La oferta para convertir apartamentos turísticos en pisos sociales en Barcelona solo ha conseguido 22 viviendas
El Ayuntamiento paga una media de 1.400 euros mensuales para alojar familias en estos pisos
BarcelonaLa primera oferta municipal a la patronal de los apartamentos turísticos para conseguir poner pisos al servicio de la Mesa d'Emergència d'Habitatge tuvo una respuesta más que pobre: dos apartamentos se pusieron a disposición del consistorio. El gobierno municipal decidió entonces aumentar la oferta económica a los propietarios y pasar de un alquiler máximo de 900 euros a uno de 1.200. Esta nueva propuesta ha tenido una aceptación mejor pero todavía pobre. Ahora hay cinco propietarios que han decidido alquilar en el Ayuntamiento un total de 22 pisos –de los 9.000 posibles–, que servirán para alojar unas ochenta personas. Una respuesta que el gobierno municipal admite que todavía es tímida pero que confía que pueda servir de "motor", como un "primer paso" para seducir a otros propietarios. Estos nuevos alojamientos cuestan, de media, 1.400 euros cada uno a las arcas municipales, que, además del alquiler –de entre 700 y 1.200 euros–, también asumen el precio de los suministros.
Dos de los propietarios han cedido edificios enteros: uno en el barrio del Camp de l'Arpa y el otro en el Poble-sec. Este último bloque había generado muchos problemas de convivencia en la zona porque fue ocupado por un grupo de ladrones violentos y fue desalojado por la policía en el mes de septiembre. "Las comunidades de vecinos dejarán de sufrir y pasarán a tener nuevos vecinos y vecinas", ha elogiado en rueda de prensa la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez, que ha asegurado que este programa de cesiones es un win-win: ganan las familias vulnerables que ahora tendrán un alojamiento temporal y podrán dejar las pensiones y, también, el sector turístico, gravemente afectado por la pandemia.
"Es un acuerdo ganador", ha celebrado Pérez, que ha remarcado que va en la línea de los que se han cerrado en otras ciudades europeas como París. Para el gobierno municipal, los 1.400 euros que pagará por cada uno de estos apartamentos es "ajustado" y queda "por debajo del de mercado" y del índice marcado por la Generalitat. Más allá de los dos edificios enteros cedidos, también se han cerrado acuerdos con propietarios de barrios como la Vila de Gràcia (dos apartamentos) y para unos apartamentos a los barrios de la Salut, Sagrada Família, Hostafrancs y el Clot. La mayoría tienen dos habitaciones. El precio que perciben por el alquiler también está en función de si los ceden para un periodo más largo o más corto. La mayoría de los propietarios perciben una renta municipal de entre 900 y 1.000 euros.
Desde la oposición, ERC ya ha criticado el coste elevado de la operación y la tímida respuesta. El portavoz republicano, Jordi Coronas, considera que se trata de un "alquiler de temporada disfrazado, cosa que sería ilegal si se tratara de un particular". "Al precio al que alquilan, podrían alquilar pisos en el mercado libre. Al menos así desde el Ayuntamiento no se estaría ayudando aquellos que están especulando con la vivienda", añade.
Llamamiento a la Generalitat
El Ayuntamiento ha aprovechado la presentación del plan para pedir implicación al Govern tanto en la aportación económica para este tipo de iniciativas como a la hora de concretar qué se hará para alojar personas sin techo durante la vigencia del confinamiento nocturno. "La Generalitat se comprometió, esta vez sí, a asumir las consecuencias del toque de queda", ha asegurado la teniente de alcalde de Derechos Sociales, en referencia al compromiso de destinar 20 millones de euros a tal efecto, asumido el domingo en una reunión extraordinaria con el mundo local .
Pérez ha defendido que, a diferencia de lo que pasó con la primera oleada, cuando se activaron los pabellones de la Feria para personas sin techo, se tendría que conseguir atenderles desde espacios más pequeños y ha defendido que el Ayuntamiento es "la única administración" que todavía mantiene dispositivos extraordinarios para atender a personas vulnerables. El gobierno municipal sí a desmantelado uno de los dos pabellones habilitados en la Fira pero mantiene como permanentes los dispositivos creados para atender a mujeres sin hogar o personas con adicciones. El gobierno municipal también ha repetido hoy el llamamiento al gobierno español a ampliar la moratoria para evitar desahucios en plena pandemia.
