Baena describe un "clima insurreccional" a partir del 20-S, pero descarta incitaciones de los presos a la violencia

MadridLa causa en la Audiencia Nacional contra el Proceso no es flor de un día después del referéndum del 1-O, con la presentación de la querella por rebelión por parte del difunto fiscal general del Estado, José Manuel Maza. El autor de la tesis de la sedición, el jefe de la policía judicial de la Guardia Civil en Cataluña, el teniente coronel Daniel Baena, declaró este martes en el Tribunal Supremo. Y nada más tomar la palabra ha revelado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ordenó al cuerpo, como policía judicial, investigar el independentismo desde noviembre de 2015 tras la aprobación en el Parlamento de la declaración de ruptura del 9 de noviembre y la posterior suspensión del Tribunal Constitucional, el 2 de diciembre. La mayoría de las defensas se han centrado en este punto para demostrar que ya se investigaba una "causa general contra el independentismo". Baena ha esquivado las preguntas una y otra vez y al final ha recibido la ayuda del presidente del tribunal. Manuel Marchena ha asegurado que los primeros pasos de la investigación no tendrán relevancia para la sentencia. "Le aseguro que la valoración de indicios en la fase incipiente no tiene ninguna significación", ha respondido a la letrada de Jordi Sánchez, Ana Bernaola.

El teniente coronel ha ido introduciendo poco a poco el relato de las acusaciones -que beben de sus propios informes- a lo largo del interrogatorio cuando se le preguntó por las movilizaciones ciudadanas contra las operaciones policiales en Cataluña los días previos al 1-O. Ha relatado que las protestas comenzaron con las primeras citaciones de testigos e investigados a declarar en la comandancia de la Guardia Civil en la primavera y verano de 2017, pero que el "punto de inflexión" se produjo con la macrooperación del 20 de septiembre. "Se incrementaron las concentraciones y el clima que se vivía ya era claramente insurreccional", aseguró, y detalló que por eso se fue a la conselleria de Economía con unidades de antidisturbios de la Guardia Civil. Ya en respuesta a la abogada del Estado, puntualizó que el 20-S superó la "hipótesis del nivel de peligrosidad" que pronosticaban porque "no se preveía una llamada de asociaciones civiles" a hacer concentraciones en las puertas.

Pero respondiendo al abogado Andreu Van den Eynde ha acabado admitiendo que durante todo este "período insurreccional" los líderes independentistas no enviaron "ningún mensaje a mantener actitudes violentas". En cambio, sí ha señalado que, según su percepción personal, el independentismo "ha hecho lema del civismo y el pacifismo en innumerables manifestaciones". Respondiendo a la letrada Ana Bernaola, justificó que no hubo detenciones en ningún 'escrache' para "evitar males mayores".

Baena ha descrito un "período insurreccional" en Cataluña del 19 de septiembre al 28 de octubre del 2017, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A su juicio, cualquier agente de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de los Mossos tenía "la sensación de que estaba ante un polvorín incuestionable". "Todos los agentes con un mínimo de conocimiento en temas de seguridad sabíamos que un mínimo incidente podía derivar en una escalada incontrolable, y afortunadamente no fue así", señaló.

Ahora bien, el teniente coronel ha descolocado a la fiscal Consuelo Madrigal durante el interrogatorio cuando puntualizó que el 20-S en la conselleria de Economía, aunque descrito como un día de "clima insurreccional", no fue necesario el uso de la fuerza para que la orden judicial se cumpliera y "la integridad física" de los agentes no se vio "gravemente en peligro". "Tenía la instrucción del juez para dar a las fuerzas de seguridad la capacidad de utilizar la fuerza en caso de que la comisión judicial al cargo viera señaladamente dañada la integridad física. Pero no se tuvo que hacer nada [...] porque no se llegó a acceder dentro de la conselleria", ha dicho.

20-S: "El clima que se vivía ya era claramente insurreccional"

Así, Baena ha pasado a normalizar el término "período insurreccional" para referirse a todos los hechos que sucedieron entre el 20 de septiembre y el 27 de octubre, el día en que se aplica el 155. Las defensas se han quejado de que utilizara este concepto. Marchena ha defendido que era una "expresión personal" de su percepción y ha defendido el uso porque "la sala no da por probada la valoración del testimonio". El teniente coronel ha cifrado en 47 los episodios de "sitio" a las fuerzas de seguridad del Estado en sus dependencias o ante sedes judiciales, con una actitud "hostil", con "insultos" e "impidiendo la entrada y salida de las personas". "Se producen como consecuencia de una acción ordenada por jueces y fiscales y como consecuencia de la actividad del Estado", señaló el interrogado, que ha situado 43 de estos casos en el "período insurreccional", dos antes del 20-S y dos después de la aplicación del 155.

Baena ha explicado que a partir de la intervención de la autonomía, la actividad de la policía judicial continúa pero hay "cambios importantes” en la respuesta: por un lado, las entidades soberanistas "ya no hacen llamadas a la movilización” y los Mossos en ese periodo hacen unos "dispositivos de seguridad que evitan incidentes". También ha cifrado en 88 los 'escraches' en hoteles y alojamientos de policías españoles y guardias civiles, dos de los cuales fueron antes del 20-S, 84 antes del 155 y dos después.

Investigación por diferentes vías

Baena ha tenido que dar explicaciones sobre las múltiples investigaciones sobre el Proceso, que comenzaron con la diligencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a raíz de la declaración de ruptura del Parlamento del 9 de noviembre de 2015. En enero de 2016 se abren diligencias para investigar el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) y también las futuras estructuras de estado. Según el fiscal Javier Zaragoza, que entonces era el fiscal jefe de la Audiencia Nacional -y por eso este martes no ha interrogado a Baena, sino que lo ha hecho la fiscal Consuelo Madrigal-, "aprovechando al máximo la capacidad estatutaria" de Cataluña se podía intentar "establecer las bases para la creación de un estado independiente". Las diligencias comenzaron con dos objetivos, según explicó el agente: controlar todo el desarrollo de las competencias estatutarias y, en el momento que hubiera "indicios de dudas", hacer gestiones de investigación para ver "qué dinero público se invertía para ceder la competencia” a una futura Cataluña independiente.

Madrigal se ha anticipado al interrogatorio de Van den Eynde, parte de la estrategia de defensa es señalar la "causa general contra el independentismo" compartimentada en diferentes órganos jurisdiccionales. El abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva ha indagado en este sentido y ha cuestionado a Baena cuál era el elemento que le llevaba a investigar los avances del Gobierno, "más allá de las declaraciones públicas que se quería ser independiente". “¡Precisamente lo que se decía públicamente! Se veía todo por televisión", replicó el testigo, que ha avisado, sin embargo, que en ningún momento investigó "declaraciones políticas". "No investigábamos resoluciones políticas. Las personas no lo están por lo que decían, sino por hechos que podían ser constitutivos de delito", ha subrayado el interrogado, que reiteró que "no investigaba el Proceso". Van den Eynde también ha querido saber qué hechos podían motivar indagar la posible comisión de un delito de sedición -así aparece en la diligencia de la Fiscalía de finales del 2015-, pero Baena ha apuntado que a partir de esta instrucción sólo investigó hechos que pudieran implicar malversación. "No se investiga ni el Proceso ni el referéndum", ha asegurado.

Es en 2017 cuando comienza la investigación del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona a raíz de una denuncia contra el juez y exsenador de ERC Santi Vidal, y que también comisiona a Baena para hacer investigaciones. Llega un momento en que la Guardia Civil en Cataluña investiga el Proceso por orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el juzgado número 13, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -que abre una causa contra el Gobierno- y más tarde por orden del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Baena aseguró que el magistrado del 13 de Barcelona investigaba primero por malversación, pero que al ver que había "conexión" entre algunos indicios obtenidos a raíz de las órdenes de la Fiscalía y el que investigaba su juzgado, pasa a ampliar la causa a otros delitos. El testigo afirmó que los jueces del 13, de la Audiencia Nacional y del Supremo "se ponían de acuerdo" para compartir la documentación que aportaba la Guardia Civil.

Los documentos estrella en los que se ha centrado la fiscal Consuelo Madrigal han sido dos: la agenda Moleskine encontrada en el domicilio del exnúmero dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové, y el documento 'enfocados', también detectado en el mismo registro. "Nos quedamos ciegos de corroboración con la agenda Moleskine y luego, en general sobre el Proceso, con el documento 'enfocados", ha señalado, y ha especificado que en ningún caso se toma la agenda y se investiga, sino que la Guardia Civil investiga primero y después la agenda "ratifica" las informaciones encontradas. Lo mismo ocurre con el 'enfocados', aunque después admitió que no todas las fechas que aparecen en los documentos son correctas. En estos documentos, según Baena, aparece de forma "clara" la tesis de la "concertación" entre los diferentes "agentes" del Proceso: el poder legislativo, el ejecutivo y las entidades sociales.

Marchena ha intervenido en más de una ocasión durante el interrogatorio de Madrigal porque Baena no dejaba de hacer valoraciones y análisis sobre los informes que redactó y este sería el papel de un perito y no de un testigo.