El Estado suprime la obligatoriedad del toque de queda a partir del 9 de noviembre y lo deja en manos de las comunidades

MadridEl gobierno español se resiste a negociar una prórroga del estado de alarma más corta, tal y como pide la mayoría de la oposición parlamentaria, y este martes el consejo de ministros ha aprobado pedir al Congreso una prórroga de seis meses, hasta el 9 de mayo. La única diferencia del decreto aprobado respecto al actual -que entró en vigor el domingo- es que a partir del 9 de noviembre, cuando venza el estado de alarma actual, ya no será obligatorio en el conjunto del Estado el confinamiento nocturno. Cada comunidad podrá decidir si aplica o no el toque de queda, tal y como ya avanzó el gobierno español el domingo. El resto del decreto se mantiene exactamente igual, según ha dicho la ministra portavoz, María Jesús Montero, y no incluye en ningún caso el confinamiento domiciliario, tal y como reclaman desde la Generalitat.

"A partir del momento de la aplicación de la extensión del estado de alarma, quedará en manos de cada autoridad delegada, es decir, cada presidente autonómico, cuáles son las limitaciones de movilidad que se tienen que establecer en cada comunidad en función de la evolución epidemiológica", ha señalado Montero durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, que ha vuelto a instar al Congreso a avalar la prórroga porque es necesario que la ciudadanía tenga un "horizonte" claro de las medidas. Ahora bien, a partir de noviembre cada comunidad podrá tener unas medidas diferentes que se irán modulando. Tampoco se da una certeza clara en cuanto a los efectos para la hostelería, por ejemplo.

Preguntada sobre si el estado de alarma que se llevará al Congreso prevé la posibilidad de aplicar el confinamiento domiciliario, Montero ha sido ambigua. Ha señalado que el decreto está hecho justamente para evitar el confinamiento domiciliario, pero a la vez ha asegurado que las autoridades delegadas son los presidentes autonómicos y son los que tienen que tomar decisiones que restrinjan derechos fundamentales. En este sentido, ha apuntado que, de quererse ampliar estas medidas, habría que consensuarlo en el consejo interterritorial de Salud, que reúne al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los consejeros autonómicos. "Cada comunidad no puede ser libre, no hay diecisiete sistemas sanitarios diferentes", ha puntualizado después de enfatizar que los gobiernos autonómicos tenían libertad para tomar medidas.

A efectos prácticos, según apuntan fuentes de Sanidad, los presidentes autonómicos solo pueden establecer límites en las reuniones, horarios o confinamientos perimetrales, pero no pueden decretar confinamientos domiciliarios bajo el amparo del estado de alarma. Para eso haría falta que se aprobara un nuevo estado de alarma y se volviera a votar en el Congreso.

Sánchez no defenderá la prórroga

Por esta misma regla de tres, la ministra portavoz ha justificado que Sánchez no defienda el jueves la prórroga del estado de alarma en el Congreso. La Moncloa considera que quien ahora tiene que dar explicaciones son los presidentes autonómicos y no el gobierno español como en la primera oleada. "Entenderé que rindan cuentas ante sus respectivos Parlamentos autonómicos para que haya un control exhaustivo", ha dicho sobre las peticiones de diferentes partidos de la oposición para que Sánchez se examine más a menudo en el Congreso y no lo haga solo el ministro de Sanidad, Salvador Illa -el decreto prevé que lo hará cada 15 días pero sin votación-. Además, Montero cree que Sánchez ya da suficientes explicaciones cada miércoles durante la sesión de control en el Congreso. El presidente español tiene el jueves una cumbre europea extraordinaria por videoconferencia y por eso Illa lo sustituirá desde la tribuna del Congreso, ha dicho Montero.

De momento la prórroga del estado de alarma solo cuenta con el rechazo claro de Vox, pero la mayoría de partidos de la oposición consideran que seis meses es demasiado. Montero, sin embargo, ha dado por hecho que el gobierno español tiene los apoyos para la prórroga. "Si llevamos el presupuesto es porque entendemos que tiene apoyo suficiente para ver la luz y, si llevamos el decreto de alarma, es porque entendemos que puede ver la luz", ha dicho a pesar de pedir ser "prudentes" porque otras veces han fallado apoyos que estaban "comprometidos". Pero el líder del PP, Pablo Casado, que ya pidió el lunes una duración máxima de ocho semanas, hoy ha denunciado que "no es admisible" que la alarma se extienda tanto tiempo "sin control judicial ni parlamentario".

A su vez, varias formaciones como Esquerra, JxCat, EH Bildu y Más País trabajan una enmienda para que el estado de alarma no se alargue seis meses sin poder hacer un control parlamentario durante todo este tiempo, si bien todavía no se han puesto de acuerdo sobre si se tendrían que ir votando diferentes prórrogas o bien se conformarían con comparecencias del presidente español. La ausencia de Sánchez en el debate de este jueves, conocida durante el mediodía, ha provocado más reacciones y el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha advertido que es "inaceptable" que el ejecutivo pretenda obtener el aval para un mecanismo constitucional "excepcional" durante seis meses sin la presencia del presidente. Además, Bildu y Más País han hecho hincapié en que las medidas de restricciones de movilidad tienen que ir acompañadas de otras de protección social, como la contratación de rastreadores y de personal sanitario y el refuerzo del transporte público.

El sentido de voto de la mayoría de las formaciones es todavía una incógnita, incluido el del PP, que no ha querido avanzarlo porque espera poder negociar con el gobierno español la rebaja de la longitud del estado de alarma. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha querido puntualizar que el estado de alarma es el instrumento jurídico que permitirá aplicar medidas de restricción de derechos fundamentales, pero que no quiere decir que se tengan que implementar hasta el 9 de mayo.

Possible división en el espacio post 'convergent'

Quien sí anunció su voto positivo a la prórroga del estado de alarma es el PDECat, hecho que abre la puerta a una posible división de JxCat. La portavoz en el Congreso, Laura Borràs, ha evidenciado varias discrepancias en relación con el estado de alarma implementado por el gobierno español y lo ha calificado "de insuficiente". Borràs ha indicado que en la reunión del grupo expondrá las carencias que hoy ha explicado en rueda de prensa. Por ejemplo, que no se hable del teletrabajo, que no haya ayudas fiscales a las empresas, que no se hable de moratorias en pagos a la Seguridad Social y de parar los desahucios, entre otros.