El Estado declara el estado de alarma en Madrid y despliega 7.000 policías: "La paciencia tiene un límite"

El PP rebutja la "imposició" de la Moncloa i denuncia l'aplicació d'un "155 sanitari"

El consejo de ministros ha aprobado este mediodía declarar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, según han informado fuentes de la Moncloa. La reunión, presidida por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya que Pedro Sánchez estaba en Barcelona con Felipe VI, ha durado dos horas y está previsto que el decreto con las restricciones en la capital española se publique a "efectos inmediatos" en el Boletín Oficial del Estado para que tenga vigencia lo antes posible y evitar una gran operación salida de cara al puente del Pilar. Es la primera vez que se aplica esta herramienta constitucional de forma territorializada. Está previsto que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezcan en breve para anunciar las medidas. El Ministerio del Interior ya tiene preparado un amplio dispositivo policial.

El gobierno madrileño ha rechazado el ultimátum que el presidente español, Pedro Sánchez, trasladó anoche a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha mantenido la propuesta de confinar solo algunos barrios con la intención de ampliar las restricciones de 45 áreas básicas de salud a 51. El alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, ha denunciado que "acababa triunfando la imposición". "El estado de alarma es un 155 sanitario", señaló sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución que el gobierno de Mariano Rajoy dictó en Cataluña.

Aunque Sánchez había instado a Ayuso a tomar una decisión durante la mañana, la presidenta madrileña no ha llamado al presidente español hasta una vez ya había comenzado el consejo de ministros al mediodía. Ya no había vuelta de hoja. Sánchez le ha trasladado, según fuentes de la Moncloa, que "había que proteger la salud pública" y que por ello aprobaba el estado de alarma. Según las mismas fuentes, han acordado hablar durante los próximos días, los que puede estar vigente esta medida constitucional sin recibir el aval del Congreso para alargarla, tal y como ocurrió durante la primera ola. Entonces, sin embargo, el estado de alarma se aplicó al conjunto del Estado.

La única solución que tenía sobre la mesa Ayuso tras el veto judicial a la orden de confinamiento del ministerio de Sanidad del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) era actuar igual que el resto de comunidades bajo el amparo de la ley de salud pública de 1986. Pero se ha negado. La paradoja, sin embargo, es que hoy el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (gobernada también por el PP y Cs) sí ha avalado los confinamientos de León y Palencia bajo la orden del ministerio de Sanidad para confinar ciudades de más de 100.000 habitantes, lo que intensifica la "inseguridad jurídica" para los ciudadanos. La Fiscalía tiene previsto recurrir la decisión del TSJM vista la respuesta del tribunal de Castilla y León.

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ya ha avanzado a primera hora de la mañana que su apuesta era mantener los confinamientos selectivos por barrios que instauraron el 21 de septiembre, los cuales han sido fuertemente criticados por "segregar" la población madrileña. Ayuso y su vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), se han reunido durante toda la mañana con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para evitar que el gobierno español tome las riendas de la Comunidad en materia sanitaria. Sea cual sea la solución, Sánchez ha puesto la directa y desde las 12 h está reunido el consejo de ministros de urgencia para estudiar la aplicación del estado de alarma. A pesar del choque institucional con el gobierno de Ayuso, el presidente español ha mantenido la agenda en Barcelona junto a Felipe VI y preside el consejo de ministros la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

En declaraciones a los medios antes de la reunión, Calvo ha insistido en que la Moncloa solo persigue "un objetivo: proteger Madrid y la salud de los madrileños". Pero hace ya dos meses que la situación de los contagios está desbocada en la capital española y hasta ahora el Gobierno no ha movido ficha, priorizando "el entendimiento" con el gobierno de Ayuso y que fueran el PP y Ciudadanos los que acabaran cerrando la capital española. "Si la Comunidad no puede hacerlo, lo haremos nosotros," sentenció la número dos del ejecutivo de Sánchez.

Enrique López ha asegurado en una entrevista en Onda Madrid estar "perplejos" ante el ultimátum de Sánchez, aunque ayer por la tarde nadie en la Comunidad de Madrid cogiera el teléfono en el ministerio de Sanidad para reunirse de urgencia a raíz de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de tumbar la orden del gobierno español que decretaba el confinamiento perimetral de la capital española y nueve municipios de alrededor por "vulnerar los derechos y libertades de los ciudadanos".

Diferencias entre el PP y Cs

La gestión del ultimátum de Sánchez ha vuelto a dividir el gobierno de coalición madrileño, inmerso en una profunda crisis por la gestión de la pandemia. Ciudadanos había defendido aceptar la primera opción que Sánchez puso sobre la mesa: elaborar una nueva orden que permita el confinamiento perimetral. Almeida ha pedido disculpas de nuevo por el choque institucional. El partido naranja discrepa de la gestión de Ayuso pero se mantiene en el gobierno madrileño.

La confusión es total porque, a las puertas de un puente de tres días, los madrileños no saben si podrán desplazarse o no fuera del municipio. Desde ayer que no están en vigor las restricciones, pero, en cambio, el gobierno regional afirma que sí lo están en un total de 45 de las áreas básicas de salud que se confinaron hace semanas. Ahora bien, nadie ha informado a los vecinos de estas zonas y tampoco hay controles.