Organización territorial: El primer debate para desarticular la autodeterminación hizo aparecer las nacionalidades

Habrá quien, cuarenta y dos años después del debate constituyente, piense que ya advirtió entonces de que reconocer las "nacionalidades" las animaría a aspirar algún día a la independencia. Otros lamentarán que se haya llegado a la situación actual por la falta de respeto a estas nacionalidades. Y todavía habrá un tercer grupo que pensará que las naciones de España siempre han tenido el derecho a la autodeterminación. El hecho es que el artículo 2 y el título VIII de la carta magna fueron los que hicieron perder más sueño a los diputados de la legislatura constituyente, conscientes de que el éxito de la organización territorial del Estado dependería en buena parte de la viabilidad de la nueva democracia.

El 12 de mayo de 1978 la comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso dedicó el día entero a hablar exclusivamente del artículo 2 del borrador de Constitución. El resultado fueron las 43 palabras, dos comas y un punto final que recoge el artículo y que se analizaron una a una, con un capítulo especial incluso para las mayúsculas (Constitución, Nación y Patria, aunque esta última se terminó obviando). Aquel fue un debate fundamentalmente orientado a definir qué encaje debían tener Cataluña, el País Vasco y, en menor medida, Galicia, y el primer gran debate sobre el derecho a la autodeterminación.

Gobernaba la UCD de Adolfo Suárez, partido mayoritario en la cámara, que afrontó el debate con gran pragmatismo. Como el término nación levantaba susceptibilidades, especialmente entre los que consideraban que en España hay una única nación (la española), la UCD abrazó el concepto de "nacionalidades", planteado por la Minoría Catalana, que lideraba Jordi Pujol. "La supresión del término nacionalidades no haría desaparecer las exigencias de los que se autocalifican con eco popular de nacionalistas, sino que probablemente las exacerbaría. Por eso aceptamos el término nacionalidades", dijo ese día Rafael Arias Salgado.

Atributos de nación

Pero él mismo advertía de que el reconocimiento de la nacionalidad "no es ni puede ser fundamento de un proceso de independencia". ¿Por qué tuvo que hacer esa advertencia? Básicamente para tranquilizar a Alianza Popular (AP), liderada por Manuel Fraga, que insistía en que ese sería el futuro de Catalunya y el País Vasco si se las reconocía como nacionalidades. En general, nadie en aquella comisión dudaba de que nacionalidad era equivalente a nación. "Y una nación es el principio de autodeterminación, el principio de autogobierno y el principio de una organización política propia", decía el diputado de AP Licinio De la Fuente. Su compañero José Miguel Ortí defendió que se convocara un referéndum con respecto al conjunto de los españoles. A pesar de los esfuerzos, AP rechazó el artículo 2.

Y eso que, para compensar la aparición en el texto de las nacionalidades, se subrayaba doblemente la unidad de España ( "indisoluble unidad" y "patria común e indivisible"), a pesar de que el líder del PSC, Joan Reventós, remarca que detrás de la palabra nacionalidades no había "posibilidades secesionistas". Jordi Solé Tura (PSUC) incluso recordó que no todas las naciones -todos excepto AP reconocían a Catalunya como nación- acababan convirtiéndose en estados y que, en definitiva, lo que contentaría o no estos territorios no sería un artículo constitucional , sino "el juego real de las autonomías y la relación de estas con el poder central". Ni CDC ni el PNV se posicionaron a favor del derecho a la autodeterminación, pero sí pidieron poder político y no sólo administrativo. Ese día el diputado de Euskadiko Ezkerra fue el único que defendió este derecho y, unas semanas después, en el pleno del Congreso, se le añadiría el diputado de ERC Heribert Barrera: "Una autonomía sólo administrativa pide plena soberanía", dijo para rechazar el redactado del artículo.

El techo competencial

Con los años ha resultado evidente que, a pesar del avance del estado autonómico durante las primeras décadas de la democracia, ha vuelto a topar con un techo que algunas de las naciones han encontrado insuficiente. Y las pulsiones soberanistas han vuelto a aparecer como tantas otras veces en la historia de España. El Tribunal Constitucional ha tenido buena parte de la responsabilidad. La sentencia contra el Estatuto, en 2010, frenaba las intenciones federalizantes de los catalanes, a diferencia de lo que había supuesto la sentencia de 1983 contra las pulsiones centralistas de la ley orgánica de armonización del proceso autonómico. Y si el artículo 2 de la carta magna ha traído tantas polémicas, el 138 no se las ha ahorrado. Y es que la financiación de las autonomías ha sido uno de los grandes problemas. En este caso, sin embargo, el Estado se ha ahorrado grandes problemas con los vascos.