El juez resolverá a final de agosto sobre la imputación de Aguirre, Cifuentes y Monzón

MadridEl juez Manuel García-Castellón, titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, resolverá a final de agosto sobre las más de treinta imputaciones, encabezadas por las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, los exconsejeros de Sanidad Juan José Güemes y Manuel Lamela, y el ex presidente de la empresa Indra, Javier Monzón, en las cuatro piezas propuestas el viernes 2 de agosto por la Fiscalía Anticorrupción para avanzar hacia el procesamiento (conversión de las diligencias previas en procedimiento abreviado) en operaciones de presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid.

Las fiscales Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, con el respaldo activo del fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, han trabajado durante largos meses -al menos desde febrero de 2018- en la ordenación de las actuaciones sumariales de la Operación Púnica y Lezo relacionadas con actos de corrupción en la Comunidad de Madrid en la época del vicepresidente Francisco Granados y los presidentes Aguirre y González.

La pieza de financiación irregular que ha quedado perfilada, según los escritos de las fiscales del viernes 2 de agosto, coordina actuaciones de la Operación Lezo (centrada en las actividades de Ignacio González tanto en el Canal de Isabel II, de la que fue presidente, como en la presidencia de la Comunidad de Madrid) y la Púnica.

Los escritos presentados por las fiscales, según dijeron fuentes jurídicas, son cinco y superan los 200 folios. Junto a ellos existe un documento de 37 folios que reorganiza el mapa de piezas de Púnica.

De las 16 piezas iniciales más la principal se pasa ahora a 11 más la principal.

Todas estas piezas no pueden ser investigadas en plazos ilimitados. El juzgado tiene ahora menos de un año para terminar la investigación, la cual, según una resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del pasado mes de abril, debe concluir antes de junio de 2020.

Aunque el juez había considerado la posibilidad de dictar los autos (resoluciones judiciales) que se derivaban de la solicitud de la Fiscalía del pasado viernes 2 de agosto antes de iniciar una parte de sus vacaciones este viernes 9 de agosto, la complejidad de la causa ha aconsejado, según fuentes consultadas por ARA, trabajar los asuntos una vez que regrese de su descanso aprovechando el resto del mes de agosto. La ronda de declaración de investigados comenzará en septiembre próximo.

Lo primero que tendrá que resolver el juez García-Castellón, según las fuentes consultadas, es delimitar cada una de esas once piezas. Y luego en esas piezas definitivas tendrá que acordar las diligencias tendentes a finalizar la investigación.

En cuatro de esas piezas separadas la Fiscalía pide entre nuevas imputaciones y preexistentes investigar a más de treinta personas.

Se trata de las siguientes piezas: contrataciones de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez en los que se investigan presuntos amaños en los contratos públicos de eficiencia energética de más de una decena de consistorios de la Comunidad de Madrid;Las actividades de la llamada “la CAM de Francisco Granados” es decir, la etapa de Francisco Granados en la Comunidad de Madrid; la financiación presuntamente irregular del PP de Madrid o según la Fiscalía Anticorrupción “los hechos concernientes al desvío de fondos para pago de gastos del partido Popular de la Comunidad de Madrid”; y, por último, las actividades producto de la “la contratación de Alfedel”, la empresa de asesoría escolar de la trama de Púnica para montar la construcción de una red de colegios concertados a través de concursos públicos presuntamente amañados.

En la lista de nuevos investigados elevada por la Fiscalía están, al menos, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Juan José Güemes, Manuel Lamela, Borja Sarasola y Javier Monzón.

Y entre los que ya están imputados se encuentran Silvano Corujo, exdirector de la Agencia Informática y de Comunicación (ICM) de la Comunidad, el que fuera consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, así como Javier de Andrés, consejero delegado de Indra en el momento de los pagos de Indra que supuestamente encubren financiación irregular de las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011, ejecutivo que fuera destituido, en diciembre de 2017, por el nuevo equipo de Indra liderado por Fernando Abril Martorell.

Y continúa en calidad de investigado Beltrán Gutiérrez Moliner, que fuera gerente del PP de Madrid en la época de Esperanza Aguirre.