La segunda ola del Estado Judicial o Penal ya está aquí

La cruzada contra Iglesias y Podemos pasa de los aparatos a los jueces

La ‘primera ola’ de la ofensiva contra Pablo Iglesias y Podemos empezó en enero de 2016, veintitrés días después de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, en las que el partido morado obtuvo en el Congreso de los Diputados, con la suma de todas las coaliciones electorales, 69 escaños. 

El día 12 de enero esa ofensiva afloró en los medios de comunicación. Para ello, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía ya llevaba trabajando meses en una operación encubierta, clandestina. 

El comisario Andrés Gómez Gordo, ex asesor de la presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, hasta perder las elecciones en 2015, acabó de redactar el ya célebre informe-basura sobre Pablo Iglesias -el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA)- desde la Dirección Adjunta de la Policía e inmediatamente se puso en marcha un plan de difusión.  

El ataque se abriría por el flanco de un medio digital creado en septiembre de 2015 para este tipo de actividades. OK Diario publicó la primera “noticia” sobre la financiación iraní de Podemos el 12 de enero de 2016. 

Era la señal de partida. El llamado sindicato Manos Limpias presentó enseguida, en el mes de febrero, una querella en la Sala Segunda del Tribunal Supremo con el “soporte” del informe PISA. Y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) presentó, también en febrero, con la firma de su jefe, Manuel Vázquez López, una denuncia dirigida al Tribunal de Cuentas sobre presunta financiación ilegal de Podemos. Y el soporte era, faltaba más, el informe PISA. 

En los primeros días de marzo de 2016, Vázquez López, a punto de abandonar el puesto para asumir como jefe superior de Policía de Galicia, rindió su último servicio en ese cargo al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Habida cuenta de sus contactos con algunos magistrados de la Sala Segunda, Fernández Díaz le pidió que les ilustrara sobre el informe elaborado por el comisario Gómez Gordo. En aquellas fechas, fiscales y jueces se aprestaban a pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la querella de Manos Limpias. 

La Sala de Admisión, integrada por Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda y de la Sala de Admisión, y los magistrados José Ramón Soriano, José Manuel Maza, Francisco Monterde y Ana María Ferrer, rechazó el ofrecimiento del jefe de la UDEF en aquellos días de marzo.  

La iniciativa del comisario Vázquez López se dirigió al ponente de la querella, José Manuel Maza, quién según fuentes judiciales, filtró, molesto, la oferta del comisario. 

El 13 de abril de 2016 la Sala de Admisión rechazaba la querella y señalaba que el informe PISA de la Dirección Adjunta Operativa "no aporta u ofrece algún indicio accesible y racional" de que se haya cometido un delito. 

La querella fue una de las decenas presentadas contra Pablo Iglesias y dirigentes de Podemos y desestimadas por los tribunales. 

Aquella ‘primera ola’ fracasó. Pero personajes claves de la Dirección Adjunta Operativa de aquellos días siguen activos en otros puestos.  

El inspector jefe de policía Pedro Agudo Novo, que fuera jefe de gabinete del entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, fue nombrado por éste último, antes de su cese, jefe de la unidad policía judicial adscrita a los tribunales y fiscalía de Madrid.  

Otros policías como Gómez Gordo, redactor del informe PISA, e imputado en la Operación Kitchen -espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas- ejerce la jefatura de una comisaría en Madrid (Centro) mientras que el inspector José Ángel Fuentes Gago, cuyo papel fue estelar en operaciones de guerra sucia -como la cuenta falsa del exalcalde Xavier Trías en Suiza o noticias fabricadas contra Podemos- está adscrito a la secretaria general de la jefatura superior de policía de Madrid. 

Ahora ha llegado la 'segunda ola' de la ofensiva contra Iglesias y Unidas Podemos. 

Después de un intento fallido de la juez Carmen Rodríguez-Medel de implicar al gobierno de Pedro Sánchez, a través del delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en una presunta prevaricación a raíz de las manifestaciones del 8-M en momentos de propagación del coronavirus, la estrategia de la derecha pone nuevamente en primer plano a Pablo Iglesias y Unidas Podemos. 

La causa Tándem-Villarejo con decenas de piezas de gran importancia para la investigación de la corrupción en España   se ha convertido en el caso Dina, la excolaboradora de Iglesias a la que robaron su teléfono móvil, cuya tarjeta fue copiada y entregada por dos periodistas de la revista Interviú al policía José Villarejo y su contenido filtrado a varios medios de comunicación. 

La investigación del juez Manuel García-Castellón ha descartado a Iglesias como perjudicado y, de hecho, se le está investigando a él para determinar si pudo perpetrar una estafa procesal con la idea de elevar una exposición razonada al Supremo si se consigue pescar información comprometedora. 

Y, al tiempo, el titular del juzgado 42 de Madrid, Juan José Esacalonilla, ha admitido a trámite una querella del abogado José Manuel Calvente, despedido de Unidas Podemos, por presunta financiación ilegal y otros delitos. El juez ha confiado las tareas de investigación a la unidad de policía judicial de los juzgados y fiscalía de Madrid, a cargo del ya citado inspector Agudo, exjefe de gabinete de Cosidó. Aunque en estos momentos se encuentra en un curso para comisarios, sigue a cargo de la mencionada unidad y la frecuenta, según fuentes policiales consultadas por ARA. 

Tanto los juristas Bernd Rüthers, profesor emérito de la Universidad de Constanza (Alemania), como Jonathan Sumption, abogado y exmiembro del Tribunal Supremo del Reino Unido, han advertido sobre el avance de los jueces en los sistemas políticos. Con todo, tanto Rüthers (La revolución secreta. Del estado de derecho al estado judicial, sin traducción al catalán o al español) como Sumption (Juicios de estado. La ley y la decadencia de la política, versión española) se refieren a la actividad central en la vida política de los jueces del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, respectivamente. 

En España, se trata más bien del avance del “estado penal” (criminal en el derecho anglosajón), es decir, del ajuste de cuentas entre partidos e instituciones a través de la vía penal, aunque también en casos muy relevantes, como el referéndum del 1-O en Cataluña, a través de la Sala Penal del Supremo). 

“Las democracias avanzadas no se derrocan… las instituciones democráticas sufren un drenaje imperceptible de todo lo que con anterioridad las hacía democráticas. Las etiquetas seguirán allí, pero ya no describirán los contenidos. La fachada continuará en pie, pero sin nada detrás. La retórica de la democracia permanecerá inalterada, pero carecerá de significado. Y la culpa será nuestra”, concluye Sumption su ensayo.