La pandemia empuja a la pobreza a los migrantes extracomunitarios

Cáritas estima que un tercio de las familias no disponen de ningún ingreso y alerta de que están desprotegidas

El covid golpea doblemente a los colectivos más vulnerables. Un tercio de las familias migrantes extracomunitarias no disponen de ningún ingreso regular porque, a raíz de la pandemia, se han hundido los sectores económicos que más ocupaba este colectivo. Entre las familias españolas el porcentaje es del 6%, es decir, cinco veces menos, según un informe presentado este jueves por Cáritas, que ha insistido en la necesidad de "flexibilizar los criterios de regularización y garantizar las prestaciones y servicios sociales básicos con independencia de su situación administrativa", como reconocen las leyes de extranjería y la catalana de Serveis Socials.

El coronavirus ha supuesto una desprotección mayor para extracomunitarios y especialmente para las 100.000 personas que están en situación irregular en Catalunya, que se han encontrado con que incluso han perdido los trabajos informales con los que conseguían sobrevivir y ahora tienen muchas dificultades para acceder al sistema de asistencia básica, a pesar de que la legislación vigente establece que tienen derecho a ello. Cáritas ilustra esta situación como una "frontera invisible" que condena a los que no tienen permisos de residencia o de trabajo a la intemperie.

El rebrote de coronavirus provoca una segunda oleada de pobreza

Cáritas incide en el binomio de situación de irregularidad administrativa y la exclusión social que hace que los migrantes tengan que destinar fuerzas y recursos para sobrevivir a una  "larga y desgastante carrera de obstáculos", en muchos casos en solitario y con menores a cargo, para conseguir la regularización, ha denunciado la jefa de análisis social e incidencia de Cáritas de Barcelona, Míriam Feu. Para obtener los permisos se les exige que cumplan unos requisitos de calidad en la vivienda o una duración mínima de un contrato laboral que no se pide a los ciudadanos españoles, un hecho discriminatorio insalvable por las condiciones económicas y sociales.

Con una oferta de precios disparada, encontrar una vivienda que se adapte a los ingresos es una pesadilla para muchas familias, en especial para las de fuera de las fronteras de la UE, a quien el "mercado de propiedad y de alquiler excluye" por su nacionalidad y los aboca a buscar alternativas, a menudo sin cumplir unos mínimos requisitos de habitabilidad. Según el informe de la entidad con datos de la fundación FOESSA, siete de cada diez extracomunitarios sobreviven en habitaciones de realquiler, pisos sobreocupados, infraviviendas –como garajes o sótanos– o directamente en la calle. En cuanto a españoles o comunitarios, la cifra tampoco es nada despreciable: un tercio sufre lo que se denomina exclusión habitacional .

En todos los factores que analiza el informe, los que peor parados salen son los extracomunitarios. A la exclusión de la vivienda se le suma el riesgo de exclusión social severa, hasta cuatro veces más que los españoles, el de caer en el paro y el de quedar al margen de la política, puesto que no tienen reconocido el derecho a votar en las elecciones, más allá de las municipales para los que tienen residencia legal. Por todo ello, la integración en la comunidad de acogida es inferior a la de los autóctonos o los comunitarios, afirma Cáritas. En este sentido, las trabas burocráticas para la regularización obligan a los solicitantes a vivir "invisibilizados" mientras esperan la resolución de su trámite, sin posibilidad de poder acceder a la renta garantizada de ciudadanía ni al ingreso mínimo vital.

Por eso, el director de Cáritas, Salvador Busquets, ha reclamado a las administraciones que agilicen los trámites y acaben con las colas para la renovación de los permisos para que el colectivo tenga más oportunidades de salir adelante. Al gobierno español le ha pedido que se plantee un proceso extraordinario de regularización, como el que hizo hace dos décadas, o, en su defecto, que habilite vías seguras para facilitar la migración y autorice a los menores migrantes que no tienen familia a poder trabajar a partir de los 16 años. En relación a las competencias municipales, Busquets ha sido muy duro con los ayuntamientos que se saltan la legislación al cerrar el padrón a los que no tienen un domicilio fijo para darles acceso a servicios tan básicos como la tarjeta sanitaria o el acceso a la escuela de los niños. En cuanto a la Generalitat, el mensaje de la entidad es que sea capaz de garantizar la atención a los servicios sociales y ha subrayado que se tiene que dar más protección a los chicos que llegaron solos a Catalunya y se les tiene que alargar hasta los 23 años la prestación de extutelado.

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