El Estado y las comunidades aplazan el toque de queda

Madrid / BarcelonaTodavía no hay ninguna decisión en firme y las negociaciones entre el gobierno español y las comunidades autónomas para aprobar el toque de queda parece que van para largo. Así lo anticipaba este jueves el departamento de Salut, después de participar en el consejo interterritorial que se celebra semanalmente entre las diferentes consejerías y el ministerio de Sanidad. Uno de los puntos de la orden del día era abordar la posibilidad de que el Estado restringiera la movilidad y la interacción social en la franja horaria nocturna de forma generalizada, después de que gobiernos regionales como los de Castilla y León o Andalucía pidieran o aprobaran el toque de queda, respectivamente. Si bien desde el ministerio de Sanidad no han descartado la posibilidad de desplegarlo, fuentes gubernamentales han apuntado que la negociación todavía está abierta porque "la decisión no está lo bastante madura": "Continuarán las conversaciones".

La prioridad de la Generalitat es mantener las competencias para decidir si se aplica un toque de queda en Catalunya. Desde Salut han pedido al ministro Salvador Illa un informe jurídico que estudie y recoja de manera clara cuál tiene que ser el "marco jurídico" que sustentaría este posible toque de queda. De hecho, la consellera Alba Vergés ha recalcado que tienen que ser las comunidades las que decidan si lo aplican o no en función de criterios científicos. Por lo tanto, ha reclamado las "herramientas jurídicas" que habiliten al Govern a aplicar las medidas de restricción de la movilidad cuando así lo recomienden sus expertos en salud pública.

Sobre el informe que ha solicitado la Generalitat, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado que a estas alturas el instrumento jurídico "óptimo" para aplicar el toque de queda sería el estado de alarma, a pesar de que ha matizado que este no ha sido el objeto de la discusión, ni se ha discutido si era conveniente o no, porque es una decisión, ha dicho, que tienen que proponer los expertos en salud pública. “No ha sido una discusión para que nadie se opusiera a ninguna medida. Hemos hecho una valoración conjunta, donde cada responsable autonómico ha manifestado con franqueza su parecer, y los hay que lo han solicitado formalmente y otros que han manifestado su interés”, ha apuntado el socialista en rueda de prensa después del consejo interterritorial.

Andalucía y la Comunidad Valenciana ponen la directa

Por ahora, la única comunidad que ha pedido formalmente un toque de queda para aprobar restricciones de la movilidad nocturna ha sido Castilla y León. En cambio, la Comunidad Valenciana y Andalucía han puesto la directa y han anunciado la aprobación del toque de queda de forma unilateral. El gobierno regional andaluz ha aprobado aplicar el toque de queda para la ciudad de Granada a partir de este domingo, a pesar de que la medida tiene que ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. "Nos parece correcto", ha defendido Illa.

Poco después seguía sus pasos la Comunidad Valenciana. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que su gobierno ya prepara la aprobación de una norma para implantar el toque de queda entre la medianoche y las 6 de la mañana en el País Valenciano. "No dilataremos una decisión que nos parece necesaria", ha añadido Puig en referencia a la falta de acuerdo en el consejo interterritorial. El presidente valenciano ha avanzado que pedirá a la Abogacía de la Generalitat que prepare una orden que posteriormente se enviará al Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano (TSJPV) para que evalúe la legalidad de la norma y se eviten así posibles suspensiones posteriores. Además de la movilidad nocturna, la norma también incluirá otras restricciones, pero que el ejecutivo valenciano no ha detallado.

Puig ha reiterado que su deseo es una norma única para todo el Estado, pero ha afirmado que, si esta no se produce, su gobierno no se quedará de brazos cruzados. "Tenemos buenos datos, los mejores del Estado junto con las Islas Canarias, y todavía estamos a tiempo de tomar medidas, de forma que las tomaremos", ha enfatizado.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya rechazado prohibir los encuentros de más de seis personas, el gobierno vasco ha recomendado por su parte cerrar 25 municipios por el aumento de contagios de covid-19. El ejecutivo ha pedido no salir ni entrar de las poblaciones afectadas excepto para ir a trabajar, a estudiar, a centros sanitarios y para atender a persones dependientes. También ha aconsejado limitar los contactos sociales, hacer actividades en lugares abiertos y cerrar los parques infantiles. De las 21.00 h a las 8.00 h no se permite la venta de alcohol y los establecimientos comerciales, excepto los de comida, farmacias y gasolineras, tienen que cerrar a las 21.00 h.

Guía para la actuación "coordinada"

Lo que sí han acordado el gobierno central y las comunidades ha sido un documento de actuaciones de respuesta coordinada. El texto ha recibido la aprobación de todas las comunidades y la abstención del País Vasco y Madrid, según ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa después del consejo interterritorial. El plan establece un conjunto de "criterios comunes" para las regiones a la hora de adoptar medidas para hacer frente a la pandemia. Catalunya también ha apoyado el documento porque, asegura, la mayoría de restricciones propuestas ya se están aplicando, están previstas en los planes gubernamentales y no colisionan con la guía y los protocolos de actuación del ejecutivo catalán.

El documento es una ampliación de los criterios que Estado y comunidades ya aprobaron en julio y recoge cuatro niveles de alerta. El último, "muy alto", implica la aplicación del nivel de alerta 3 además de posibles restricciones de la movilidad y cierres perimetrales, que cada territorio tendrá que evaluar en función de los indicadores de riesgo. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no ha concretado todavía qué comunidades estarían dentro de cada nivel.

En cuanto a los indicadores de riesgo, son un total de ocho: seis indicadores sobre la transmisión del virus y dos más relacionados con la situación del sistema sanitario. Las regiones tendrán que adoptar las medidas que se establecen para cada nivel de alerta y que afectan diferentes actividades. Ahora bien, este texto es complementario a las medidas que cada comunidad decide aprobar. "Cualquier comunidad puede ir siempre más allá", ha apuntado Simón.

Este es el caso de Catalunya, puesto que muchas de las restricciones que aprobó el Govern la semana pasada se recomiendan en los niveles más graves. Una actuación que, incluso, ha sido elogiada por el propio Illa. Entre las restricciones previstas en el plan y que ya ha desplegado la Generalitat, está la recomendación de evitar los desplazamientos y de salir del domicilio solo en casos de necesidad; la prohibición de las reuniones de más de seis personas; la prohibición de comer o beber en espacios públicos o la limitación de los aforos a un tercio de su capacidad en los comercios, así como la prohibición de las salidas de las personas mayores que viven en residencias.

Récord de contagios

"Vienen semanas duras", ha reconocido Illa. El gobierno español ha notificado este jueves 20.968 casos nuevos de coronavirus en España, el peor dato desde el inicio de la pandemia. Los datos que ha comunicado este jueves el ministerio baten un nuevo récord en la evolución de la pandemia en España. El ministerio de Sanidad ha sumado también 155 muertos en las últimas 24 horas. Catalunya vuelve a ser, un día más, la comunidad que más contagios comunica, con 4.417, seguida de Madrid con 3.632. "La tendencia es que continúen aumentando las cifras", ha avisado Simón.

El epidemiólogo ha reconocido que la incidencia sigue aumentado y por este motivo ha pedido "un esfuerzo extra" a la población. La situación en los hospitales también preocupa a Sanidad. De hecho, en estos momentos ya hay 14.160 personas ingresadas por coronavirus en centros hospitalarios, según los datos oficiales del ministerio de Sanidad. De estas, 1.966 están en camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), cosa que significa un 22% de las camas UCI ocupadas. "El sistema no se colapsará", ha dicho Simón, pero no ha descartado que pueda verse afectada la actividad rutinaria.