Denuncian a Cercanías ante la Fiscalía por no garantizar la distancia y poner en riesgo la salud de los usuarios

La plataforma de activistas Xnet hace un llamamiento para que los afectados manden documentación

El transporte público ferroviario pone en riesgo la salud de los usuarios y vulnera sus derechos. Eso es lo que opina la plataforma de activistas liderada por Simona Levi, Xnet, que ha presentado una denuncia contra Cercanías ante la Fiscalía Provincial de Barcelona y otra ante la Agència Catalana de Consum en la que pide que se abran investigaciones y expedientes. Además, ha iniciado varios procedimientos contra las administraciones y titulares responsables porque considera que ni Renfe, la operadora, ni Adif, titular de la infraestructura, ni la Generalitat, titular del servicio, ni los ministerios responsables han tomado las medidas necesarias para que se garantice la distancia de seguridad y no haya riesgo en los desplazamientos.

Así mismo, la plataforma ha hecho un llamamiento a los usuarios para que documenten la situación con imágenes y tickets y envíen el material a Xnet o lo cuelguen en Twitter con el hashtag #renfecovid, para poder abrir nuevas denuncias.

Con el objetivo de adoptar medidas para poner remedio a la situación, han dirigido cartas al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el conseller de Territorio, Damià Calvet, y la consellera de Salud, Alba Vergés.

Calvet insiste en que viajar en transporte público es seguro

La plataforma insta a las administraciones y las compañías ferroviarias a responsabilizarse de la situación. "Las medidas anunciadas se han dirigido a responsabilizar a los usuarios para que no utilicen el transporte público en hora punta sin que se haya ampliado la capacidad y la frecuencia de los trenes ni se haya establecido ninguna referencia de la ocupación de los medios de transporte, contrariamente a lo que se ha hecho en casi todos los países de nuestro entorno", apuntan en un comunicado. Y denuncian una democracia "a dos velocidades según las posibilidades económicas" que perjudica a ciertos sectores como la restauración y a las personas que no pueden teletrabajar porque se tienen que desplazar en el centro de trabajo o tienen que atender a otras personas.

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