El presidente y ponente Marchena se dispone a confirmar el fin de la instrucción

MadridUn equipo del Tribunal Supremo trabaja sin descanso para justificar por qué 296 diligencias solicitadas por las defensas de los dieciocho procesados que se sentarán en el banquillo no tienen mérito para reabrir la instrucción del juez Pablo Llarena y en cambio deben ser propuestas como medios de prueba para el juicio oral. El presidente del futuro tribunal, Manuel Marchena, ponente del auto de confirmación del final de la instrucción, propondrá una resolución a principios de la próxima semana para ratificar el cierre de la instrucción, paso previo de una segunda, tres días después, que abrirá la fase de juicio oral. Las defensas de dieciocho procesados que serán convocados al banquillo han elevado la propuesta de realizar doscientas noventa y seis diligencias de instrucción, razón por la cual han mostrado su disconformidad con el auto de conclusión del 9 de julio del juez Llarena. Para realizarlas, el tribunal de enjuiciamiento debería revocar ese auto y ordenar al instructor que las practique. Eso no va a ocurrir. La fundamentación de esa negativa o, mejor, de la confirmación del cierre, requiere una motivación detallada. El auto que redacta Marchena, según fuentes judiciales, será, por tanto, muy extenso.

El calendario es el siguiente: a primeros de semana, el lunes y martes, los cinco miembros del tribunal (Marchena, Varela, Berdugo, Martínez Arrieta, Del Moral), aprobarán la confirmación del cierre de la instrucción con un examen de las diligencias propuestas, que serán endosadas al juicio oral. Y, como señala el artículo 631 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, dentro del tercer día desde esa resolución, la sala dictará el auto de apertura de juicio oral. No hay ninguna disposición que excluya el recurso de súplica ante el propio tribunal para que reconsidere el auto de confirmación. Las defensas lo elevarán. Pero no tendrá efectos suspensivos, es decir, que a finales de la semana próxima podría dictarse el auto de apertura del juicio oral.

A partir del mismo, la Fiscalía y la acusación popular de Vox tendrán cinco días para presentar sus escritos. Luego, según el artículo 651, se dará traslado al abogado del Estado en calidad de acusación particular. El plazo se agotará aproximadamente la primera semana de noviembre, momento en que se dará cinco días a las defensas para elevar sus planteamientos. Tanto las acusaciones como las defensas deberán acompañar junto con sus calificaciones los medios de prueba que proponen, testigos y peritos. Estos últimos pueden ser recusados.

El tribunal decidirá tras examinar las propuestas y dictará un auto en el que establecerá qué pruebas son admitidas. Si se admiten las pruebas no cabe recurso; si se rechaza, procede en su día recurso de casación. Con este material, la letrada de Administración de Justicia, María Antonia Cao, señalará el día en que comenzarán las sesiones del juicio oral. Pero las defensas tienen, al tercer día de su plazo de calificación, que plantear los antes llamados artículos de previo pronunciamiento (declinatoria de jurisdicción, cosa juzgada, prescripción del delito, amnistía o indulto, falta de autorización administrativa para procesar en los casos en que sea necesaria, con arreglo a la Constitución y a Leyes especiales).

Estos asuntos se abordarán, antes del juicio oral, en una vista que podría exigir tres sesiones y que, según el calendario que baraja el Supremo, tendrá lugar en la primera semana de diciembre. El tribunal tendrá que resolver a continuación. El tribunal, según fuentes judiciales, aplicará escrupulosamente lo que dice la ley de Enjuiciamiento Criminal y dictará primero el auto de confirmación del final de la instrucción y después el de apertura de juicio oral en lugar de incluir ambas en un solo auto, como se hace en algunos casos.

Con todos estos pasos, el juicio oral podría comenzar avanzado el mes de enero o primeros de febrero de 2019. Sobre la duración parece difícil hacer cálculos serios porque ello solo se podrá precisar después de aprobarse los medios de prueba, que determinarán la duración de las sesiones de juicio oral. En todo caso nunca durarán menos de tres meses y podrían, razonablemente, prolongarse más tiempo.