Un grupo de expertos trabaja en una reformulación del delito de rebelión

El Grupo de Estudios de Política Criminal ya elabora una propuesta para retocar el Código Penal

Que el Tribunal Supremo condenará los líderes independentistas y que la sentencia será dura es un escenario más que plausible con el que cuentan los partidos, las entidades soberanistas y los abogados de los principales acusados. También cuentan con ello académicos, jueces y magistrados que ya trabajan en una propuesta de reforma amplia del Código Penal que incluirá los delitos de rebelión y de sedición. Se trata del Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por decenas de profesionales, un núcleo del cual abordará el capítulo de los delitos contra la Constitución, donde está integrado el de rebelión. Fuentes del colectivo aseguran al ARA que se reunirán pronto y que trabajan en la idea de que esta reforma pueda servir para revisar las penas en caso de condena por rebelión.

Una de las personas que participan es el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que deja claro de entrada que los presos deberían estar en libertad. Superada esta premisa, considera que reforzando el uso de armas como elemento imprescindible para la comisión del delito de rebelión bastaría para dar la vuelta una eventual condena y, aplicando el nuevo Código Penal de manera retroactiva, levantar las posibles penas que se impusieran a los acusados. Con todo, Martín Pallín puntualiza que el cambio no sería necesario, según la jurisprudencia al respecto del Tribunal Constitucional y el espíritu del legislador. También forman parte del grupo que estudiará los cambios legales el secretario general de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Rafael Rebollo, y catedráticos en derecho penal como Nicolás García, de la Universidad de Castilla-La Mancha; Gonzalo Quintero, de la Universidad Rovira i Virgili, y Lorenzo Morillas, de la Universidad de Granada.

Se abordará el capítulo de los delitos contra la Constitución, donde está integrado el de rebelión. Fuentes del colectivo aseguran al ARA que se reunirán pronto y que trabajan en la idea de que esta reforma pueda servir para revisar las penas en caso de condena por rebelión.

Uno de los primeros en poner sobre la mesa la reforma del Código Penal fue el jefe de filas de los comunes en el Congreso, Jaume Asens, que en campaña electoral celebró un encuentro con académicos y penalistas para abordar esta posibilidad. Esta vía se plantea como una opción viable si llega una sentencia dura para los líderes independentistas, aunque no está exenta de dificultades. La primera es que, como ley orgánica, requeriría la mayoría absoluta del Congreso para salir adelante, lo que implicaría contar con el aval del PSOE. Más allá del número de diputados necesarios, la reforma de la norma abriría la posibilidad de que los grupos partidarios de la mano dura -PP, Cs y Vox- aprovecharan la ocasión para plantear una "rebelión de segundo grado sin violencia física", advierte el abogado e historiador Josep Cruanyes. El catedrático en derecho constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo ve el cambio legal como una "posible solución" y recela de otras opciones como una ley de amnistía y el indulto.

Una medida para los cambios de régimen

A nivel conceptual, la amnistía es una medida que establecería que los hechos en cuestión no son delito. Hace unos días el dirigente de ERC Joan Tardà comentó que es partidario de esta alternativa y la diputada de la CUP Natalia Sánchez también la veía con buenos ojos, pero los expertos consultados coinciden en rechazarla. Martín Pallín avisa de que las normas 'ad hoc' suelen carecer de legitimidad y el abogado de Carles Puigdemont y diputado de JxCat el Congreso, Jaume Alonso-Cuevillas, opina que las amnistías son fruto de un pacto político que abre una nueva etapa o un cambio de régimen. Aparte de las experiencias españolas con la de 1977 y las dos que se dictaron durante la Segunda República, otras amnistías que han tenido lugar en las últimas décadas se caracterizan por ir precedidas de un conflicto bélico. En Portugal, se aprobó en el Parlamento una norma para eximir de las condenas a los militares que habían protagonizado la Revolución de los Claveles en 1974 contra la dictadura. En Argelia, miles de militantes del Frente Islámico de Salvación (FIS) se acogieron en 1999 a una amnistía concedida a cambio de la renuncia a la actividad armada por parte del brazo guerrillero de esta organización.

Tanto la amnistía como el indulto son medidas "de gracia" con un alto componente político y sobre las que los afectados no tienen potestad para decir si la aceptan o la rechazan, pero con diferencias sustanciales entre ellas. La primera no presupone un arrepentimiento del implicado, mientras que el resultado del indulto conlleva que el delito ha existido y se le mantienen los antecedentes penales pero se perdona al condenado. Una revocación que puede ser total o parcial, en el sentido de que se pueden flexibilizar las penas de prisión pero mantener las inhabilitaciones, por ejemplo. En cuanto a la tramitación, la amnistía requiere una mayoría parlamentaria para salir adelante y el indulto lo concede el gobierno español con la posterior firma del rey, ya sea con petición previa o sin ella.

Cuevillas asegura que ninguna de estas opciones ha sido o está siendo objeto de negociación en relación a la investidura de Pedro Sánchez, y que los acusados de JxCat no se plantean pedirlas. Otras fuentes apuntan a que sí se ha hablado de todas estas opciones -incluido el indulto- en conversaciones informales entre abogados y entre los partidos independentistas, aunque los letrados de los afectados esperan la sentencia para abordar qué camino siguen. Será cuando llegue la resolución del Supremo cuando se reunirán para analizar los diferentes escenarios.

El camino a Estrasburgo

Uno de los puntos de un análisis más profundo puede ser qué consecuencias tiene cualquiera de estas medidas sobre la posibilidad de presentar un recurso al Tribunal Constitucional y, posteriormente, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hace unos días la presidenta de la Asamblea, Elisenda Paluzie, rechazaba la ley de amnistía porque suponía cortar el camino a Estrasburgo. Esta es una opinión que comparte alguno de los abogados que se encargan precisamente de la vertiente internacional de la causa. Pérez Royo, en cambio, pone en duda que una reforma del Código Penal o una amnistía que dejen sin efecto la condena paralicen el recorrido judicial. Comparte este criterio otra voz implicada en la causa, que entiende que una modificación legislativa posterior no puede invalidar la supuesta vulneración de derechos fundamentales alegable a instancias internacionales. A pesar del convencimiento de que los hechos del 'procés' merecen la absolución, los implicados en la causa estudiarán vías alternativas para dejar los presos en libertad.

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