La mesa del Congreso suspende como diputados a los presos políticos con el aval del PSOE, el PP y Cs

Los letrados de la cámara optan por aplicar el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal

El Congreso suspende a los presos políticos de su cargo como diputados, obedeciendo el criterio de los letrados de la cámara. En el informe que la mesa de la cámara baja pidió este jueves y que han emitido este viernes, los servicios jurídicos avalan la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dejar sin efecto de manera provisional los derechos y deberes parlamentarios de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, diputados desde este martes, cuando prometieron la Constitución en la sesión constitutiva del Congreso. Precisamente, la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, ha anunciado en rueda de prensa que quedan suspendidos desde el martes 21 de mayo.

Con la opinión de los letrados sobre la mesa, la mesa se ha reunido este mediodía durante menos de una hora para acabar de tomar la decisión, que ha contado con el visto bueno del PSOE y del PP y Cs, que ya reclamaban desde el día que entregaron las credenciales que el Congreso debía suspender de forma "inmediata" a los presos. En cambio, Podemos, que en los últimos días ha mostrado reservas a la hora de favorecer la suspensión, ha terminado decantándose por oponerse y pedir "más tiempo" a la mesa. La portavoz de la formación lila, Irene Montero, ha explicado que a su entender era el Tribunal Supremo el que debía tomar la decisión y el miembro de En Comú Podem en la mesa, Gerardo Pisarello, ha recriminado al Supremo que no fuera más explícito. "Si la decisión correspondía al Congreso, se tenía que reunir la comisión del estatuto del diputado y votarse en el pleno", ha añadido en declaraciones a los medios.

La presidenta de la cámara entraba a la reunión con el convencimiento de que el informe reclamado a los letrados se había demostrado necesario, para aclarar cuál de las prerrogativas legales era aplicable en este caso, ante la contradicción de los escritos presentados por el PP y Cs. Además, como el informe de los letrados es claro, confiaba en que no haría falta una votación que pudiera visualizar la ruptura de la mayoría progresista, sino que simplemente la mesa debía dar validez por asentimiento al informe de los letrados. Finalmente, sin embargo, los diferentes partidos han mostrado su posicionamiento, aunque Montero ha desvinculado la división con el PSOE del escenario de la investidura.

Fuentes del PP critican que Batet no quería especificar en el acuerdo que quedaban suspendidos de sus "derechos y deberes", una manera de volver a trasladar la decisión final a los letrados, dicen. Tanto los populares como Cs se han quejado de que la presidenta del Congreso haya "pospuesto" la suspensión y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha querido exhibir como una "victoria" la decisión final. El número dos del partido naranja, José Manuel Villegas, ha considerado el aplazamiento de Batet como una "estrategia" del PSOE y Podemos para "humillar a España y contentar a los independentistas". 

La composición y las mayorías de la cámara

Los letrados del Congreso apuntan en su informe que corresponde a la mesa el alcance de la suspensión y los efectos en las mayorías parlamentarias. Batet, sin embargo, ha informado que se ha acordado pedir un nuevo informe a la secretaría general del Congreso –a propuesta del PP– para que se manifieste en relación con los "efectos" de esta suspensión y que se valorará en otra mesa. Así, se tendrá que ver si la composición queda en 350 o 346 diputados y la incidencia que esto tendrá en las votaciones, porque el reglamento no prevé la delegación del voto en otros miembros de los grupos parlamentarios.

Fuentes de la cámara apuntan que si no corre la lista se alterarían las mayorías, y esto afectaría a la investidura de Pedro Sánchez, al rebajarse la mayoría de 176 diputados a 174. En este supuesto, si los cuatro diputados no entregan el acta –y con el anuncio de Coalición Canaria que optaría por el 'no' a la investidura si hay un gobierno de coalición con Podemos–, habría un empate en 173 que haría inviable que el líder del PSOE saliera elegido presidente. Sin embargo, si Junqueras puede recoger el acta de eurodiputado sería sustituido y se desencallaría el empate. 

Respecto al Senado, este viernes el presidente, Manuel Cruz, ha pedido un informe a los servicios jurídicos para que emitan su veredicto en relación con la eventual suspensión de Raül Romeva. No se ha convocado mesa hasta el próximo miércoles, de modo que todos estos días el 'exconsller' de Exteriores sigue siendo senador, a diferencia de los diputados al Congreso. En la mesa de la cámara alta el PSOE tiene mayoría absoluta, de forma que se tendrá que ver si la decisión es exactamente la misma que en el Congreso, donde PP y Cs han podido hacer valer sus presiones. 

Llarena marca el camino

El artículo 384 bis de esta normativa es el que ya aplicó Pablo Llarena cuando suspendió como diputados al Parlamento a los procesados por rebelión en el Tribunal Supremo en julio de 2018. "Con un auto de procesamiento firme, y decretada la prisión provisional por un delito cometido por una persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviera ostentando una función o cargo público quedaría automáticamente suspendido," se dice en él.

Los letrados consideran que hay que aplicar esta ley pero no el artículo 21.2 del reglamento del Congreso, que prevé la suspensión de aquellos miembros de la cámara legislativa que estén en situación de prisión preventiva y tengan un auto de procesamiento firme "cuando se haya concedido la autorización objeto de un suplicatorio", cosa que el Supremo optó por no pedir porque no lo veía pertinente. De hecho, Batet se dirigió este jueves al alto tribunal a través de una carta en la que exponía ya dudas sobre la aplicación de este artículo del reglamento de la cámara baja y se fijaba en el precedente de Llarena. 

Los letrados del Congreso constatan que la aplicación del artículo 21.2 no procede porque no se ha concedido el suplicatorio. Lo consideran un "requisito" para utilizarlo y, por lo tanto, como entienden que se debe hacer una interpretación "restrictiva" de las previsiones legales que "limitan los derechos fundamentales", no es pertinente usarlo. Los servicios jurídicos indican que con el auto del 14 de mayo, el Supremo estableció doctrina subrayando que no era procedente solicitar el suplicatorio cuando una persona ha adquirido la condición de diputada posteriormente a ser procesada, de forma que el Congreso sostiene que según esta decisión no se puede aplicar el 21.2. 

Sobre el 384 bis, a pesar de evidenciar que Llarena fue explícito instando al Parlamento a aplicarlo y que ahora el Supremo ni siquiera lo ha mencionado –tampoco ha respondido a la Fiscalía, que le dirigió un escrito pidiéndole que lo aplicara–, los letrados señalan que se deben "suspender automáticamente" los diputados. En el informe opinan que se reúnen las condiciones que ya llevaron a Llarena a suspenderlos y que, derivado de su doctrina, ahora corresponde a la cámara baja tomar la misma decisión. Así, el hecho de que estén procesados por rebelión resulta clave para suspender a los presos, a pocas semanas de terminarse el juicio y con la posibilidad de que las acusaciones –o al menos la Fiscalía– rebajen los delitos. Además, apuntan que el Supremo sí que se dirigió al Congreso para que adoptara "las medidas necesarias para dar plena efectividad a la previsión legal", lo que implícitamente está ordenando la suspensión, según interpretan.

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