La defensa de Madí pide la nulidad de la Volhov para ser una investigación "prospectiva"

BarcelonaLa defensa del empresario y ex secretario de comunicación de CDC, David Madí, ha presentado la nulidad de pleno derecho de toda la investigación Volhov alegando que se le ha vulnerado el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. En un recurso de apelación presentado ante la Audiencia de Barcelona, avanzado por Catalunya Ràdio y al cual ha tenido acceso el ARA, su abogada, Olga Tubau, afirma que la Guardia Civil y el juez autorizaron la intervención de su teléfono móvil sin tener "ni un solo elemento objetivo y concreto" que le permita sostener su tesis: la sospecha que se estaban desviando fondos públicos para obtener criptomonedas y escapar del control de las autoridades europeas.

En este sentido, considera que le intervinieron el teléfono para investigarlo de manera integral sin indicios claros: "Esta manera de proceder es propia de una investigación prospectiva prohibida constitucionalmente". El secreto de las comunicaciones, dice el escrito, no puede ser incumplido para "satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos" o para "desvanecer sospechas sin base objetiva que surjan de los encargados de la investigación". Si no fuera así, dice la defensa de Madí citando jurisprudencia de los tribunales, no habría ninguna "garantía constitucional".

Remarca que ni Madí ni los empresarios Xavier Vendrell, Oriol Soler y Xavier Vinyals son cargos públicos y que de las conversaciones intervenidas tampoco se puede deducir que quisieran utilizar fondos públicos para criptomonedas . "No hay ningún elemento concreto que permita razonablemente inferir que el señor Madí tenga disponibilidad sobre fondos públicos de manera directa o indirecta". Y añade también que mantener relaciones con personas que ejercen funciones políticas o "compartir proyectos, ideas o críticas" no comporta la existencia de una "influencia efectiva sobre los cargos públicos con capacidad de desviar fondos" ni "resulta por si solo un delito".

La demanda de nulidad se agarra a la oposición de la Fiscalía a las intervenciones telefónicas. A parecer suyo, el ministerio público puso de relieve en su momento –el verano del 2019– que la petición de la Guardia Civil no cumplía los requisitos necesarios para ser autorizada, puesto que en caso contrario las "intervenciones vulnerarían el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones". Aun así, el juez Joaquín Aguirre dio luz verde, así como hizo con el resto de prórrogas. En relación a este hecho, el escrito dice: "El juez no puede adoptar el papel pasivo de vicario de la actividad policial que se limita a aceptar sin control lo que diga de oficio la policía".

La defensa de Madí cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para argumentar la nulidad. "Es preciso que la intromisión de los poderes públicos en una esfera de intimidad protegida por un derecho fundamental sea necesaria y esté suficientemente justificada [...] con la existencia de datos objetivos que permitan fundamentar la participación en un delito", relata la letrada. Y añade una sentencia de Estrasburgo: "Para acordar medidas que restringen derechos individuales es necesaria una previsión legal suficiente y una previa justificación". Unos requisitos que, según la defensa, no se han cumplido en la operación Volhov.