Tamara Carrasco, absuelta dos años después de ser detenida por terrorismo

La sentencia critica la investigación de la Guardia Civil y la acusación de la Fiscalía

Ni terrorismo, ni desórdenes públicos, ni intención de causarlos. Una juez ha absuelto a la activista de Viladecans Tamara Carrasco, detenida hace dos años y medio en el marco de la primera gran causa contra los CDR por terrorismo, que ha acabado quedando en nada. Carrasco estuvo acusada durante más de un año por este delito en la Audiencia Nacional, que la confinó en su municipio. Finalmente el juez acabó desestimando los argumentos de la Fiscalía y pasó el caso Tamara a un juzgado penal de Barcelona. El ministerio público la acusó de incitación a cometer desórdenes –pedía siete meses de prisión–, pero la juez que ha examinado el caso considera que Carrasco es inocente.  

La sentencia supone un golpe para la que fue la primera gran causa contra los CDR por terrorismo. La juez critica la investigación de la Guardia Civil y la postura de la Fiscalía. Por un lado, niega que haya pruebas de que durante las acciones de protesta por la detención en Alemania del expresidente Carles Puigdemont en marzo de 2018 se produjeran "desórdenes". Por el otro, carga contra el cuerpo armado por basar toda su causa por un delito tan "grave" como el de terrorismo en un mensaje de WhatsApp interceptado en las redes sociales.

"La sentencia no hace una absolución por dudas ni por ausencia de pruebas, sino porque se trataba de acciones legales. Nos da la razón a la hora de revocar el mensaje criminalitzador y de supuesta violencia que ya hace meses que se intenta construir alrededor de los CDR", ha asegurado el abogado de Carrasco, Benet Salellas. "La juez dice expresamente que las acciones que se produjeron en marzo de 2018 eran ejercicios del derecho de reunión perfectamente legales", insiste.

La única prueba contra Carrasco era un audio enviado por la activista a un grupo privado de Whatsapp. Según la Fiscalía, se trataba de un "guion" de las acciones de boicot a llevar a cabo en caso de la detención de Puigdemont. La activista negó haber dado ningún tipo de "directrices" durante el juicio y aseguró que se limitó a traspasar información sobre lo que se había dicho en una asamblea local de un CDR. Ahora la juez le da la razón. "No ha quedado acreditado que la acusada enviara el audio a nadie más a parte de su grupo de amigos ni que lo difundiera a través de la aplicación WhatsApp, ni que ejerza funciones de coordinación de los llamados Comités de Defensa de la República", dice la resolución. 

Una investigación "poco seria"

La sentencia es dura a la hora de valorar la investigación de la Guardia Civil y de la Fiscalía. "Resulta poco serio que en una investigación policial por delitos tan graves como terrorismo, rebelión y sedición no se indique la fuente por la cual se obtuvo un mensaje que es la base de toda la investigación y de la acusación penal contra Tamara Carrasco", dice la juez. Durante el juicio, el guardia civil que lideró la investigación se contradijo con los agentes que participaron y aseguró inicialmente que "no recordaba" cómo habían obtenido el audio y que en este tipo de investigaciones a menudo daban "tiros a ciegas". Después planteó la posibilidad de un confidente. El resto de agentes admitieron que lo habían conseguido de las redes sociales.

En cuanto a la Fiscalía, la juez le reprocha que no haya aportado "ninguna prueba" sobre el hecho de que en las acciones de protesta de los días 26 y 27 de marzo de 2018 "se cometieran delitos de alteración del orden público", porque el hecho de cortar una autopista o de rodear la estación de Sants, dice la sentencia, no lo son. Según la magistrada, esto solo ya imposibilita que se puedan atribuir a la activista de Viladecans estos hechos, pero es que, además, dice la sentencia, tampoco se ha aportado ningún indicio para acreditar que Carrasco "distribuyera o difundiera" el mensaje de audio de WhatsApp, ni de que lo hicieran terceras personas.

Abrir la puerta a una reclamación

La sentencia todavía no es firme y la acusación la puede recurrir. El entorno de Carrasco –que siempre ha defendido que había sido víctima de una causa política contra los CDR– ya ha abierto la puerta a reclamar una indemnización al Estado por el tiempo que la Audiencia Nacional la mantuvo confinada en su municipio o por el hecho de que le retiraran el pasaporte, como también apunta Salellas.

Ahora habrá que ver si este pronunciamiento judicial influye también en la situación de Adrià Carrasco, investigado en el marco del mismo procedimiento y exiliado en Bélgica. En declaraciones al ARA, Adrià Carrasco asegura que, de momento, no se plantea volver a Cataluña porque la suya y la de Tamara son "causas diferentes" y hay que ver el curso que sigue la suya. Ahora bien, sí subraya la importancia de la sentencia como "precedente" en las investigaciones contra los CDR. 

El + vist

El + comentat