El sesgo del auto que ha mandado a Sànchez y Cuixart a la cárcel

BarcelonaEl auto de la juez Carmen Lamela que ha mandado a prisión incondicional a los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, obvia una parte de los hechos del 20 de septiembre en la concentración ante las puertas de la sede de Economía. Asume la tesis del informe de la Guardia Civil que remitió sobre las movilizaciones.

La juez establece que para dictar prisión incondicional se necesitan una serie de circunstancias que considera que en el caso de Cuixart y Sànchez se cumplen. Dice que hay la "existencia de un hecho que presenta los caracteres del delito" y que existen motivos "para estimar criminalmente responsable a la persona contra la que se tenga que dictar prisión provisional". Ahora bien, hay hechos que la juez dice que están "comprobados", pero que se ponen en duda si se recuperan las declaraciones de Cuixart y Sànchez de aquella noche y los vídeos ante la sede de Economía.

Las diferencias entre el auto y las palabras de Sànchez y Cuixart

¿Cómo se convocó la concentración?

El auto dice que a través de las redes sociales de ANC y Òmnium se llamó a diferentes concentraciones. "A través de las citadas convocatorias se hacía una llamada, no a una concentración o manifestación pacíficas, sino para la protección" de sus gobernantes e instituciones, mediante "movilizaciones ciudadanas masivas", afirma el auto. Tiene en cuenta un whatsapp de Òmnium de las 9 de la mañana en el que se llamaba a concentraciones para "parar a la Guardia Civil". Ahora bien, en las intervenciones de Cuixart y Sànchez de ese día se hace referencia en todo momento a manifestarse de forma "pacífica" y "cívica". El día 20, al mediodía, los presidentes de la ANC y Òmnium convocaron en la plaza Sant Jaume de Barcelona. Cuixart pidió mantener en todo momento la "serenidad" mientras que Sànchez dijo que la "mejor respuesta a la tensión es una rosa, un clavel y una papeleta".

¿Como se desconvocó?

La juez sostiene que Sànchez y Cuixart "se erigieron" como los "interlocutores" entre los concentrados y los agentes y "negociaron" con los cuerpos de seguridad planteando opciones "que les convenían exclusivamente para sus fines políticos". Según Lamela, "nunca utilizaron" su "control" de la concentración frente a Economía para desconvocar la concentración. Para argumentarlo, la juez se refiere a algunas afirmaciones de Sànchez -dijo "que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa"- y Cuixart, que llamó a la "movilización permanente" hasta el 1-O.

Así, Lamela ignora todas las declaraciones que hicieron pidiendo a los manifestantes que se fueran a casa, mientras eran increpados por los concentrados. Cuixart se dirigió así a los concentrados: "Os pedimos que, en la medida de lo posible, de manera tranquila, hoy disolvamos esta convocatoria". El presidente de Òmnium convocó a los manifestantes al día siguiente en el Arco de Triunfo y les pidió que entonces sí llevaran "tiendas de campaña", como se puede ver en este vídeo.

Sànchez también cogió el megáfono para instar a todo el mundo a abandonar la concentración a medianoche y les pidió que no lo consideraran "un paso atrás" para el soberanismo, ante las críticas que comenzaron a recibir por parte de algunos manifestantes. Buena parte de la gente ya se había ido antes de las 12, pero unas quinientas personas acabaron siendo desalojadas por los antidisturbios de los Mossos.

¿Cómo salió la comitiva judicial?

La juez argumenta que la "finalidad inmediata" de los concentrados era "impedir" la entrada y el trabajo de la comitiva judicial que registraba el edificio. "Dada la multitud de gente que todavía seguía en la calle, los agentes y la letrada de la administración de justicia quedaron acosados y retenidos en contra de su voluntad dentro del edificio". Según Lamela, los manifestantes "impidieron" que salieran.

Así, el auto no dice en ningún momento que el presidente de Òmnium pidió con insistencia dejar que los Mossos hicieran un cordón para dejar salir a la comitiva judicial. "Os pido por favor que les hagáis caso y dejéis que hagan el pasillo", dijo. Ante las críticas de los concentrados, Cuixart insistió: "Dejad que la policía haga su trabajo. A la comitiva judicial no la podemos parar. En serio, compañero, me dejo la piel como tú". Se puede ver en este vídeo.

Un auto controvertido

¿Hechos objetivos o interpretación política?

La juez argumenta que la "finalidad inmediata" de las personas que protagonizaron los actos del día 20 y 21 de septiembre (ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) "estaba orientada a impedir que funcionarios y fuerzas de seguridad pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la ley". Pero añade: "La finalidad última de estas movilizaciones era conseguir la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo conscientes de que desarrollaban una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y, en particular, de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución".

Es este párrafo sobre el que se han centrado la mayoría de críticas al auto de la juez. Varios abogados consultados por el ARA critican que en este párrafo la magistrada hace referencia a las motivaciones políticas de los encausados y no a los hechos objetivos que se instruyen.

¿Derecho de manifestación o sedición?

Tal como defensa el informe de la Guardia Civil, la juez asume que todo forma parte de una confabulación con el objetivo de conseguir la independencia de Cataluña. La juez dice: [Los hechos del 20 y 21 de septiembre] "no fueron una protesta ciudadana aislada, casual o convocada pacíficamente en desacuerdo con unas actuaciones policiales llevadas a cabo por orden de un juzgado de instrucción. Por el contrario, las actividades descritas se enmarcan dentro de una compleja estrategia con la que desde hace tiempo colaboran los investigados Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña".

Es decir, la juez cree que no se estaba ejerciendo el derecho de manifestación sino que forma parte de un plan para lograr la independencia y, según ella, constitutivo de un delito de sedición. De hecho, varios abogados de Barcelona aseguran que Lamela se ha inventado el delito de "alzamiento tumultuario pacífico".

¿La vía para ilegalizar a las entidades?

La juez presenta a la ANC y Òmnium Cultural como dos de las entidades que integran "un grupo organizado de personas" que se encargan de impulsar, "fuera de las vías legales, la independencia de Cataluña". De hecho, en el auto se recuerdan movilizaciones y actos de promoción del referéndum en días previos y posteriores al 20 de septiembre protagonizados tanto por Sànchez como por Cuixart. Hay quien interpreta que este párrafo abre a ilegalizar a las entidades soberanistas. Un hecho que las mismas entidades han preferido no valorar, indicando que si esto sucediera ya se podría decir que España es una "dictadura".

Uno de los hechos previos que cita la juez se sitúa el 25 de septiembre en Badalona. Allí, varios agentes de la Guardia Civil requisaron material sobre el referéndum y un grupo de unas veinte personas en actitud "cada vez más hostil", entre ellas Cuixart, pidió a los agentes que les devolvieran el material. La juez, en base a la versión que le da la Guardia Civil, explica que Cuixart y el teniente de alcalde de Badalona José Téllez cogieron el material requisado de dentro del coche oficial y que Téllez lo repartió entre las personas allí reunidas.

Posibilidad de fuga, de ocultación de pruebas y de reincidencia

Para justificar la necesidad de prisión preventiva, el auto de Lamela recuerda que se debe perseguir alguno de estos tres objetivos: evitar el riesgo racional de fuga, teniendo en cuenta que Sànchez y Cuixart están acusados del delito de sedición penado con hasta quince años de prisión; evitar la alteración, ocultación o destrucción de pruebas; y evitar la reincidencia, es decir, la posibilidad de que sigan movilizando a la gente para conseguir "la independencia por vías ilegales".

A pesar de la contundencia que lleva a la juez a concluir que los presidentes de la ANC y de Òmnium tienen que seguir acusados y, además, tienen que quedarse en la cárcel, también recuerda en un momento concreto que, al menos hasta que haya sentencia, tanto el uno como el otro son presuntamente inocentes.