedición, y remarcan que la solicitud de varios años de prisión es "altamente cuestionable" sobre la base del principio de proporcionalidad que debe guiar toda interpretación jurídica.

"Sólo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal se puede llegar a afirmar que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar el delito de rebelión o el de conspiración para la rebelión, que requiere de un acuerdo conjunto de hacerlo con esta misma violencia", apunta el texto, que critica que las acusaciones del caso del 1-O se hayan "separado" de la doctrina del Constitucional en relación al delito de rebelión, que exige violencia explícita por ejemplo mediante el uso de armas.

Asimismo, el documento remarca, como ya hizo un centenar de académicos al inicio de la causa, la falta de competencia de la Audiencia Nacional -la instancia que recibió las querellas contra los ex consejeros y ordenó las primeras prisiones provisionales- para investigar el 1-O. Por todo ello, el manifiesto concluye reclamando la puesta en libertad de los nueve dirigentes encarcelados "por delitos inexistentes", así como una investigación de lo ocurrido durante el proceso soberanista basada en el "respeto al principio de legalidad penal, porque sólo dentro de estos márgenes puede haber oportunidad, proporción y justicia ".