Los centros de investigación catalanes reclaman una ley de la ciencia

En una comparecencia parlamentaria exigen que no se apliquen nuevos recortes presupuestarios

La previsión de los centros de investigación catalanes, agrupados en forma de lobby en la Asociación Catalana de Entidades de Investigación (ACER), no puede ser más alarmante. Si en un plazo de tiempo “razonable” no se aprueba una ley de la ciencia para Cataluña y no se revierten los recortes, “esto no aguantará”. Se refiere al sistema catalán de investigación, tecnología e innovación. Con esta advertencia se ha presentado este jueves Josep Samitier, presidente de la ACER, a la comisión parlamentaria de industria y conocimiento, donde ha expuesto los motivos de lo que considera una “situación frágil” desde la perspectiva de los centros de investigación.

“La coyuntura política y presupuestaria no ayudan”, admite Samitier, quien es también director del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC). Reconoce que medidas como la aprobación de una ley o alcanzar una estabilidad presupuestaria necesitan tiempo, y que este tiempo podría verse interrumpido ante la eventualidad de una convocatoria electoral anticipada. En este sentido, sin embargo, reclama que las iniciativas puestas en marcha en el marco del Pacto Nacional para la Sociedad del Conocimiento (PN@SC) se mantengan más allá de la actual legislatura “acabe cuando acabe”. “Tenemos algunos indicadores positivos, y la voluntad de la consellera [Àngels Chacón] es clara, pero todo se tiene que acabar plasmando”.

Los grupos parlamentarios, sin embargo, no se han puesto mayoritariamente de acuerdo por la aprobación de una ley de la ciencia catalana: tanto el PSC como ECP y la CUP han insinuado que un decreto ley o una normativa de medidas urgentes convendrían más por las necesidades y las demandas del sector. Sólo ERC y JxCat han apostado por la ley. “Si existiera, debería preservar el modelo actual, porque es un ejemplo de gestión”, ha asegurado Antoni Castellà (ERC).

Si bien la ley de la ciencia es un objetivo claro para el colectivo de los centros de investigación, no lo es menos conseguir más financiación para la investigación y favorecer la transferencia de tecnología al sector empresarial. Según Samitier, habría que asegurar “más capacidad de inversión” por parte de la secretaría de Universidades e Investigación, algo “francamente complicado” con los presupuestos actuales de la Generalitat prorrogados y sin previsión de nuevos ingresos.

La Generalitat aprueba la segunda parte del plan de contingencia presupuestaria

Mientras no se alcancen estos dos objetivos, ley y presupuestos, el presidente de la ACER ha planteado este martes a la comisión parlamentaria que no haya recortes económicos en los centros. En 2018, recuerda, los centros tuvieron que recortar su presupuesto un 5% para contribuir a la reducción del déficit, un recorte del que se vieron excluidos los que dependían de la secretaría de Universidades e Investigación, pero que afectó a los que dependían de otras conselleries o direcciones generales. “Hay indicios de que podría volver a pasar este año”, advierte. “No nos podemos permitir nuevos recortes”.

La situación de los centros catalanes puede verse empeorada si se cumplen las previsiones de la Agencia Estatal de Investigación, que depende del ministerio de Ciencia e Innovación. Según consta, la intención es eliminar la retroactividad en el pago de las ayudas a proyectos de investigación y a programas de financiación, incluido el programa de excelencia Severo Ochoa. Si eso se confirma, dice Samitier, “nos habríamos saltado casi un año de convocatorias”, es decir, se habrían suprimido los fondos destinados a financiar la investigación estatal de seis meses a un año, en función del caso.

Sobre la polémica empezada a raíz de la petición de rebaja de las tasas universitarias, Samitier opina que su aplicación no se traducirá en mejoras para la universidad. No cree que la reducción repercuta en la financiación de los centros, pero tampoco ve nada claro que puedan invertirse los recursos necesarios para la contratación de nuevo profesorado o para fomentar la investigación tanto en la universidad como en los centros.

Hoy por hoy, lamenta, las únicas opciones abiertas son las convocatorias de los Fondos de Desarrollo Regional Europeo (Feder), destinados a la compra de equipamiento o a la adecuación de espacios. Una vez aprobadas las propuestas, la Unión Europea las financia al 50%. El inconveniente, destaca Samitier, es que para conseguir la financiación europea previamente se tiene que haber hecho la compra o la obra. Pero hay dificultades a la hora de cumplir con este requisito. “Una posible medida que no incrementa presupuesto es habilitar crédito para completar la factura”, apunta. Por lo que parece, la Generalitat no dispone de suficientes recursos para el adelanto con garantía de retorno que exigen los fondos estructurales europeos.

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