Amnistía relata cómo Madrid y Catalunya dejaron morir a la gente mayor en las residencias

La ONG describe hasta cinco violaciones de los derechos humanos en la gestión de la pandemia en estos servicios

Como un auténtico infierno describe Amnistía Internacional (AI) la situación de las residencias de gente mayor durante la crisis del coronavirus. Unos residentes a quien se les ha negado la atención médica porque no se los trasladaba a un centro hospitalario, o que han tenido que pasarse semanas solos, sin ningún contacto con sus familiares, mientras afuera había familias desesperadas para obtener alguna información de su estado. Hasta cinco vulneraciones de derechos ha detectado AI en la gestión de la pandemia durante la primera oleada: "Se ha violado el derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación de las personas mayores, a una muerte digna y el derecho a la vida privada y familiar", detalla Esteban Beltrán, director de la organización en España.

En un informe titulado gráficamente Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en EspañaAmnistia denuncia la reacción tardía y lenta de las autoridades sanitarias para responder a la especial vulnerabilidad de las residencias. En este sentido, se detalla que los profesionales tardaron semanas en disponer del material de protección necesario, cosa que ocasionó un gran número de bajas entre las plantillas y, también, que el coronavirus se esparciera rápidamente y afectara a la gente mayor. "A pesar de que durante estos meses se han mejorado determinados aspectos, algunas de estas preocupaciones continúan vigentes", advierten. Y apuntan que fue "el esfuerzo y la dedicación" de las plantillas lo que en muchos casos consiguió insuflar dosis de humanismo a una situación de deshumanización.

El informe recoge las denuncias por la falta de atención médica de los usuarios de las residencias, víctimas involuntarias de la saturación en los hospitales. Con Elena Valero la dirección de la residencia madrileña donde estaba ingresado su padre se disculpó porque tenían órdenes de la comunidad de no derivarlo a ningún centro hospitalario y la atención se limitó a suministrarle "oxígeno y [cuidados] paliativos". Finalmente murió y su hija recuerda que es "la cosa más dura" que le ha tocado vivir.

Sin visitas

Su caso se repite en la mayoría de las más de 23.000 personas muertas en las residencias por coronavirus. "No fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas en hospitales cuando lo necesitaban; se vieron aisladas en la habitación, a veces durante semanas, sin contacto con los familiares, y en algunos casos ni siquiera pudieron morir dignamente", explica la ONG, que lamenta que continúan sin estar garantizadas las visitas de familiares y se evita el traslado de la gente mayor a los hospitales.

Para Amnistía, las medidas adoptadas por los gobiernos catalán y madrileño "se implementaron de manera incoherente" y no llegaron a dotar de acceso adecuado a los servicios de salud a las personas mayores que viven en residencias. En este sentido, se critica que los planes de contingencia se diseñaran para aplicarse "de manera automatizada y en bloque", sin tener en cuenta valoraciones individualizadas, cosa que dificultó el acceso a un tratamiento adecuado a los pacientes de covid u otras patologías. La familia de Pedro Rodríguez, de 89 años, consiguió que lo trasladaran al Hospital Clínic, primero, y después al Sagrat Cor de Barcelona, a pesar de que una doctora había insistido en que "por protocolo" no hacía falta derivarlo. Una vez ingresado fue diagnosticado con un  neumonía bilateral, insuficiencia renal y deshidratación aguda. Y a pesar de que el hombre sobrevivió, sufre las consecuencias "no solo del coronavirus, sino del aislamiento en la residencia", explica el informe.

Así, ante la segunda oleada de la pandemia, Amnistía pide a las autoridades adoptar medidas urgentes para garantizar que cualquier decisión para combatir la pandemia respete los derechos humanos y que se asegure que las decisiones médicas se hacen a partir de evaluaciones individualizadas. Además, reclama que se garantice un contacto regular entre residentes y familiares e insta al gobierno español a impulsar la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado.