Los exiliados del Procés, a la expectativa del suplicatorio de Puigdemont

Algunos siguen pendientes de las euroórdenes, otros tienen libertad de movimientos excepto en España y ninguno sabe cuándo podrá volver

Lluís Puig (Bélgica)

Este agosto Lluís Puig recibió una buena noticia del juzgado belga de primera instancia que revisaba su euroorden: rechazó extraditarlo entendiendo que el Tribunal Supremo español no era competente para cursar la euroorden, sino que lo tendría que haber hecho un juzgado de primera instancia. La Fiscalía belga recurrió la sentencia, y todavía quedan dos instancias judiciales: el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación. A pesar de que no se le imputa sedición -sí malversación y desobediencia- en su caso sí se reactivó la euroorden, a diferencia de Serret.

Marta Rovira (Suiza)

En Ginebra desde el 22 de marzo de 2018, el Tribunal Supremo intentó en un inicio la extradición, pero la acabó retirando en julio de ese año, coincidiendo con el revés del tribunal de Schleswig-Holstein en el caso de Carles Puigdemont. Desde ese momento no hay constancia de que se haya retomado ningún otro proceso de extradición -se la procesa por sedición-. El gobierno suizo siempre ha dicho que analizará el caso pero no extraditará a nadie si es por motivos políticos.

Adrià Carrasco (Bélgica)

Huyó de su casa la madrugada del 10 de abril de 2018, cuando supo que la Guardia Civil lo iba a detener. Su caso, como miembro de los CDR, es similar al de Tamara Carrasco, que sí fue detenida ese día, se pasó 48 horas incomunicada en la Audiencia Nacional acusada de terrorismo y, después, estuvo más de un año de confinamiento obligatorio en Viladecans. Ahora ha sido absuelta, pero Adrià todavía no se plantea volver.

Anna Gabriel (Suiza)

Contra Anna Gabriel, exiliada desde el 19 de febrero de 2018, no se ha cursado nunca ninguna orden de detención internacional y tampoco se ha solicitado a Suiza su extradición, puesto que su procesamiento, por desobediencia, no comporta penas de prisión. Sí hay contra ella una orden de detención estatal, es decir, que si en algún momento vuelve a territorio español será detenida y puesta a disposición judicial. Su caso, a priori, es equivalente al de la otra diputada de la CUP procesada, Mireia Boya, que ha sido absuelta recientemente por el TSJC.

Valtònyc (Bélgica)

El rapero Josep Miquel Arenas, más conocido por el nombre artístico Valtònyc, se exilió en mayo de 2018 para evitar la prisión después de haber sido condenado a tres años y medio por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, entre otros delitos, a partir de las letras de sus canciones. Su destino fue la Casa de la República en Waterloo. La justicia belga rechazó en septiembre de 2018 la extradición enmarcándola en la libertad de expresión, y el caso ahora está encallado en el Tribunal de Apelaciones, que ha pedido la opinión al Tribunal Constitucional belga.

Meritxell Serret (Bélgica)

Contra Serret, exiliada desde el día después de la DUI, había una euroorden hasta julio de 2018. No se volvió a activar, a diferencia del caso del resto de políticos exiliados en Bélgica. El juez instructor de la causa, Pablo Llarena, la procesó por desobediencia y malversación y la excluyó de la sedición y la rebelión que imputaba a la plana mayor del Procés. Ahora tiene libertad de movimientos excepto en España, donde se le mantiene una orden de detención.

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