La emergencia climática no puede ser un gesto “de cara a la galería”

BarcelonaCataluña se ha sumado esta semana al Reino Unido con la declaración que reconoce la emergencia climática. El Parlamento británico dio un golpe de efecto después de que abrieran camino los gobiernos de Gales y Escocia. Más allá de un documento “que tiene un punto declarativo para sacudir conciencias”, según describe el mismo consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, la proclamación de la Generalitat debe ser el prólogo de una respuesta “urgente” que exigen científicos, movimientos y plataformas ecologistas, que se han propuesto una movilización constante para empujar a los gobiernos a la acción. La próxima movilización impulsada por los estudiantes de Fridays for Future será el 24 de mayo, a dos días de las elecciones europeas, un claro mensaje a la UE que no piensan abandonar la presión.

En el caso de Cataluña, sólo medidas inmediatas contentarán los que han recibido la declaración con satisfacción pero también con escepticismo: “Una emergencia requiere medidas urgentes que todavía no hemos visto. Deseamos que el Govern no haya actuado una vez más de cara a la galería”, sostiene el climatólogo y catedrático de geografía física de la UB Javier Martín Vide. Hacen falta acciones y presupuesto. “La entrada en vigor efectiva e inmediata de la ley de cambio climático y una transición energética decidida”, cita Martín Vide como prioridades.

La ley aprobada hace dos años preveía la creación de tres impuestos medioambientales para financiar las políticas de mitigación y adaptación a la crisis climática. Hoy la tasa que debe gravar las emisiones de CO 2 de los vehículos todavía se está definiendo y, después de varios atrasos “por la complejidad técnica de hacer el cálculo”, se prevé ponerla en marcha en 2020, subraya el consejero Calvet al ARA. Considera, sin embargo, que el recurso al TC, que está analizando la norma –inicialmente la suspendió unos meses–, “pone en riesgo” todo lo que se pueda desprender.

Los otros dos impuestos –en la industria contaminante y las emisiones de los cruceros– están más verdes: no tienen calendario. En el caso del impuesto a la industria, Calvet explica que lo están revisando juristas: “Está el riesgo de caer en doble imposición porque algunas de las industrias ya pagan en el mercado regulado para comprar derechos de emisiones”.

La transición energética debe ser un pilar fundamental. “Hay que desencallar las renovables después de ocho años de espera”, reclama el presidente de EolicCat, Víctor Cusí, que pide rehacer el mapa de implantación eólica que ahora “limita nuevos proyectos” y también acelerar la fotovoltaica para llegar a un 50% de renovables en 2030 y a un 100% en 2050. Cusí celebra el gesto del Govern de poner en marcha los trámites para derogar el decreto que hasta ahora ha cortado las alas al sector, pero pide celeridad para afrontar “la urgencia”.

Una futura mesa de diálogo

Más allá de las leyes, la emergencia climática obliga a hacer cambios profundos que tienen que ver con la planificación urbanística o de futuras infraestructuras: “Es contradictorio luchar contra las emisiones y apoyar la ampliación del puerto, el aeropuerto o la C-32”, defiende un portavoz del colectivo Rebel·lió o Extinció, Jaume Osete. “Hay proyectos sobre la mesa que aceleran el cambio climático y que se deben revisar. Estamos satisfechos con la declaración, pero no somos ingenuos y no se nos escapa que estamos en campaña”, apunta a un portavoz de Fridays for Future, Guillermo Chirino.

El consejero de Territorio subraya que el Govern incorporará “el factor climático” en todos los proyectos que tiene en marcha o que inicie en el futuro. Calvet rebate a los ecologistas que la nueva C-32 hará que hayan menos atascos y, por lo tanto, reducirá emisiones, y también defiende que Girona pueda cumplir la función de cuarta pista del Prat.

En este y otros proyectos y medidas, sin embargo, el Govern podrá debatir con instituciones científicas y entidades en la futura Mesa Social del Cambio Climático. Se trata de una herramienta prevista en la ley catalana que la Generalitat quiere aprobar dentro de dos semanas por decreto de gobierno, según anuncia el consejero.