¿Qué investiga el juzgado de instrucción 1 de Barcelona?

Tira del hilo de un caso de presunta corrupción y añade una pieza sobre desórdenes públicos

El 24 de mayo de 2018, 30 personas fueron detenidas por la Policía Nacional en el marco de la operación Estela, que entonces se informó que investigaba una presunta trama de corrupción en la Diputación de Barcelona. El 12 de noviembre de 2019 se añadieron al caso cuatro detenciones más por parte de la Guardia Civil vinculadas a presuntas subvenciones irregulares concedidas por la secretaría general y el Consell Català de l'Esport de la Generalitat. Y este miércoles la Guardia Civil está llevando a cabo varios registros y detenciones en el marco de un dispositivo hasta ahora secreto que investiga a varios empresarios vinculados al independentismo. ¿Qué relación hay entre estas tres operaciones? El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona es el responsable de todos los dispositivos y, a pesar de que hasta ahora parecía que se centraba en las subvenciones a las fundaciones Catmón e Igman, próximas a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y presididas por Víctor Terradellas, las diligencias apuntan ahora a la posibilidad de convertirse en un nuevo cajón de sastre para investigar el Procés.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado de que los registros y detenciones de este miércoles son la continuación de los de 2018 y 2019 y están dentro de una pieza hasta hoy secreta que lleva abierta un año y medio: "La Guardia Civil, bajo la tutela del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, está practicando hoy 31 entradas y registros, repartidos en ocho partidos judiciales de Catalunya, por delitos relacionados con la corrupción y/o desórdenes públicos". ¿Desórdenes públicos? A pesar de que algunos medios han publicado desde primera hora la relación entre las detenciones y el Tsunami Democràtic, ni el TSJC ni tampoco la policía española han confirmado que la operación tenga relación con eso. De hecho, la investigación del Tsunami, por terrorismo, la está llevando la Audiencia Nacional y no el juzgado de instrucción 1 de Barcelona. Sea como fuere, algunos de los detenidos, como Xavier Vendrell, Xavier Vinyals, David Madí y Oriol Soler, formaron parte del estado mayor del Procés, que asesoró al Govern con el referéndum durante la legislatura pasada.

Pero, entonces, ¿cómo se justifican los desórdenes públicos con la presunta trama de corrupción? Durante estos dos últimos años, el juzgado de instrucción 1 ha estado intentando establecer la relación entre estas subvenciones y la financiación del Procés, desde el referéndum del 1-O hasta los gastos del expresidente Carles Puigdemont en Bélgica. En una entrevista a RAC-1, Terradellas negaba el año pasado irregularidades en las subvenciones: "Pongo  la mano en el fuego de que no hemos dado ni un euro para que el president Puigdemont pueda vivir en Bruselas o en Waterloo, ni tampoco para el 1 de Octubre". También rechazaba las acusaciones de haberse beneficiado de subvenciones sin haber cumplido los encargos.

Los indicios de la UDEF

El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona recibió un aviso anónimo –en forma de "mecanuscrito muy voluminoso"– en 2016. El anónimo alertaba de irregularidades en la Diputación de Barcelona en la atribución de subvenciones a entidades dedicadas a la cooperación al desarrollo. Desde entonces la unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía Nacional coordina una investigación de la cual se desprenden "indicios de delito continuado de malversación de fondos públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias". ¿Y cuáles son estos indicios? Entre otros, la policía ha detectado pagos de subvenciones dos años antes de la aprobación del proyecto; la presentación de facturas antes de la entrega del trabajo; billetes de avión en horarios que no permitían a las personas estar en el lugar de la actividad; facturas de diez días de hoteles en el extranjero en actividades de un solo día, facturas en agencias de viajes... En total serían dos millones de euros bajo sospecha.

Los técnicos de la Diputación detectaron muchas de estas irregularidades y, de hecho, añadieron anotaciones manuscritas detallando los errores observados. En el auto judicial que justificó la operación Estela se remarca que los técnicos no aprobaron la ejecución de muchas de las subvenciones, que ni siquiera cumplían los requisitos para ser abonadas. La UDEF asegura que hay indicios de presiones de Jordi Castells, ex director de Relaciones Internacionales de la Diputación. El resultado, según el juez, es que los informes de comprobación formal no están firmados o no se identifica el técnico que los ha elaborado.

En algunos casos la memoria que justifica los proyectos no habla de ningún otro método de financiación que los recursos que llegan de la Diputación, a pesar de que, por ley, la institución solo puede asumir un 70% del coste total. Otras irregularidades investigadas son los informes técnicos elaborados, "la mayoría copiando y pegando gráficos, tablas y párrafos enteros que se pueden encontrar en internet", y las facturas que emiten entidades que no coinciden con ninguno de los socios que han recibido la subvención.

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