Los profesores universitarios alertan: "Estamos en una situación de precariedad absoluta"

La comunidad universitaria, que hace huelga mañana, alerta de una reforma del ministerio que legaliza las figuras precarias

La pandemia ha agravado las precarias condiciones laborales en la universidad. Así lo denuncian los colectivos de docentes e investigadores, que temen que el covid-19 haya dado la estocada definitiva a un sector que hace años que arrastra varias problemáticas: la falta de estabilización del personal, la escasa oferta de plazas o la lenta renovación de las plantillas son solo algunos ejemplos, suficientes para que el sindicato CGT, junto con el colectivo Doctorands en Lluita, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y la COS, haya convocado una huelga para este miércoles. Para calentar los motores de la parada, unos 160 estudiantes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han cortado los accesos al campus este martes. 

"Estamos en una situación de precariedad absoluta. Hay profesores asociados cobrando 400 euros por 12 horas al día, predoctorales haciendo horas no remuneradas, PAS con subcontrataciones", relata Guillem Prats, uno de los portavoces de la CGT. Con el estado de alarma la situación empeoró, porque muchos experimentos e investigaciones se paralizaron, los investigadores no pudieron cumplir con los objetivos de su búsqueda y no han podido continuar con su carrera académica o lo han hecho gratis. "Pedimos que se prorroguen los contratos al menos seis meses", afirma Prats. 

Además, los sindicatos reclaman regularizar la figura de los profesores asociados y la retirada del anteproyecto de ley del Estatuto de Personal Docente e Investigador que prepara el ministerio de Universidades, encabezado por Manuel Castells. En su primera comparecencia como ministro, Castells se comprometió a hacer desaparecer "los falsos profesores asociados" de las universidades españolas, a través de un nuevo estatuto de la carrera profesional del personal docente e investigador que tenía que servir para poner fin a las figuras "inductoras de precariedad" como esta. De hecho, antes de ser ministro, Castells ya había apostado por un modelo de universidades mucho más flexible en contratación, menos endogámico y menos funcionarial. Pero desde los colectivos docentes avisan de que en los borradores del nuevo estatuto no se refleja todo esto, sino todo lo contrario.

Para las organizaciones, el tercer borrador que ha presentado el ministerio implica la legalización de "figuras laborales precarizadas y ahora fraudulentas". "Ahora cuando un profesor asociado va a juicio, lo gana, pero con este nuevo estatuto no pasará, porque simplemente coge las mismas figuras que existen ahora y las convierte en legales", resume Prats. Desde la CGT avisan de que, si se acaba aprobando, también provocará una reducción de la plantilla. Explican que ahora los profesores asociados son figuras a tiempo parcial, pero hacen trabajo de investigación mientras no hacen docencia. Como el Estatuto crea figuras a tiempo completo pero sin una partida presupuestaria al lado, en la práctica comportará la eliminación de la plantilla investigadora y se concentrarán las horas de docencia en menos personas, dice Prats.

Desde CCOO reclaman más recursos. "Ahora mismo solo hay cambios. Lo que figura en un borrador un día, cambia totalmente al día siguiente en otro texto", lamenta César Martín, de CCOO. "No podemos perder más tiempo. Hay medidas urgentes que se tienen que tomar, como un plan de estabilización del personal que está en precario, y que no necesariamente tiene que ser con un cambio legislativo", dice. Para él, la solución es clara: "O hay dinero y financiación o es dar vueltas sin sentido. Si hay voluntad política, se puede hacer".

De momento, desde el ministerio dicen que siguen negociando y no hay nada cerrado. El último borrador, publicado a principios de octubre, cambia sustancialmente el segundo y regula el profesorado contratado igual que se regula el funcionario, cosa que supone una centralización de las figuras contractuales, de los procesos de acreditación y los concursos de profesorado, como   avisaba Jordi Muñoz en un artículo en el ARA . De manera más general, si finalmente este plan sale adelante, dejaría muy tocado el sistema universitario catalán, que encontró una rendija para la contratación internacional del profesorado en el marco de los programas Serra Húnter o Icrea. 

Las competencias de Cataluña en materia de universidades

Juicio por el EPIF

La jornada de paradas en la universidad y en los centros de investigación, que se hará en todo el Estado, coincide con una fecha clave para el sector: se celebra en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juicio entre las universidades públicas catalanas y el Govern por el incumplimiento del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF). Esta investigación arrancó después de que la CGT y Doctorands en Lluita presentaran una demanda de conflicto colectivo contra las universidades y el Govern para garantizar un año de prórroga automática del contrato entre los investigadores en formación, tal como prevé la ley estatal. A la vez, las universidades demandaron a los sindicatos CCOO y UGT por exigir este cuarto año, una decisión que desde los sindicatos creen que solo es para ganar tiempo. Ahora las dos denuncias se juzgarán conjuntamente. 

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