El juez que archivó la causa omitió en 2018 que el rey no declaró bienes ni cuentas corrientes en el extranjero

El auto de reapertura de García-Castellón, auténtica caja de Pandora

La atenta lectura del auto de catorce folios del juez Manuel García-Castellón revela las contradicciones de la escasa o nula investigación que llevó al archivo forzado de la pieza sobre Corinna zu Sayn-Wittgenstein y Juan Carlos I en 2018. El juez Diego De Egea omitió revelar en su auto del 7 de septiembre de 2018 el contenido de un informe de la Agencia Tributaria, según el cual el Rey Juan Carlos I no y había declarado bienes ni cuentas corrientes en el extranjero. Ahora afloran algunas de las extrañas, por aceleradas, decisiones de archivar la causa.

El juez De Egea abrió la pieza Carol a raíz de la filtración a dos medios digitales que resultaron beneficiarios de la difusión de los audios (OK Diario y El Español) con las conversaciones de Londres, en el verano de 2015, entre Corinna, el ex comisario Josè Villarejo y el intermediario entre ambos, el amigo y compañero de estudios al que José María Aznar nombró presidente de Telefónica, Juan Villalonga. De Egea,  juez de refuerzo en el  central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional -cuyo titular es Manuel García-Castellón- abrió las diligencias previas el 20 de julio de 2018. Y las archivó el 7 de septiembre. Es decir que la "investigación" contó con 11 días de julio porque el mes de agosto se paraliza normalmente la actividad judicial, y menos de una semana de septiembre.

Ahora el juez García Castellón narra que el 6 de septiembre de 2018 "se recibe oficio policial en el que se acompaña transcripción literal de la grabación mantenida entre José Manuel Villarejo, Juan Villalonga y Corinna, según el archivo encontrado en el dispositivo reseñado en el domicilio de [socio y abogado] Rafael Redondo". Prosigue el juez: "Con igual fecha de 7 de septiembre de 2018 tuvo entrada en este juzgado el informe del Ministerio Fiscal en el que se  solicita el sobreseimiento provisional de la presente pieza separada". El juez De Egea, pues, el mismo día 7 de septiembre de 2018 dicta el auto de sobreseimiento.

El juez resta credibilidad a las manifestaciones de Corinna y sobreseer porque el testimonio carece de soportes probatorios, carece de verosimilitud. Señala: "Verosimilitud del testimonio realizado el cual ha de estar rodeado de algunas corrobaraciones periféricas de carácter objetivo sobrantes en el proceso, lo que supone que el propio hecho de la existencia del delito está apoyado en un dato añadido a la pura manifestación subjetiva de la víctima, exigencia que habrá de considerarse adecuadamente en delitos que no dejan huellas o vestigios materiales de su perpetuación. Debemos destacar que en ninguno de los documentos formados World o PDF localizados en la carpeta principal no hay ningún dato añadido que justifique las manifestaciones. Ni tampoco Doña Corinna aportó documentación en la que pudiera fundamentar las alegaciones efectuadas en la conversación".

Y como prueba de lo que afirma señala: "Igualmente destacar la contestación remitida por la Unidad Antifraude de la A.T. de 4 de septiembre, deducida del requerimiento de este juzgado, al objeto de que informase sobre la titularidad de cuentas de Su Majestad el Rey". Esta referencia omite el contenido. ¿Qué ha contestado la Agencia Tributaria? Ahora, casi dos años má tarde, deja constancia el juez titular García-Castellón en su auto del pasado 27 de julio.

Dice el juez: "Mediante providencia de 4 de septiembre [2018] se acuerda librar oficio a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (AEAT) al objeto de recabar determinada información sobre el Rey Emérito. La respuesta, de fecha 5 de septiembre de 2018, aparece unida en folio 71, en donde se señala que el Rey Emérito no ha presentado declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720). Tampoco hay constancia que el Rey emérito poseyera cuentas corrientes en el extranjero".