La Generalitat intenta parar los desahucios con un decreto de recorrido limitado

La decisión final continúa en manos de los jueces, que pueden seguir la legislación española

El Govern ha intentado dar un nuevo paso para evitar el alud de desahucios en plena crisis sanitaria. Este martes el consejo ejecutivo ha aprobado un nuevo decreto que puntualiza el anterior (de diciembre del 2019) para parar todos los desahucios, ya sean por impagos derivados de la crisis del covid o previos a la pandemia y hasta que se acabe el estado de alarma. ¿El problema? La misma consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha admitido en rueda de prensa que el ejecutivo "no tiene competencias" para parar todos los desahucios "de manera generalizada" y por eso ha pedido en el gobierno español que, o bien le traspase las competencias, o bien pare estos procesos a escala española, como hizo durante la primera oleada. Además, los jueces podrían –tal como ya pasó con el anterior decreto– decidir que se acogen a la ley española, que es homogénea para todo el Estado.

Así pues, el decreto que ha sacado adelante ahora el Govern podría tener un recorrido limitado. Lo que pretende, según fuentes del departamento de Territori, es "hacer todo el que esté en manos de la Generalitat" para evitar los desahucios. Así, tal como ha explicado Budó, el decreto pone negro sobre blanco que los grandes tenedores –bancos, fondos de inversión o propietarios con más de quince inmuebles en propiedad– no pueden desahuciar a ninguna familia vulnerable (que lo tenga acreditado con informes de servicios sociales) sin ofrecer antes un alquiler social y durante el periodo que dure el estado de alarma, es decir, hasta mayo del año próximo. Al colectivo de vulnerabilidad también se sumarían ahora los inquilinos con hipoteca y no solo con alquiler y, de manera excepcional, también los okupas que puedan demostrar que habitaban el piso de un gran tenedor antes del 25 de octubre (a pesar de que estos no tendrían derecho a negociar un alquiler social, según matiza Territorio). "No es una suspensión generalizada de los desahucios, pero va más allá de los efectos de la pandemia", ha asegurado Budó.

Hasta ahora el decreto anterior ya obligaba los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social antes de denunciar y ejecutar una orden de desahucio, pero tanto el Ayuntamiento de Barcelona como los movimientos sociales habían denunciado varias veces que este punto no se cumplía. De hecho, los jueces emitieron un posicionamiento conjunto explicando que aceptarían los desahucios aunque este punto no se cumpliera alegando que no estaba muy definido en la ley catalana.

Esta nueva norma, al igual que el anterior decreto del diciembre pasado, no afecta los medios ni pequeños propietarios afectados por ocupaciones o por impagos de alquileres e hipotecas, que podrán continuar reclamando sus propiedades como hasta ahora.

El papel de los Mossos d'Esquadra

Sobre el papel de los Mossos d'Esquadra durante los desahucios, cuando son requeridos por los juzgados, el decreto solo prevé que en caso de que los agentes reciban una orden judicial para ejecutar, antes de hacerlo tienen que solicitar un informe urgente a los servicios sociales competentes y comunicarlo a la Fiscalía. El objetivo es que se vuelva a valorar la situación de vulnerabilidad. La decisión, sin embargo, quedaría igualmente en manos del juez.

443 desahucios en 40 días en Barcelona

El caso es que, con el desconfinamiento, cuando los juzgados volvieron a su actividad normal, el alud de desahucios ha sobrepasado tanto las familias que los sufren como los movimientos sociales por una vivienda digna que intentan defender los intereses de los vecinos. Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, en 40 días (entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre) solo a la capital catalana se han producido más de 440 desahucios, es decir, una decena al día.

Este mismo martes la regidora de vivienda de Barcelona, Lucía Martín, ha explicado que estos procesos han afectado más de 1.200 personas, entre las cuales casi 500 menores. Según la regidora, el 80% de las familias afectadas tienen ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Estos datos están recogidas en un informe que ha elaborado la Unidad Antidesahucios del Ayuntamiento de Barcelona y que el consistorio ha enviado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a quien pide que pare los desahucios. "Hay que parar estos desahucios ya", ha exigido Martín.

Ayer lunes la alcaldesa, Ada Colau, ya advirtió que si no se encontraba una solución para las familias más vulnerables se corría el riesgo de que se produjese un "estallido social".

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