20.268 defunciones por coronavirus en residencias durante la primera oleada

MadridDesde hace unos meses, comunidades autónomas y gobierno español están trabajando a través de un equipo técnico en la elaboración de un informe que recoja el impacto de la pandemia en los centros residenciales de servicios sociales, así como los factores que provocaron que estos espacios fueran uno de los principales focos de contagio de la primera oleada. El borrador del informe que por ahora está sobre la mesa –que ha avanzado El País y al cual ha tenido acceso el ARA– estima que más de 20.200 personas murieron durante la primera oleada en estos centros. En total, 20.268 defunciones desde el inicio de la pandemia hasta el 23 de julio, una cifra que representa el 6% de las personas que vivían en residencias a todo el Estado, según recoge el borrador oficial que está elaborando el ministerio de Derechos Sociales. Un dato, sin embargo, que supera al de algunos países de la OCDE como el Reino Unido (5,3%) o Bélgica (4,9%) y que constata, como recoge el mismo informe, "una alta afectación".

El total de defunciones que recoge el informe sale después de ser "depurada y corregida" por datos aportados por el Imserso y las comunidades autónomas. De estas 20.268 defunciones, sin embargo, solo un 51% (10.364) fueron confirmadas mediante una prueba, es decir, a través de una PCR o un análisis serológico. Por otro lado, 9.904 defunciones se notificaron como covid-19 porque presentaban un cuadro médico con "síntomas compatibles", pero no tenían una prueba confirmada. Como han explicado fuentes del ministerio de Sanidad en otras ocasiones, durante el pico más alto de la primera oleada, cuando todavía no había bastante tests disponibles, esta valoración médica era una manera de registrar casos de coronavirus en las listas oficiales. Por este motivo, el informe matiza que hay registros oficiales, como la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que utilizan "criterios internacionales que no contabilizan casos si no están confirmados mediante una prueba PCR", y, por lo tanto, las defunciones son menores.

Además, para profundizar en el impacto de la pandemia en las residencias, el borrador también analiza el exceso de mortalidad que se registró entre la población que vivía en residencias entre los meses de marzo y julio. El informe recoge que el 72% de las personas mayores en residencias reciben algún tipo de prestación por dependencia y es a partir de este dato que el borrador constata un exceso de mortalidad de 18.375 personas en este colectivo. La cifra es la diferencia entre las 15.473 muertes que se esperaban en todo el Estado en este grupo y las 33.848 defunciones que se registraron este año entre marzo y julio (sin discriminar la causa de la muerte).

Este escenario tampoco se evitó en Catalunya. La propagación del virus en las 1.073 residencias catalanas durante la primera oleada fue dramática, en parte por la imposibilidad de acceder a pruebas diagnósticas que permitieran sectorizar las instalaciones y separar los residentes contagiados de los sanos, como sí que se ha estado haciendo durante la segunda oleada. En Catalunya, el 26 de marzo la situación ya estaba descontrolada, con 85 defunciones en un solo día, y el 12 de abril se alcanzó el pico de víctimas mortales con 205 muertos en tan solo 24 horas, según datos públicos del departament de Salut. En los registros catalanes figuran un total de 6.283 defunciones en los centros geriátricos entre el 8 de marzo y el 23 de julio, el periodo equivalente al del borrador del informe del gobierno español.

Lecciones aprendidas

El borrador del ministerio de Derechos Sociales –del cual dependen los centros residenciales– apunta que la vulnerabilidad de las personas de edad avanzada, fruto de la capacidad de contagio elevada, así como la falta de equipos de protección para los trabajadores de las residencias, una “ratio insuficiente de personal” en los centros o unas infraestructuras comunes “que no siempre son adecuadas”, generaron que los contagios se expandieran rápidamente en las residencias. Además, el borrador también pone el foco en los efectos del aislamiento durante el confinamiento más severo y asegura que fueron “muy negativos”. De hecho, estipula que solo se llegue a esta situación en caso de que sea del todo “inevitable”. De hecho, las residencias catalanas hace meses que trabajan para evitar volver a prohibir visitas.

El trabajo también recoge un conjunto de medidas orientativas para no repetir los mismos errores. Entre estas medidas, fruto de las "lecciones aprendidas", destaca la elaboración de planes de actuación más homogéneos entre comunidades y gobierno español para afrontar el impacto de la pandemia, así como una fórmula más efectiva para recoger los datos. "La protección de las personas que están en estos centros, por su vulnerabilidad ante la infección, tiene que ser considerada de absoluta prioridad durante la gestión de la pandemia", recoge el borrador al cual ha tenido acceso el ARA. Con todo, se prevé que los próximos días se apruebe ya un informe definitivo.

Impacto en Madrid

Este viernes la Comunitat de Madrid también ha presentado un informe sobre cómo la epidemia ha afectado las residencias de la región. En concreto, el gobierno madrileño ha llevado a cabo un estudio de seroprevalencia en los centros residenciales que concluye que el 53% de las residencias de Madrid tienen una inmunidad mediana-alta ante el covid. El estudio detalla que 14.324 residentes (de una muestra de 55.542 personas) tienen anticuerpos del covid-19, es decir, que ya han pasado la enfermedad. Este es el primer estudio de seroprevalencia llevado a cabo específicamente en estos centros en el conjunto del Estado. El estudio se ha realizado a través de muestras de sangre y encuestas a los usuarios y profesionales de 517 centros, entre los meses de julio y septiembre.