El refuerzo de la Fiscalía y la prohibición a partidos de hacer de acusación popular: las claves de la nueva Lecrim

A partir de ahora habrá que argumentar más la prisión provisional contra los cargos públicos 

El consejo de ministros dará hoy luz verde a la nueva ley de enjuiciamiento criminal, una de las promesas del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ya anunció en el inicio de su mandato que quería introducir cambios importantes en la legislación que regula los procedimientos judiciales. Entre las más destacadas está el refuerzo del papel de la Fiscalía, que pasará a dirigir la fase de instrucción, la primera de las etapas del proceso penal: se crea una fase intermedia en la que un juez denominado "de audiencia preliminar", ajeno a la investigación, podrá decidir si se abre juicio oral o si se archiva la causa. También se introduce una modificación relevante: partidos políticos y sindicatos ya no podrán ejercer la acusación popular. Además, la judicialización del Procés también deja impronta en la nueva ley.

Prisión preventiva

El juez tendrá que argumentar más la privación de libertad contra un cargo público, tal como advirtieron tres jueces del TC sobre un recurso de Junqueras

La ley de enjuiciamiento criminal que el gobierno español quiere modificar establece que la adopción de la prisión provisional para las personas que ostenten un cargo público tiene que estar especialmente argumentada. Así lo recoge una exigencia que tres magistrados del Tribunal Constitucional plantearon en un voto particular contrario a una sentencia que tumbaba un recurso del líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre su prisión provisional dictada por el magistrado Pablo Llarena y ratificada por la sala de apelaciones del Tribunal Supremo. Un técnico que ha participado en la elaboración del texto consultado por el ARA ha hecho hincapié en la necesidad de "incorporar esta garantía", que es que hace falta que "reforzar la motivación y justificación de la medida cuando se es un cargo público".

Todavía sobre este conflicto, la nueva norma establece que se podrá suspender como cargo público de manera automática a quien tenga una resolución firme de prisión provisional y esté investigado por rebelión o terrorismo. Se justifica por "la excepcional amenaza que esta actividad criminal conlleva al estado democrático y de derecho", prevé la ley. Más allá de estos cargos tan graves, el espíritu de la norma es incidir en encontrar alternativas a la prisión provisional. Es por eso que se creará una comisión de seguimiento "encargada de velar para que los órganos jurisdiccionales y las Fiscalías cuenten con medios adecuados para utilizar medidas menos graves que la prisión preventiva".

Detención preventiva de máximo 24 horas

Se introduce una detención más leve y la figura de un policía ajeno a la investigación responsable de la custodia

Una novedad importante que introduce la norma tiene que ver con la detención preventiva: la modalidad ya existente permite la retención durante 72 horas de una persona antes de pasar a disposición judicial o dejarla en libertad, y ahora se crea una paralela de un máximo de 24 horas para las actuaciones que requieran de la presencia de la persona afectada –y no sea posible conseguirla con medidas menos duras– para actas o resoluciones concretas. 

Sobre las detenciones preventivas, el fiscal pasa a tener la potestad para dejar en libertad o hacer pasar a disposición judicial al detenido. Además, se incorpora la figura de un funcionario policial ajeno a la investigación, que es el encargado de la custodia de la persona implicada, con el objetivo de asegurar que se le respeten los derechos fundamentales. 

Fase de instrucción: investigación

La Fiscalía dirige la investigación, a la vez que un juez de garantías vela por el respeto a los derechos fundamentales

La reforma de la Lecrim busca reforzar la presunción de inocencia, según asegura el ministerio de Justicia, y es con este objetivo que se produce un cambio de rol de la Fiscalía y los jueces. Se crean tres etapas en el procedimiento penal: la primera la dirige la Fiscalía, que ejercerá la tarea de investigación –ahora lo hace un juez instructor–, siempre procurando mantener una posición de imparcialidad, pero habrá por encima suyo un juez de garantías que velará para que se respeten los derechos fundamentales de los investigados –ahora se llamarán "encausados" sea cual sea el momento procesal– y que también podrá autorizar diligencias. 

Si bien actualmente el juez instructor decretaba las decisiones que podía solicitar la Fiscalía, ahora será el ministerio público quien las adoptará, si bien el juez de garantías tendrá la potestad de resolver posibles impugnaciones otras partes. Las resoluciones de este juez no se podrán recurrir, excepto los autos sobre archivamiento o las relacionas con medidas cautelares. Aun así, el ministerio público sí tendrá que pedir permiso para las diligencias que requieran vulnerar derechos fundamentales, así como para ordenar el secreto de las actuaciones, que el juez de garantías tendrá que confirmar o revocar en un plazo de 48 horas desde que la Fiscalía lo ordene. Para alargarlo hará falta autorización judicial. Además, este juez se encargará de asegurar que la parte investigada también pueda solicitar diligencias y controlará que un procedimiento no se dilate indebidamente.

Esta fase inicial se cierra con la acusación de la Fiscalía, que puede solicitar que se saque adelante el procedimiento o bien que se sobresea. En este segundo supuesto existe la posibilidad de que otra parte o víctima pueda exponer al juez de garantías la necesidad de que se siga el proceso penal a través de un incidente de autorización judicial de la acusación no pública. 

Fase intermedia: juicio de acusación

El juez de audiencia preliminar estudia los escritos de acusación y defiende y decide si se abre juicio oral

Una vez cerrada la investigación se abre el "juicio de acusación", en el cual un juez denominado "de audiencia preliminar" tendrá que decidir si se tiene que celebrar juicio oral o no después de recibir los escritos de acusación y de defensa provisionales. Su tarea también es analizar la instrucción llevada a cabo por la Fiscalía y acordar el sobreseimiento si no ve fundamentación suficiente de los cargos como para ir a juicio. Puede acordar actuaciones solicitadas por la defensa que no se hayan practicado y revisar que durante la investigación no se haya obtenido material de manera ilícita para así evitar que llegue al juicio oral. Este es un trámite que ahora se hace en las cuestiones previas antes del juicio oral y es el mismo tribunal que juzga el que decide: con el cambio será un juez quien lo estudiará y esto permitirá que el tribunal no tenga un contacto previo con el sumario hasta el juicio oral. Su intervención arranca con la admisión de la prueba.

Juicio oral y sentencia

Los acusados no hará falta que declaren los primeros y un testigo de referencia no servirá para condenar

La última fase del procedimiento penal, el juicio oral, también presenta novedades. Una de las más destacadas es que la declaración del acusado no necesariamente tendrá que producirse al inicio, sino que se puede esperar "al momento que considere oportuno", como por ejemplo a la hora de exponer las pruebas de descargo. Además, el encausado se podrá ausentar de asistir a las sesiones que no lo afecten directamente. El anteproyecto también establece que la prueba que se desarrolle durante el plenario tenga un "valor superior" que las diligencias practicadas durante la investigación. En cuanto a la sentencia, el texto estipula que para condenar harán falta elementos de corroboración suficientes cuando la única prueba acusatoria se base en un testigo de referencia, la mera identificación visual del acusado o una sola declaración de un coacusado.

Partidos y sindicatos no podrán ser acusación popular

La nueva ley quiere evitar el "riesgo de instrumentalización" que genera

La reforma de la Lecrim aborda la polémica posibilidad de que partidos políticos y sindicatos ejerzan la acusación popular. La decisión del ministerio es que se prohibirá. "Su exclusión deriva de su peculiar inserción en el orden constitucional como organizaciones de relevancia pública y por el especial riesgo de instrumentalización del proceso que provoca su intervención activa en el debate público", dice el texto. Además, la nueva ley establece unos delitos que resultan idóneos para que se pueda ejercer esta acusación alternativa a la de la Fiscalía, como puede ser el caso de infracciones que protejan intereses difusos o los delitos de corrupción.

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