El activismo trans da el salto a la política

SabadellTodo el mundo sabe qué se siente cuando su cuerpo, o una parte de este, le avergüenza. Porque está gordo, porque es feo o porque es visiblemente trans. “Las personas trans somos la punta del iceberg de un sistema que es una prisión para toda la sociedad”, dijo Eloi Martín desde el atril que colocaron este miércoles en la plaza Doctor Robert de Sabadell. A su lado lo escuchaban las otras personas trans que, como él, formarán parte de las listas electorales del 26 de mayo. Después de años militando en el activismo LGTBI y en asociaciones vecinales, este año ya son una decena las personas que han decidido dar el salto a la política. Este miércoles nadie quería hablar de siglas. Buscaban reforzar un mensaje común: hay que acceder a las regidurías de los pueblos para poder tener voz en la elaboración de políticas que incorporen sus realidades como personas trans. “Tenemos claro que debemos participar para hacer política, no queremos que nos la hagan”, reivindicaba Clara Palau, vecina de Sabadell que hace justo un par de años dio el paso.

Laia Cruañas se presenta por Girona. “Nosotros conocemos los problemas mejor que nadie”, afirma. Se refiere al lenguaje de las miradas de menosprecio por la calle, las agresiones, los abusos, los insultos o el acoso escolar. Un estudio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ya denunció que más del 40% de las personas trans encuestadas sufrieron amenazas o maltrato psicológico en 2018. La discriminación que sufren se infiltra hasta las estructuras más profundas del sistema: tardan años en poder modificarse el DNI, se encuentran con médicos que desconocen su realidad o tienen problemas con la custodia de los hijos si se divorcian. “Estas violencias a menudo son inconscientes, pero siguen alimentando el malestar”, añade Martín. En el ámbito laboral, el colectivo también es discriminado: el 85% de las personas trans está en paro, según datos de la UGT. “Se siguen fijando más en lo que es visible que en las capacidades”, lamenta Fina Campas, que se presenta por Sant Feliu de Llobregat.

Si han optado por acceder a los consistorios es porque consideran que son la administración más próxima a los ciudadanos y, por lo tanto, la que debería proveer una primera red de apoyo, “igual que lo hacen con las víctimas de violencia de género o las personas desahuciadas”, dice Judith Juanhuix, de Sant Quirze del Vallès.

Ahora habrá que ver cómo se canalizan las voces trans desde dentro de los consistorios. “Los partidos han demostrado que quieren incluir esta mirada; veremos ahora cómo la gestionan”, añade Fina Campas, que se presenta por Sant Feliu de Llobregat. Sea como sea, los expertos valoran positivamente que se quieran impulsar políticas trans desde el municipalismo. “El gran problema es la falta de marcos reguladores de los derechos de las personas trans que deben posibilitar una progresiva desaparición de la transfobia”, concluye Ramón Martínez, especialista en género.