El ex número 2 de Montoro admite que Hacienda no detectó ninguna partida vinculada directamente al 1-O

Felipe Martínez apunta que "contratos irregulares" escaparían de la intervención económica

MARIONA FERRER I FORNELLS / OT SERRA

La sexta semana de juicio del Proceso es la primera que lleva como testigos a guardias civiles, protagonistas de algunos de los registros más significativos de los días previos al referéndum, como el de los domicilios de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó el 20 de septiembre o el de la nave de Unipost el día anterior. Antes, sin embargo, declaró el exsubsecretario de Hacienda, Felipe Martínez, número dos de Cristóbal Montoro durante el 1-O, cuya comparecencia estaba prevista para la semana pasada, pero se tuvo que aplazar porque se alargó la del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

Martínez ha repasado el férreo control económico del Estado impuesto a la Generalitat desde 2015 hasta septiembre de 2017, en el que el control pasó de ser mensual a semanal en julio y finalmente el gobierno español asumió todos los pagos del Gobierno, pero ha insinuado que podría haberse cometido un delito de malversación aunque no ha sido capaz de dar casi ningún detalle. No lo ha apuntado directamente, sino que, con un lenguaje muy técnico respondiendo a la fiscal Consuelo Madrigal, aseguró que el control económico que el Estado impuesto al presupuesto de la Generalitat no conseguía abarcar posibles "contratos irregulares". Ahora bien, ha admitido que el Ministerio de Hacienda no detectó ninguna partida vinculada directamente al 1-O - "no tengo conocimiento", ha dicho-, sino que sólo lo llegó a hacer el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona cuando les reclamó información sobre algunas partidas.

En relación a lo que sí podía supervisar, Felipe Martínez ha defendido la intervención que ejerció el Ministerio de Hacienda sobre las finanzas y ha señalado que el Gobierno hizo un "cumplimiento formal" con la remisión de información y certificación de pagos, aunque con algún retraso, pero advirtió que algunos no eran completos y se llevaron a la Fiscalía -aunque no detectó que tuvieran una relación directa con el referéndum-. En concreto, denunciaron al ministerio público cambios en la contratación de la campaña 'Civismo' del departamento de Presidencia por valor de 3,5 millones de euros a finales de agosto. También se denunciaron facturas del Diplocat para el desplazamiento de analistas internacionales alrededor del 1-O. Pero no ha querido entrar en detalles y dijo que no recordaba fechas en concreto sobre las visitas y también los importes. Ya a preguntas de la abogada de la exconsellera Meritxell Borràs, Judit Gené, ha dicho que no recordaba que se acabaran pagando todas las facturas de los analistas internacionales invitados por Diplocat durante la intervención total de la Generalitat bajo el 155.

La fiscal Consuelo Madrigal le ha querido preguntar directamente si el 1-O se pagó con dinero público pero el presidente del tribunal, Manuel Marchena, la ha cortado para no entrar en valoraciones. Refiriéndose a la pregunta, Felipe Martínez ha defendido que el Ministerio de Hacienda pidió personarse ya en 2018 en todas las causas abiertas sobre el referéndum por un posible perjuicio de las arcas del Estado pero que, a pesar del control y el seguimiento presupuestario del Ministerio, "la realidad material de los hechos" podría ser otra. Es decir, ha venido a decir que hicieron todo lo que pudieron, pero que habría podido cometerse un delito de malversación, siempre con un lenguaje muy técnico y un tono pausado que ha exasperado a la fiscal Madrigal.

Tres millones para el anuncio del 1-O

Sobre la presunta malversación también ha hablado el guardia civil que participó en el registro del domicilio de Josep Maria Jové, comisionado después para indagar en la supuesta desviación de fondos. El agente K47019K ha hablado de una petición de Jordi Turull a Oriol Junqueras de cerca de tres millones y medio que se habrían transferido del fondo de contingencia de la Generalitat para destinarla a la campaña 'Civismo'. El miembro de la Guardia ha explicado que identificó este movimiento por dos vías diferentes: una, por la respuesta de la interventora de la Generalitat a un requerimiento de la secretaría de Estado de Hacienda; y la otra, a través de correos electrónicos de la exvicepresidente del Gobierno. El agente apuntó que en el expediente sobre 'Civismo' constan algunas notas internas del entonces secretario de Difusión, Antoni Molons, en que se decía que "no vulneraba la decisión de los tribunales ni era por procesos refrendarios".

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El testigo también habló de los programas de visitantes internacionales por parte del Diplocat coincidiendo con el 1-O y aseguró que consta documentación en la que se demuestra que iban a realizar tareas de observación internacional para el referéndum. "Se les pide que previamente se registren y se acrediten a la Sindicatura Electoral para entrar en los colegios", señaló el investigador. Además, a preguntas del fiscal, ha hablado de una parte del departamento de Exteriores vinculada a esta cuestión. Tal como declaró el exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, algunos gastos se terminaron de pagando con la aplicación del 155.

El registro a Antoni Molons

Este guardia civil también participó en el registro en el domicilio de Molons, al que ha identificado como el "tal Toni" del que habían hablado antes otros testigos, como Enric Vidal, la persona encargada de redimensionar el cartel del 1-O sobre las vías del tren. A Molons se le intervino la tarjeta de teléfono del número con el que se comunicaba con Vidal, explicó, y también ha apuntado que cuando le tomó declaración al diseñador gráfico dijo que el encargo lo había hecho Òmnium, pero que facturara a la Generalitat. Según afirmó el compareciente, Molons había contratado dos teléfonos móviles con su DNI, pero con nombres diferentes y uno de ellos se lo dio a Vidal.

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