SOS Costa Brava quiere cambiar el rumbo de la política urbanística de Cataluña

Insta a los municipios a destinar el 10% de las nuevas urbanizaciones a proteger terrenos

Maria Garcia
3 min
La cala d’Aiguafreda és un dels últims paratges verges que queden a la costa de Begur.

Balance "muy positivo" del primer año de vida de la plataforma SOS Costa Brava (SCB), que reúne unas treinta entidades ecologistas de la provincia catalana de Girona. Así lo ha valorado uno de sus portavoces, Sergi Nuss, que ha destacado el hecho de que el último año la Generalitat haya aprobado una moratoria que suspende, al menos temporalmente, la construcción de 20.000 viviendas en 165 sectores de 22 municipios del litoral gerundense. "Hemos conseguido que, de los dieciséis proyectos denunciados, nuevo se hayan incluido en la moratoria", ha proclamado Nuss, que también ha añadido que seis proyectos más están en los tribunales por recursos contenciosos administrativos que ha presentado la entidad. "Hemos logrado detener algunos de los grandes proyectos previstos, como la urbanización de Sa Guarda de Cadaqués, la prolongación de la C-32 de Lloret de Mar, las más de mil nuevas viviendas en la playa de Pals o las 40 que se querían levantar en el sector Roses 2 de Llançà", resaltó el abogado de la plataforma, Eduard de Ribot.

Ahora bien, SCB ha avisado que estará atenta al Plan Director Urbanístico que está redactando la 'conselleria' de Territorio y Sostenibilidad. El Plan decidirá el futuro de los 165 sectores que está estudiando. Una vez analizados, el departamento puede tomar tres decisiones: dejar los proyectos tal como están planificados, modificarlos para reducir su impacto o desclasificar los suelos donde están previstos. "Pedimos la desclasificación masiva de todos los terrenos incluidos en la moratoria", reiteró el abogado, que ha dejado claro que los proyectos que finalmente salgan adelante se encontrarán con la oposición de los ecologistas.

Y es que el próximo gran objetivo que se ha marcado la entidad para el año que viene es cambiar el modelo urbanístico de Cataluña. "Con la moratoria hemos conseguido parar las máquinas, pero no es suficiente. Hay que cambiar el rumbo de la política urbanística del país, porque la capacidad de carga del territorio se ha agotado y ya no caben más viviendas", ha defendido De Ribot.

Una de las medidas que proponen es que las administraciones adquieran terrenos situados en zonas de gran valor natural y ambiental "porque hay suficientes recursos para hacer otra política". En este sentido, el abogado recordó que siempre que se desarrolla un suelo urbanizable, es decir, cuando se hace una nueva urbanización, la ley obliga a los promotores a ceder un 10% de la superficie a los ayuntamientos. "Toda la destrucción de la Costa Brava ha ido acompañada de unos ingresos monumentales, porque el 10% de la promoción de la Costa Brava la tienen los ayuntamientos; no sabemos qué han hecho, pero subastando estos terrenos se tendrían recursos para proteger y conservar el resto del territorio".

También la Generalitat, según la entidad, podría comprar terrenos para preservarlos, ya fuera a través del Incasòl o creando un organismo para comprar y conservar terrenos. De hecho, la entidad presentó esta propuesta en el Parlamento hace unos meses para intentar que se aprobara una ley que lo permitiera. "En la Pineda d'en Gori de Palamós hay una parcela en venta donde se quiere construir un tercer bloque de apartamentos. ¿Por qué no lo compra el Ayuntamiento para evitar que se edifique más? ", ha puesto como ejemplo Nuss.

"La estrella de las chapuzas urbanísticas"

Uno de los municipios donde la entidad tiene más frentes abiertos es Begur. "Es el municipio estrella en cuanto a chapuzas urbanísticas del siglo XXI", ha calificado el portavoz. Y es que SOS Aiguafreda-Salvem Begur ha presentado denuncias y alegaciones al Ayuntamiento contra cinco proyectos del municipio: el de los Jardines de Sa Riera, la cala de Aiguafreda, la Pedrera s'Antiga, el chalet del Port des Pi y el sector de Montcal 2.

Después de que el Ayuntamiento de la población haya desestimado sus reclamaciones, la entidad ha llevado a los tribunales el proyecto de la Pedrera y próximamente presentará dos recursos contenciosos contra el chalet del Port des Pi y los Jardines de Sa Riera. "Exigimos valentía política a todas las administraciones; no sólo nos estamos jugando el futuro, también el presente, y hay que remediarlo", pidió la portavoz de SOS Aiguafreda, Lydia Chaparro.

Además de los proyectos de Begur, SOS Costa Brava ha presentado recursos contenciosos contra el Plan Especial Urbanístico de los Jardines de Cap Roig, la urbanización de Sa Guarda de Cadaqués, el chalet del Golfet de Palafrugell, Pinar de Gori de Palamós y la prolongación de la C-32 en Lloret de Mar.

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