El Congreso entierra la ley Wert dividido por el catalán y la escuela concertada

La ley Celaá avanza pero no tiene el consenso suficiente para que se aplique a largo plazo

La octava ley de educación sale adelante en el trámite parlamentario después de su aprobación en el Congreso de Diputados por 177 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País y Compromís), 148 en contra (PP, Cs, Vox, Coalición Canaria, la CUP, el PRC, UPN y Foro Asturias) y 17 abstenciones (JxCat, Bildu, BNG y Teruel Existe). Ahora la iniciativa legislativa se enviará al Senado, y después volverá al Congreso para ser aprobada definitivamente. Ahora bien, la carencia de consenso educativo y político pone en riesgo su aplicación a largo plazo.

La bronca durante el debate en el Congreso de Diputados ha puesto de nuevo en evidencia que la educación es un arma política para muchas formaciones. La ley se aprobará por aritmética parlamentaria y porque la mayoría del Congreso quiere dejar enterrada la ley Wert, tal como han reivindicado los partidos que han votado a favor, que han celebrado que se deje atrás una ley "centralista, segregadora y retrógrada". Pero, más allá de este gesto con mucha carga política y simbólica, no hay acuerdo. La misma ministra, Isabel Celaá, ha reconocido que le habría gustado tener "más consenso" y ha acusado el PP, Vox y Ciudadanos "de autoexcluirse del debate". 

Los tres partidos de la derecha han gritado "Libertad" y han picado con las manos la barandilla del hemiciclo en señal de rechazo, mientras desde los escaños del PSOE y Unidas Podemos aplaudían la aprobación en el Congreso. Un buen resumen de la división política que existe ante la nueva normativa educativa. La oposición ha sacado la artillería contra el gobierno tildando la ley de "genocidio lingüístico" e "instrumento separatista". Ya hace días que están sublevados porque los partidos del gobierno español y ERC han introducido una enmienda que elimina el castellano como lengua vehicular, a pesar de que esto no significa que se blinde la inmersión lingüística. Este ha sido, sin lugar a dudas, el punto más polémico de la ley, al menos según los diputados. 

Discrepancias entre los partidos catalanes

PP, Ciudadanos y Vox, con duras intervenciones, han acusado al gobierno central de convertir las escuelas en "fábricas de independentistas", de "romper la Constitución" y de "reforzar el secesionismo" para eliminar de la normativa que el castellano sea "vehicular", cosa que dicen que hará desaparecer el castellano de la escuela en Catalunya. Esta enmienda también ha provocado discrepancias entre los partidos catalanes, porque mientras para ERC "blinda el catalán como lengua vehicular", para JxCat y la CUP no hace intocable la inmersión. 

En general, en el Congreso se ha hablado poco de pedagogía y educación, y mucho lengua y política, y se ha hecho patente la enorme distancia y tensión que hay entre derecha e izquierda, que también se han enfrentado por otras modificaciones polémicas, como la prohibición de que los colegios concertados separen los alumnos por género o el papel de la asignatura de religión, que ya no contará para hacer medias. 

La nueva ley de educación entierra los planes de Wert pero no hace intocable la inmersión lingüística

Papel de la escuela concertada

Se elimina el concepto de "demanda social" que permitía abrir plazas en las escuelas con más demanda

Uno de los puntos que han generado más controversia en el debate es el papel de la escuela concertada, que precisamente es uno de los sectores más combativos contra la ley, después de recoger 1,5 millones de firmas virtuales contra lo que consideran un "ataque" a su modelo educativo, que representa el 25% del total de alumnos escolarizados en el Estado. Este sector critica que la ley elimine el criterio de "demanda social", porque dicen que "reduce la capacidad de las familias para escoger escuela". Se trata de un concepto que introdujo el PP de Aznar –ni la ley de Zapatero ni la ley Wert la eliminaron– para que se tuviera en cuenta la demanda de matriculaciones a los centros concertados a la hora de ofrecer las plazas en las escuelas y permitía que las concertadas con más demanda pudieran sacar más plazas si así lo querían las familias. 

Según el gobierno español, el concepto de "demanda social" era una "medida segregadora" y se ha acabado convirtiendo en la vía para ceder suelo público gratis a las escuelas concertadas. Ahora la nueva ley establece que la creación de nuevos centros se hará teniendo en cuenta "la oferta existente de centros públicos".  De hecho, durante el debate se han tumbado las 600 enmiendas presentadas a la Lomloe, incluida la del PNV y Junts per Catalunya (con el apoyo del PP, Cs y Vox) que especificaba que se tiene que programar la oferta educativa teniendo en cuenta el existente en los centros públicos y la autorizada en los centros concertados. Estos partidos interpretan que la ley implica la desaparición del modelo de escuela concertada. Según el PP, la ley Celaá provocará el "monopolio estatal educativo", y el presidente de los populares, Pablo Casado, ha firmado contra la norma a las puertas del Congreso. Según Vox, la normativa es "sectaria y peligrosa", y, según Ciudadanos, tiene "dudosas garantías democráticas". 

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Segregación escolar

Una "proporción equilibrada de alumnado"

Detrás de estas medidas está la voluntad del gobierno español de reducir la segregación escolar, uno de los principales problemas del sistema educativo estatal (y especialmente grave en comunidades como Catalunya). Es la primera vez que una ley de educación da pasos en este sentido y, de hecho, avala lo que ya ha empezado a hacer el gobierno catalán, porque da poder a las administraciones educativas de las comunidades para establecer "una proporción equilibrada de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que tenga que ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados". 

Además, establece que los centros públicos y concertados no podrán percibir cuotas por enseñanzas que tienen que ser gratuitas, ni tampoco se podrá obligar las familias a hacer aportaciones a fundaciones ni asociaciones, ni establecer servicios obligatorios.

Evitar la repetición de curso

Se podrá pasar de curso con alguna materia suspendida

Los alumnos pasarán de curso cuando así lo considere el equipo docente, a pesar de que tengan alguna materia suspensa. Celaá siempre ha defendido que tiene que ser una decisión "global y colegiada" decidir quién pasa y quien no pasa de curso, para avanzar hacia una evaluación más competencial y también limitar la repetición de curso, una medida que en España sufren un 28% de los alumnos (en la OCDE son el 11%), a pesar de que es cara e ineficaz. Las pruebas de competencias básicas así lo demuestran, porque los alumnos de 4º de ESO que han repetido algún curso sacan menos de 10 puntos en todas las materias que los que van al día. Cuando la nueva ley entre en vigor (si se aprueba en el Congreso tendrá que pasar por el Senado y volver al Congreso), se podrá repetir el mismo curso una sola vez, y dos veces como máximo a lo largo de la educación obligatoria. Se eliminarán las reválidas impuestas por Wert y los itinerarios en la ESO, que separaban los alumnos según sus capacidades. Para el PP, la ley "suprime la cultura del esfuerzo".

Profesores acusan al Govern de "regalar" el título de bachillerato

Bachillerato

Una nueva modalidad "general" y posibilidad de hacerlo en tres años

La Lomloe incorporará una nueva modalidad de bachillerato, más allá de la clasificación actual de humanidades, ciencias sociales, artístico y científico-tecnológico, que se denominará general y en la cual se combinarán materias del resto de itinerarios. Se podrá acceder con una asignatura suspensa y, en casos excepcionales, se podrá estudiar en tres años, y no en dos. Esta medida, de hecho, ya se ha empezado a aplicar en Catalunya, donde algunos institutos de Barcelona han creado un bachillerato de tres años con el objetivo de cargar menos los estudiantes que lo necesitan por su ritmo de aprendizaje. Con esta iniciativa se busca que esta etapa educativa, que normalmente está muy enfocada en la selectividad y a la universidad, también se considere un "itinerario" hacia la formación profesional de grado superior. 

Educación especial

Alumnos discapacitados en las escuelas ordinarias

Otro de los sectores sublevados contra la ley son las familias y los centros de educación especial, que aseguran que los planes del gobierno español los pone en riesgo. El proyecto de ley establece que en diez años los centros de educación ordinarios tendrán que tener los recursos necesarios "para atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad", en la línea del decreto de escuela inclusiva que se aprobó en Catalunya en 2017 y que se ha desplegado con cuentagotas por la carencia de recursos. A pesar de que en ningún momento se hace referencia al traspaso de alumnos de los centros de educación especial a los centros ordinarios, el sector considera que la ley "los vaciará" y los quiere cerrar. 

Educación sexual y fiscal

Se estudiarán las identidades sexuales y el papel de los impuestos

La única enmienda que ha salido adelante establece que la asignatura de valores cívicos y éticos tendrá que abordar el "papel social de los impuestos y la justicia fiscal". También se fomentará de manera transversal la educación para la salud afectivo-sexual, dando a conocer las culturas y las diferencias entre las personas en cuanto a las etnias, la orientación e identidad sexual, religión y creencias, u otras condiciones. 

Educación 0-3 años

Se reforzará... sin concretar como ni en qué plazo

La ley establece que se incrementarán progresivamente las plazas públicas de 0 a 3 años. Ahora bien, no dice los recursos ni los plazos para aplicarlo.

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