Respuesta policial a los manteros: una solución incompleta

Barcelona"Saturar" el espacio con agentes, "represión", "abordaje" desde el punto de vista policial o "inseguridad". Son solo algunas de las expresiones que han copado los titulares de esta semana referidos al top manta. "Es una actividad ilegal en la vía pública que genera inseguridad y perjudica al pequeño comercio", ha repetido incansablemente el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, para justificar un dispositivo sin precedentes contra los manteros. Ellos han respondido desplegando la manta de noche o en otros lugares. Hasta el viernes, cuando cientos de personas -entre manteros y vecinos- se manifestaron en Barcelona para reclamar una salida social (y no policial) en el conflicto.

Todo ello, solo al cabo de dos meses y medio de las elecciones municipales y tras una campaña en la que la líder de los comunes en Barcelona, Ada Colau, intentó mantener el discurso social, mientras que el PSC, en cambio, lideró el posicionamiento más inflexible contra los manteros. A raíz de la necesidad de Colau de pactar con los socialistas para mantenerse a la alcaldía, parece que el discurso de la seguridad se ha impuesto al social en el nuevo mandato, al menos por ahora. "Ahora nos encontramos un supuesto gobierno municipal de izquierdas que se dedica a cumplir las fantasías más racistas de la derecha", lamenta Ulises Flores, portavoz del Espacio del Inmigrante y cercano al sindicato mantero.

Así, mientras el consistorio ha optado por endurecer la vía policial, los académicos advierten que, para resolver un conflicto social, hay que abrir más frentes. "Es básico organizar una mesa donde estén representadas todas las partes implicadas, desde los manteros hasta los turistas, pasando por los responsables de seguridad. Hay que hablar de las ilegalidades para evitarlas pero también buscar salidas para estas personas ", explica Xavier Pastor, profesor de conflictología de la UdG y la UOC. "Quizás este método es más lento, pero la solución será unánime y fuerte", apunta. Pastor considera que, aparte de "voluntad de todas las partes", es necesario un abordaje más complejo y pactar un "plan de trabajo" conocido por todas las partes. También cree que la negociación "debería incluir otros ayuntamientos".

De hecho, varios municipios de la costa catalana han pedido los últimos meses una respuesta conjunta al 'top manta'. Hasta ahora, sin embargo, cada uno ha aplicado sus recetas particulares, que van desde pintar carriles bici o poner paradas (para dificultar el despliegue de la manta) hasta aumentar la presión policial. Sin regulación conjunta.

Los consistorios no son los únicos que buscan soluciones. "Nadie quiere dedicarse a la manta, pero de alguna manera deben ingresar dinero!", exclama Flores, vinculado al sindicato de manteros, que asegura que este colectivo ya ha presentado "muchas propuestas" a las administraciones. "Antes, sin embargo, sería necesario que la administración les reconozca a ellos y sus propuestas como representantes de un colectivo, algo que no pasa", se queja este portavoz del Espacio del Inmigrante.

Los argumentos de la ilegalidad

Los académicos, la administración y los propios inmigrantes coinciden en que, como ocurre en otras cuestiones migratorias, el fenómeno del 'top manta' choca frontalmente con la ley de extranjería. Así, admiten que la ley española (que obliga a tener tres años de permiso de residencia antes de obtener el permiso de trabajo o conseguir un contrato de un año a jornada completa) impide las opciones de obtener ingresos por otra vía. El otro gran argumento es el de la ocupación de la vía pública y la venta ambulante, que sólo se puede practicar en zonas reguladas. "Hemos pedido muchas veces un espacio regulado donde puedan vender, pagando impuestos, y no hay manera", defiende Flores. Más allá de la venta ambulante y la competencia desleal que puede generar al pequeño comercio (la patronal Pimec lo cifró esta semana en 65 millones, en un informe propio), las autoridades policiales también han recurrido al argumento de que el negocio de la manta es ilegal porque se venden productos falsificados que perjudican a los negocios legales (el mismo informe de Pimec hablaba de pérdidas de 69 millones). Ante esta afirmación los manteros responden que los productos falsificados se acabarían si se combatiera la entrada de la mercancía en el país. "Venderíamos otra cosa", explica un mantero que prefiere preservar el anonimato. Flores deja en el aire otra reflexión: "¿Y las mantas que hacen trenzas? Y los que venden artesanía o pareos? De qué les acusan a ellos? "

De poner el foco en el plano social a pedir más Mossos

2015

La gestión del 'top manta' fue uno de los primeros puntos calientes que afrontó el gobierno de los Comuns. Pronto surgieron acusaciones de permisividad por las imágenes de manteros en lugares céntricos. "No hemos dado la instrucción de rebajar la presión", defendía Ada Colau, que aseguraba que lo que había hecho su equipo era "añadir más respuesta social". En septiembre, y después de un verano con tensiones entre policía y manteros -una mujer fue herida por un golpe de piedra-, la oposición acordaba el primer revés a Colau por el 'top manta'. Y en noviembre se impulsaba una mesa para buscar soluciones no sólo policiales.

2016

Vecinos y comerciantes llegaron a cifrar en un millar los manteros en el paseo de Joan de Borbó. Para evitar que tendieran la manta, a mediados de julio se desplegó un dispositivo policial por saturación como el que se hace estos días y, como prueba piloto, se instaló un 'skate park' para ocupar el espacio. El gobierno anunció el impulso de planes de empleo diseñados para manteros y dijo que intensificaría las multas a los compradores. Días después, Colau viviría en propia piel un escrache por la detención de un mantero que terminó encerrado en el CIE de la Zona Franca; la alcaldesa se salvó de la reprobración política por los pelos.

2017

En 2017 es el año que evidencia la caída del número de sanciones a la venta ambulante en Barcelona: pasaron, en un año, de 79.255 a 63.971. El equipo de Colau aseguraba que la actuación policial se había modificado tras comprobar que las denuncias "no funcionaban" para reducir la presencia de vendedores y que "dificultan los procesos de inserción sociolaboral". Defendía, en cambio, que se mantenían los decomisos de material falsificado. En 2017 tomó forma una de las alternativas laborales pensadas para manteros: la cooperativa Diomcoop, con 15 socios, que creó una línea de ropa.

2018

La plataforma de afectados por el 'top manta', creada en 2016, buscó la complicidad de los grupos de la oposición para pedir medidas urgentes a Colau. Tras reunirse con los comerciantes, la alcaldesa aseguró que el 'top manta' "es ilegal y no está permitido en ningún espacio de Barcelona". Colau ya había pedido aumentar el despliegue de Mossos en la ciudad y reiteró la petición para poder intensificar los dispositivos conjuntos. En noviembre se hizo uno en el Portal de la Pau y, ya en enero de 2019, otro en el vestíbulo de la estación de Plaza Catalunya. En agosto de 2018, la agresión de un grupo de manteros a un turista comportó la reprobación política de la alcaldesa.

2019

Los manteros fueron uno de los ejes centrales de la campaña de partidos como el de Valls o el PP. Ninguna de las dos formaciones participó en el debate con vendedores ambulantes. Colau insistió en la necesidad de reformar la ley de extranjería y, en campaña, defendió que la policía no podía ser la solución a todo. Una vez sellado el pacto con el PSC, Albert Batlle asumió Seguridad y su primera intervención, con Mossos y Policía Portuaria, fue el dispositivo fijo contra el 'top manta'. Interior consideró que el Ayuntamiento corregía su permisividad y Colau acusó a la 'conselleria' de no haber priorizado antes las necesidades de la ciudad.