El gobierno español admite la responsabilidad por la muerte de una detenida en un CIE por errores burocráticos

BarcelonaEl estado español ha admitido la responsabilidad por la muerte en un CIE de Samba Martine, una inmigrante congoleña detenida en el centro de internamiento madrileño de Aluche, que murió de VIH como consecuencia de las "deficiencias burocráticas" que la privaron de recibir una atención médica adecuada, y por eso compensará a la familia.

En la resolución, sobre la cual informa este martes la Coordinadora de Barrios, el ministerio resuelve de manera favorable la demanda de responsabilidad patrimonial formulada hace ocho años por la familia de Martine, muerta el 19 de diciembre del 2011. La mujer empezó a sentirse mal cuando llevaba 39 días retenida en el centro de Aluche, y a pesar de que fue hasta 10 veces a la consulta médica del CIE no se le practicó ninguna prueba ni analítica hasta que, finalmente, fue trasladada a un centro hospitalario, donde murió con VIH, que le habían detectado poco antes cuando estaba detenida en un centro de Melilla.

Según el comunicado de la Coordinadora de Barrios, la resolución del gobierno español concluye que Samba fue víctima del mal funcionamiento burocrático del CIE de Madrid, que depende del ministerio del Interior, y del CETI de Melilla, bajo la tutela del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como de la empresa Sermedes SL, responsable del servicio de atención médica del CIE. "Los errores imputables tanto a los dos ministerios como la empresa confluyeron en la producción del resultado lesivo, por lo cual se tienen que hacer cargo a partes iguales de la indemnización fijada a favor de la hija y de la madre de Samba, calculada de acuerdo con los baremos previstos a la ley", señala el comunicado.

Sin intérpretes ni atención

La resolución de la demanda destaca que hubo ausencia de coordinación en la administración, puesto que, a pesar de que Samba sufría una grave enfermedad, no hubo ninguna transmisión de datos médicos en el traslado de Samba desde el CETI de Melilla hasta el CIE de Aluche. También concluye que hubo mala praxis en la atención médica al CIE, puesto que "ninguno de los facultativos consideró conveniente hacer un análisis clínico a pesar de las numerosas enfermedades que sufría".

Además, solo se le facilitó intérprete en una de las diez ocasiones en que Samba solicitó asistencia médica. En definitiva, la administración admite que es la que tiene el deber de velar por la vida, integridad y salud de las personas bajo su custodia, y que, a pesar de que hubo "concurrencia" de responsabilidades, no puede eximirse porque la víctima estaba bajo la tutela de la administración del estado desde que ingresó el 11 de noviembre hasta su muerte.