La Fiscalía recurre ante el Supremo el tercer grado de Forcadell y Bassa y pide que no salgan de la prisión

BarcelonaEra cuestión de tiempo, y este lunes la Fiscalía ya ha presentado el recurso ante el Tribunal Supremo contra el tercer grado de la ex consellera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. El martes el juzgado de vigilancia penitenciaria desestimó el recurso del ministerio público porque no veía motivos de peso para devolverlas al segundo grado, y ahora la Fiscalía ha decidido recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo. El ministerio público pide, además, que se suspenda inmediatamente el tercer grado mientras el Supremo delibera, por lo que Forcadell y Bassa volverán al segundo grado -y no podrán salir a trabajar o los fines de semana- como ya pasó el pasado julio con los presos de Lledoners.

En su escrito, el ministerio público subraya unas cuantas veces que no se dan las condiciones para que Forcadell y Bassa obtengan beneficios penitenciarios como el tercer grado y la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario que les permitía salir a trabajar o a hacer voluntariado. De entrada, remarca que ninguna de las dos ha cumplido una cuarta parte de la condena y considera "del todo inusual" que solo seis meses después de haber sido clasificadas en segundo grado la Generalitat las hiciera prosperar hasta el tercero. Una modificación que, sostiene, "muy lejos de favorecer el cumplimiento de las finalidades de la condena, lo que hace es crear una total sensación de impunidad tanto en la interna como en la sociedad".

A pesar de que Forcadell y Bassa ya se acercan a los tres años de cárcel –cumplidos precisamente este lunes por Oriol Junqueras y Joaquim Forn–, el temor a esta sensación de impunidad recorre todo el escrito del fiscal. Así, el ministerio público defensa en el recurso la importancia de que Forcadell y Bassa no puedan disfrutar de un régimen de semilibertad porque considera que en su caso el encierro en la celda es el único camino tanto para "concienciar al delincuente de que no puede abusar de la situación de poder que ostentaba convirtiendo la propia voluntad en ley" como para "restablecer la confianza del resto de la sociedad en el estado de derecho".

El ministerio público también argumenta que los baremos que utilizan habitualmente los servicios penitenciarios para clasificar a los presos comunes no sirven en el caso de los líder independentistas. De este modo, opina que el hecho de que los presos estén plenamente integrados en la sociedad, que tengan estudios o que no sufran ningún tipo de adicción a las drogas no pueden ser argumentos que justifiquen el tercer grado. Elaborando prácticamente un reglamento penitenciar ad hoc, el fiscal apunta en el caso de Bassa y Forcadell que el hecho de estar integradas en la sociedad no tendría que computar, y subraya que el paso imprescindible para poder disfrutar de un régimen de semilibertad tendría que ser asumir no solo los hechos sino también su culpa. Así, en el caso de Bassa, denuncia que en su última palabra ante el Tribunal Supremo –cuando ni siquiera estaba todavía condenada– negara que los hechos cometidos fueran delito y declarara su inocencia.