La reforma de la euroorden, un debate español exportado a la Eurocámara y (por ahora) sin consecuencias legales
El Parlamento Europeo ha votado a favor pero tiene que ser la Comisión quien inicie el cambio legislativo
BruselasEl exilio de los políticos independentistas en Bélgica y Escocia provocó varias negativas a su extradición de diferentes instancias judiciales europeas, cosa que agitó en España el debate sobre el sistema de euroórdenes europeo. Partidos como el PP, Ciudadanos y Vox empezaron a reclamar que los delitos de sedición y de rebelión también permitieran la extradición automática y, finalmente, la presión se tradujo en la elaboración de un informe de propuesta legislativa a la Eurocámara que ha sido aprobado esta semana por una amplia mayoría y que pide incluir delitos contra la integridad constitucional cometidos con violencia en el listado de aquellos que permiten la extradición automática. De momento, sin embargo, no tendrá consecuencias legales.
El informe, impulsado por el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, fue aprobado este miércoles por 444 votos a favor, 139 en contra y 110 abstenciones y propone incluir hasta 10 delitos nuevos en la extradición automática. Su elaboración ha exportado un debate casi exclusivamente español dentro de la Eurocámara, donde eurodiputados como Zarzalejos pero también Maite Pagazaurtundúa (Cs) o Jorge Buxadé (Vox) han tenido especial presencia. Buxadé, de hecho, recordaba este miércoles que el primero en proponer este informe fue su partido.
¿Pero qué supone exactamente este informe? En la práctica es un posicionamiento político de la Eurocámara y no implica ninguna reforma legislativa, que tendría que llevar a cabo la Comisión Europea. Aún así, como ha explicado este jueves el propio Zarzalejos en una rueda de prensa, Bruselas ha cambiado el tono ligeramente desde que se inició el debate: "La Comisión Europea ha hecho un recorrido muy positivo. En casi un año y medio hemos pasado de una Comisión muy reticente a considerar cualquier modificación a un comisario que [...] ha expresado las coincidencias con el enfoque de este informe".
El comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, se mostró inicialmente poco proclive a modificarlo cuando se debatió por primera vez el borrador del texto. Esta semana, sin embargo, hizo notar más predisposición: "La lista, tal como está, cubre la mayoría de los delitos que los estados consideran graves dentro de la UE. Dicho esto, la Comisión analizará la cuestión en detalle para ver si hay más que se tendrían que incluir o bien si es necesario definir con más precisión los delitos que ya se mencionan". Aun así, en ningún momento hizo referencia a los delitos contra la integridad constitucional, sino a los delitos de odio o de violencia de género.
El PSOE y Podemos, votos opuestos
Sea como sea, no hay ninguna garantía de que Bruselas se embarque en una reforma que sería compleja, porque requeriría la unanimidad de todos los estados miembros para su aprobación definitiva. Lo que sí ha habido es un debate marcadamente español en la Eurocámara durante este año alrededor de esta cuestión, que culminó el miércoles con una votación en la que el PP, el PSOE y Cs votaron conjuntamente a favor, mientras que Podemos, ERC y Junts votaron en contra. Vox finalmente se abstuvo y argumentó que "los socialistas han colocado varias condiciones ideológicas". Buxadé explicaba ayer en un comunicado que rechazan que se incluya que los delitos contra la integridad constitucional tienen que ser "con violencia" para estar dentro de la lista, tal como consiguió matizar el PSOE.
El debate también ha mostrado las diferencias entre el PSOE y Podemos a la hora de abordar la situación de los exiliados independentistas. El partido violeta considera que el informe ha implicado una "instrumentalización" por parte de la "derecha española", que pretende "cambiar la euroorden basándose en un caso particular". Las europarlamentarias Eugènia R. Palop e Idoia Villanueva creen, con todo, que el PP busca que haya "menos control judicial en los procesos de extradición". Unas acusaciones que secundan los eurodiputados de Junts, que emitieron un comunicado tildando el informe de "maniobra". Zarzalejos, con todo, ha negado este jueves que el caso esté "politizado".
