Denuncian que hay estudiantes en prácticas dando clase en la UPF

BarcelonaEstá realizando el doctorado en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y cobra una pequeña beca de 450 euros al mes gracias a un convenio de prácticas como ayudante de un profesor. En el documento se establece que puede impartir como máximo 60 horas anuales de clases de seminarios o prácticas “bajo la dirección de un profesor”, pero en la práctica ha dado clases magistrales y todos los seminarios de todos los grupos de una asignatura del grado de ciencias políticas. “Nunca he tenido el apoyo ni el seguimiento de un profesor”, explica al ARA uno de los afectados, que prefiere no decir su nombre. Hasta 20 doctorandos como él están en esta situación en el mismo departamento de la universidad. Así lo ha detectado una inspección de trabajo de oficio en la UPF, que desde noviembre de 2018 está evaluando 180 convenios de prácticas y que ha resuelto que hay casos en los que los trabajos no se adecuan al convenio.

Este problema va más allá que el de los falsos becarios, que hace años que se arrastra. En un contexto de infrafinanciación del sistema, algunas universidades se han aprovechado de estudiantes en prácticas para ocupar puestos de trabajo de administración o servicios, pagándoles menos que a un trabajador fijo a pesar de hacer el mismo trabajo. Pero en este caso el fenómeno se agudiza: no son trabajos administrativos, sino de docencia.

“Hemos visto que es posible que no se haya hecho un uso correcto de algunos convenios”, admite Pablo Pareja, comisionado para la trayectoria de los estudiantes de la UPF. Los doctorandos denuncian que han hecho muchas más horas de las establecidas en el convenio, que han impartido clases magistrales y que han corregido exámenes, unas tareas que no forman parte del acuerdo. Y, además, lo han hecho sin la tutorización que fija el convenio. De hecho, a raíz de la inspección, se ha preguntado a los supuestos tutores qué trabajo han hecho los doctorandos. “Ellos dicen que no pueden mentir: que no han estado supervisando ninguna de nuestras clases”, dicen los doctorandos. Para denunciarlo, harán huelga dos días de la semana que viene —miércoles y viernes—, en paralelo con la convocatoria de exámenes en la UPF. Se da el caso de que son ellos quienes deben vigilar a los estudiantes mientras hacen las pruebas: por lo tanto, quién controlará los exámenes es una incógnita.

Piden ser contratados

Los estudiantes, unidos en la plataforma Doctorandos en Lucha UPF, piden acabar con “las prácticas fraudulentas” y sustituir estos convenios de asistentes de docencia por un contrato de PIPF (personal investigador predoctoral en formación). Lamentan que en su convenio no se establezca “ninguna relación laboral con la universidad” y que, por lo tanto, no tengan acceso a “derechos tan básicos” como la prestación de desempleo o la convocatoria de huelga. De hecho, han pedido al comité de empresa del personal docente e investigador (PDI) que los ampare y les dé el paraguas legal para llevar a cabo la convocatoria. El miembro del comité de huelga Sixto Garganté explica al ARA que se trata de encontrar una solución a una práctica “fraudulenta” y focalizada en el Departamento de Políticas. “No conocemos ningún otro departamento de la UPF ni ninguna otra universidad en la que pase esto”, afirma. Según Garganté, el paso de estos doctorandos a la condición de PDI todavía tendría que cumplir dos requisitos: la retribución mínima que contempla el Decreto real de 2019 y que la docencia no fuera obligatoria. En todo caso, el objetivo central es que tengan “estabilidad en el empleo”.

Desde la UPF admiten que la inspección de trabajo —todavía está en marcha— ha puesto de manifiesto “el uso problemático” de alguno de los convenios. Según Pablo Pareja, los convenios “tienen toda la base legal”, porque se firman a partir de un real decreto de 2014 que regula las prácticas en la universidad y limita el problema a la hora de llevar los convenios a la práctica. “La cuestión no es si pueden existir o no estas prácticas, sino si por la forma actual que tienen y por los trabajos que realizan, la mejor manera de articularlas es a través de un convenio de prácticas o de una relación contractual”, explica Pareja.

Precisamente, los doctorandos piden que la universidad los contrate, pero se quejan de que la UPF no tiene previsto hacerlo. La versión de la Pompeu es que se está estudiando el margen para contratarlos, y también para esquivar una posible sanción de Trabajo. “Estamos trabajando para corregir estos errores”, afirma Pareja, quien asegura que les importa más “cumplir con la legalidad que el impacto económico que pueda tener la medida”. “La razón económica no será la que lo impida”, asegura. ¿Cuál es, pues, el problema? Pareja apunta que, al margen de la capacidad presupuestaria de la UPF, también habrá que ver si todos los afectados cumplen con los requisitos que marca el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), que fue aprobado por el Gobierno español hace sólo unos meses. Para ser contratado a través de esta vía, se necesita un permiso de trabajo que los doctorandos extracomunitarios no tienen. “No es que la universidad no lo quiera hacer, es una cuestión de Extranjería”, sostiene Pareja. El caso es que hay doctorandos con estos convenios que son de fuera de Europa y, sin un permiso de trabajo, no pueden tener ningún otro trabajo fuera de la universidad.

Más carga para los asociados

Los doctorandos que están impartiendo clase avisan de que, si no los contratan y tampoco les mantienen el convenio de prácticas actual, las asignaturas recaerán sobre los profesores actuales —también los asociados—, que deberán asumir “la ingente carga adicional de trabajo”. Los asociados, en teoría, sólo son los que tienen otro trabajo fuera de la universidad, pero el colectivo se está movilizando para hacer una huelga en otoño para reclamar que se les regularicen los contratos temporales y se les aumente el sueldo. En solo 10 años, el número de profesores asociados ha aumentado un 40%.

¿Qué ha pasado para llegar a esta situación? Según los doctorandos, ya hace al menos cinco años que se hacen estos convenios (y no contratos laborales), gracias a los cuales la UPF “se ahorra dinero”, porque se paga incluso menos que a un profesor asociado. Pareja, a su vez, pide una normativa estatal “más clara” que deje patente qué se puede hacer y qué no. “La legislación sobre las prácticas universitarias es ambigua, y a veces las universidades hacen interpretaciones que, en algunos casos, no han sido del todo correctas”, explica.

Si bien el fenómeno de los (falsos) asociados es un problema generalizado, el caso de los estudiantes de doctorado como asistentes de docencia está localizado en el Departamento de Ciencias Políticas de la UPF. La razón podría ser que las becas oficiales para hacer los doctorados suelen recaer en carreras científicas o tecnológicas. “Hay menos becas para políticas y humanidades”, lamenta Pareja, que dice que “la única forma de establecer una relación con los estudiantes era a través de la figura del convenio de prácticas”.

Doctorandos y UPF se encontrarán la semana que viene para acercar posiciones. Será la última semana en la que tienen vigente su convenio de prácticas. Si no se les renueva o no se los contrata, tendrán tres opciones: hacer la tesis doctoral en la UPF sin beca, cambiar de centro o abandonar la tesis, una opción que, alertan, es la que escogen la mitad de sus compañeros.