ONGs internacionales señalan a Andorra por el acoso a la psicóloga que lucha para que abortar sea legal

BarcelonaAndorra tiene que poner fin "al acoso judicial y las amenazas" contra Vanessa Mendoza Cortés, la psicóloga que preside Stop Violències y que hace años que lucha para que las mujeres puedan abortar legalmente en Andorra y no tengan que irse afuera. Esta es la petición urgente que ha trasladado a las autoridades andorranas el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, un programa impulsado por la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura. Señalan que, con sus actuaciones, Andorra parece que tenga como único "objetivo" castigar a Mendoza por sus "legítimas actividades de derechos humanos".

Como explicó el ARA en un reportaje, Stop Violències hace años que reivindica que el aborto sea legal en Andorra, donde el modelo de estado del país, sostenido por el coprincipado formado por el presidente francés y el obispo de Urgell, impide que las mujeres puedan acceder a estos derechos y a la vez hace que cada año más de cien se vayan a abortar a Catalunya.

El observatorio remarca que ha constatado por "fuentes fiables" que Mendoza está siendo "asediada y amenazada judicialmente" por su actividad como defensora de los derechos de las mujeres y para exigir que el aborto sea legal en el país. "Stop Violències y la señora Mendoza Cortés son víctimas de una campaña de difamación del Gobierno de Andorra, realizada en los medios de comunicación y en las Naciones Unidas, con el objetivo de minar la credibilidad de su trabajo, para disuadir a las mujeres de contactar con la asociación", dice en su escrito el organismo dependiente del OMCT, que describe las situaciones que vive la presidenta de Stop Violències: Mendoza "recibe regularmente llamadas telefónicas sin que nadie le responda", le han manipulado el ordenador personal, ha sido seguida "regularmente" por coches no identificados y la han detenido "al azar los agentes de la policía de Andorra".

Por eso, concluye el observatorio, Mendoza "tiene miedo por su bienestar" y su "integridad física", y está recibiendo una "falta de garantías" en las investigaciones penales que tiene abiertas, que derivan de unas declaraciones que hizo en un documental y en un informe ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Cedaw) en octubre de 2019. Mendoza, continúa el texto, se enfrenta a cuatro años de prisión acusada de "difamación con publicidad" contra el Gobierno de Andorra, "difamación contra los copríncipes" y "delitos contra las instituciones".

El observatorio insta a las autoridades andorranas a "poner fin a todos los actos de acoso –incluido en el ámbito judicial–" contra la presidenta de Stop Violències. La petición va dirigida, entre otros nombres, al primer ministro de Andorra, Xavier Espot, y a los dos copríncipes del país, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el obispo de Urgell, Joan-Enric Vives.