Diez familias de Badalona, a punto de perderlo todo por segunda vez

BarcelonaHace once meses una decena de familias de Badalona lo perdieron todo cuando en el bloque donde vivían apareció una gran grieta que les obligó a irse de urgencia antes de que se hundiera la finca, que se tuvo que demoler poco después. Hasta ahora tenían un recurso de apoyo del Ayuntamiento de Badalona, pero el alcalde, Xavier Garcia Albiol, ha decidido dejarlo en suspenso alegando que no pueden mantener indefinidamente las ayudas de alojamiento y de comida y que tiene que ser la Generalitat quien se haga cargo. Las familias temen perderlo todo por segunda vez y algunas de ellas ya han optado por pasar esta noche en la calle, acampadas en un parque ante el edificio municipal del Viver.

"La ley permite actuar en situaciones de emergencia, pero no puede alargar en el tiempo las ayudas a un servicio que no es competencia del Ayuntamiento de Badalona sino de la Generalitat", insistía este jueves Albiol en unas declaraciones recogidas por la agencia Efe. Los partidos de la oposición se han reunido esta tarde con el alcalde para tratar de encontrar una salida provisional para las familias -cinco de ellas tienes niños– mientras llega la solución definitiva. Según las fuentes consultadas, no se ha llegado a ningún acuerdo. "Es esperpéntica una situación como esta", apuntan.

Entre las medidas que los grupos han propuesto al alcalde está la posibilidad de ofrecer uno de los albergues municipales a las familias –dos de ellas lo han rechazado–, de alargar unos días más el recurso de alojamiento que hasta ahora tenían mientras se busca una salida pactada con la Generalitat, o bien que temporalmente puedan ocupar otro equipamiento municipal pensado para personas sin recursos, que se ha usado puntualmente durante la pandemia y que actualmente está vacío. Aún así, según las fuentes consultadas, el gobierno municipal ha alegado que este recurso no está en condiciones ahora mismo.

Las ayudas de alojamiento y de manutención que recibían las familias caducaron este miércoles y hoy era el primer día en el que ya no las tenían. Más allá de la respuesta inmediata que se les acabe dando y del apoyo puntual que puedan encontrar estos días para lidiar con la situación, hay otro problema de fondo: el consistorio quiere que las familias vulnerables que tenían un piso en propiedad en el bloque demolido asuman la factura de la demolición, que se acerca a los 400.000 euros, una cifra inasumible por la situación de precariedad en la que viven muchas de ellas y que se ha agravado durante la crisis económica derivada de la pandemia.