"Nunca he querido ocupar pero me han estafado y con los hijos no queremos vivir en la calle"

BarcelonaUnos golpes a la puerta rompieron todos los planes y esperanzas de la familia de Alae, nombre falso elegido con intención por un joven que prefiere guardar el anonimato. Al abrirla, dos agentes de seguridad privada le preguntaron qué hacía en aquel piso y cómo había entrado. "Les respondí que era mi casa y que tenía un contrato", recuerda ahora, una vez ha asumido que fue víctima de una estafa que le robó todos los ahorros con los que contaba para iniciar una nueva vida en Catalunya.

Alae había llegado desde Marruecos tan solo un par de meses antes de toparse con la realidad para "ver como estaban las cosas" a la otra banda del estrecho; por si tenían posibilidades de "mejorar un poco la vida", dice. Era junio del 2018 y durante unas pocas semanas se quedó con una familia conocida que le había dejado estar con su mujer y sus dos hijos pequeños. Los cuatro en una misma habitación. Poco espacio para tanta gente. Como en su país había podido ahorrar un poco, juntando todo lo que podía de su trabajo y de sus años como futbolista en un club de fútbol de Tetuan, Alae calculó que le daba para un alquiler barato mientras encontraba trabajo.

Los ahorros de fianza

El hombre preguntó, y un "paisano" le puso en contacto con un "español" que tenía el "piso de la abuela vacío". Lo fue a ver con su mujer, quedaron satisfechos y, como le dijo el propietario, dejó una fianza de 2.400 euros y 400 euros más para el primer mes. Todo por contrato, con un sello supuestamente legal que le dio cierta confianza. La familia se instaló en una finca del Raval de Barcelona con total normalidad. El 1 de septiembre "el español" volvió para cobrar la segunda cuota del alquiler y Alae explica que le reclamó un recibo de conformidad de los pagos, pero ya no hubo más.

El día siguiente, con el contrato, fue al Ayuntamiento de Barcelona y la familia se empadronó sin problemas, como ya había pasado cuando se dio de alta del agua. Y 24 horas más tarde, recibía los portazos de los dos guardas de seguridad que le pedían que hiciera las maletas porque el piso pertenecía a un fondo de inversión. "Les respondí que tenía contrato, pero allá ya vi que todo era falso", explica el joven, que sospecha que tanto el falso propietario como el otro hombre estaban compinchados. No ha sabido nada más de ninguno de ellos.

Juicio en febrero

Hipocat 11 –el fondo de inversión que es el "legítimo propietario" del piso– ha denunciado a Alae y a su mujer por ocupación ilegal de una vivienda en el juzgado de primera instancia, que citó a los demandados en abril. La pandemia ha aplazado la vista hasta febrero del año que viene. De momento, la familia continúa viviendo en el piso, sin más visitas ni presiones para que se marchen, dice, pero con una angustia que no les abandona. "Nunca he querido ocupar –explica Alae–. Pero me han estafado y no podemos quedarnos en la calle con los niños". La familia no se ha atrevido a denunciar a los dos hombres que supuestamente le han estafado por "miedo a la policía". Tampoco tienen permiso de residencia y esto pone más trabas para conseguir una solución a su problema.

Alae está sentado en una sala del Casal dels Infants del Raval, la asociación donde van sus hijos por las tardes y que le hace "acompañamiento" para ayudarlo en la pesada burocracia. "En el Casal vemos mucho sufrimiento con el tema de la vivienda, pero como el caso de Alae, ninguno", dice la trabajadora social referente de la familia, que reclama que se agilicen los trámites de regularización de los migrantes que no disponen de documentación legal. Sin el permiso de residencia, la familia no puede ser atendida por los servicios municipales ni acceder al ingreso mínimo vital y, además, las ONG –las únicas a quienes pueden recorrer– no consiguen gestionar todos los casos debido a las numerosas peticiones de ayuda.

Las organizaciones de derechos y humanitarias denuncian que siendo simpapeles se entra en un círculo vicioso muy difícil de salir porque para obtener alguna prestación social se requiere un mínimo de tres años de residencia y de arraigo. Y a Alae y su familia todavía les quedan unos cuántos meses de invisibilidad.

El hombre trabaja como puede: pinta casas, vende en mercados o trabaja en la construcción en situaciones tan precarias que hay veces que le "dan 15 euros por una jornada de sol a sol", dice. Sobreviven de pocas prestaciones de ONGs y ya han tenido que dejar de pagar el agua. "Lo único que quiero son papeles para trabajar", exclama, y admite que la situación está afectando también el nivel emocional de sus hijos.