INMIGRACIÓN

"Si tengo que ir a la calle no sé cómo podré sobrevivir"

Extranjeros tutelados por el Govern y educadores denuncian que se les empuja a la ilegalidad

Mohamed llegó de Marruecos en patera en octubre del 2018 tras cruzar el estrecho de Gibraltar de Tánger a Algeciras. "En mi casa no vivíamos bien. Mi padre tiene trabajos esporádicos y mi madre trabaja en la limpieza". Segundo de seis hermanos, la familia invirtió todos sus ahorros en pagarle los 1.600 euros que los traficantes le reclamaron para llegar a la soñada Europa. En mayo cumplió los 18 años y sólo se podrá quedar en el centro de acogida de emergencia de Horta hasta agosto. Aunque ha estado siete meses bajo tutela de la Generalitat, teme terminar en la calle sin papeles porque sus documentos están todavía en trámite. De hecho, asegura que desde el centro no empezaron a hacer las gestiones hasta que ya llevaba tres meses en Cataluña.

"Aquí no tengo a nadie y si tengo que ir a la calle no sé cómo podré sobrevivir", explicaba Mohamed hace unas semanas en el ARA. "No le digas eso a la periodista, que la gente pensará que todos robamos", le susurraba un compañero. Mohamed siente que desde que llegó a Cataluña ha perdido el tiempo. "Aguantaba dentro del centro porque pensaba que cuando saliera tendría los papeles. Pero nos hemos pasado este tiempo paseando, sentados y sin hacer nada", apunta. Y su periplo por el sistema de acogida no ha sido precisamente tranquilo: era uno de los jóvenes acogidos en el centro de Castelldefels que en marzo sufrieron un doble ataque racista: "Iban encapuchados y nos tiraban piedras, pasé mucho miedo". El chico querría estudiar el bachillerato científico y hacer informática, pero dice que está dispuesto a hacer cualquier trabajo para poder enviar dinero a su familia.

Fuentes de la consejeria de Asuntos Sociales, en cambio, defienden que la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia, la DGAIA, tramita la residencia de todos los menores en cuanto disponen del pasaporte: "El 100% de los menores salen de los centros con la tramitación iniciada ". Sin embargo, a varios educadores -de diferentes centros- consultados por el ARA no les sorprende la situación que ha descrito Mohamed y señalan que el tiempo que pasa antes de que se empiezan a tramitar los papeles de los chicos varía "en función de la profesionalidad del equipo técnico de cada centro". "He estado en centros donde el equipo técnico es potente y todo va muy rápido y en otros donde, aunque vayan cuarenta veces al consulado, los técnicos vuelven sin nada y el tiempo va pasando", asegura un educador que pide el anonimato.

Fuera del sistema de acogida

Tal como avanzaba el ARA el pasado 11 de julio, este año unos 1.500 menores tutelados por la Generalitat cumplirán los 18 años, y si las cosas siguen como el año pasado al menos un tercio se verán en la calle sin recursos. Cuando esto pasa, tener papeles o no cambia la situación por completo: es la diferencia entre ser un inmigrante ilegal que puede ser deportado en cualquier momento o alguien que aspira a encontrar un trabajo legal -a pesar de las dificultades para acceder el permiso de trabajo- y arraigarse. De hecho, el principal motivo por el que los chicos migrantes que llegan a Cataluña se presentan en las comisarías de policía es para poder ver su situación regularizada al cumplir los 18.

La DGAIA reconoce que en el último año y medio ha habido un par de casos en los que no se han hecho los trámites, pero subrayan que -una vez comprobado que son menores- los procesos para conseguir la residencia comienza "inmediatamente". "Evidentemente, si no sabemos la fecha de nacimiento el proceso se dilata hasta que no lo comprobamos legalmente", apuntan. Según el departamento, actualmente el 60% de los menores tiene la residencia temporal y un 7% ya tiene la definitiva. El Govern alerta, sin embargo, que sólo un 1% tienen el permiso de trabajo, un documento clave para garantizar la inserción del joven y que depende de la ley de extranjería y, por tanto, del gobierno español.

Hay educadores y asociaciones, no obstante, que contradicen al Govern. "La Generalitat tiene la obligación de tramitar los permisos de residencia de todos los menores que están bajo su tutela, pero no lo hacen. Pasan meses sin hacer ningún trámite, ni siquiera el empadronamiento", apunta Fátima Zouiri, una activista que informa a los menores y los acompaña en su periplo burocrático. Otra educadora de Eduvic -una de las empresas que gestiona centros de menores extranjeros- corrobora que tienen problemas incluso para la atención sanitaria: "Muchos tienen la boca muy mal y no tenemos donde llevarlos, y a veces tienen problemas digestivos y no sabemos qué hacer ", dice la educadora, que pide el anonimato.

La DGAIA refleja que hay acuerdos con Salud que permiten a la Generalitat obtener la tarjeta sanitaria sin tener que empadronar a los menores tutelados: "Es lo primero que se gestiona, y a continuación nos indican en qué CAP se dará cobertura a cada menor", asegura el departamento. "Yo he visto casos en que los niños están hasta uno y dos meses en el centro sin tarjeta sanitaria; por tanto no es un trámite tan rápido, y en muchos casos no se hace el primer día", apunta un educador que hace un tiempo decidió abandonar el trabajo en los centros de menores extranjeros.

Objetivo: no ser deportados

Varios menores también contradicen la versión de la Generalitat. Hakim ha quedado fuera del sistema después de seis meses tutelado. Aunque él llegó con su pasaporte marroquí que acreditaba que era menor, no le empezaron a tramitar los papeles hasta finales de mayo, cuando faltaban pocas semanas para su decimoctavo cumpleaños. "Si los chicos llegan con pasaporte no hay que esperar a nada, ni tampoco ir a la fiscalía a hacer pruebas de edad. Simplemente hay que ir a la subdelegación del gobierno con el documento para tramitar la residencia al día siguiente", asegura el abogado experto en derechos humanos Albert Parés, director de la asociación Nuevas Vías.

Mustafá Asrih, educador social que hace años que trabaja con menores en Barcelona, atribuye los últimos brotes xenófobos de Canet, Castelldefels o el Masnou a las carencias que tiene el modelo. "Un centro con 80 chicos que no tienen nada que hacer en todo el día no puede funcionar bien. Es mucho más efectivo, por ejemplo, lo que se está haciendo en ciudades como Zaragoza, donde trabajan con pisos tutelados con cuatro o cinco chicos y un educador profesional que puede seguirlos en su inserción. Hay muy poco tiempo para ayudar a los menores a ser autónomos, y así lo único que se hace es perder el tiempo y crear una situación explosiva", asegura. De hecho, el martes la secretaría de Infancia admitió que ya estudia un plan a largo plazo para "atomizar" los centros de más de 40 plazas y reducir así la presión social sobre los municipios que los acogen.

Suleiman -un seudónimo para preservar la privacidad del menor- cruzó el estrecho en una moto de agua en septiembre, con tres chicos más. Cumplirá 18 años en octubre: "No tengo padre y mi madre trabaja en la limpieza. Le dije que quería marchar para tener una vida nueva y estuvo de acuerdo. Cada semana la llamo y le digo que la echo de menos y que cuando tenga los papeles la iré a ver". Él también sufrió la agresión en el centro de Castelldefels: "No le cuento nada malo porque no quiero preocuparla". Pasó siete meses sin estar empadronado y justo ahora ha recogido el pasaporte en el consulado de Marruecos. "Quisiera trabajar de cocinero, pero en el centro no tenemos ni clases de idiomas ni cursos de formación. Estamos hartos de esperar. Tengo amigos que cogieron la mochila y se fueron del centro porque no aguantaban más".

Abu, un joven de Ghana, se lo mira desde el fondo de la sala en silencio. Tímidamente explica que él llegó a Europa a través de Libia y lleva seis meses en Cataluña. Ya no recuerda cuando se fue de casa. "Iba con mi hermano mayor. En Libia todo era muy peligroso y él salía a trabajar para ganar dinero para pagarnos el viaje en patera y yo me quedaba en casa. Un día no volvió. Me dijeron que lo habían matado -explica-. Al día siguiente nos cogieron a todos y nos llevaron a la playa". Lo rescató un barco militar italiano en el Mediterráneo central después de toda la noche a la deriva. Estuvo dos meses en Italia y le dijeron que en Barcelona encontraría trabajo. Su pasaporte acredita que tiene 17 años. Llegó hace seis meses y acaba de empezar las clases de castellano y un curso de electricidad. "Hasta ahora no hacíamos nada en todo el día", lamenta. Tiene prisa por ayudar a sus dos hermanos pequeños, que están solos en Ghana, y no se quiere ni imaginar qué pasará si cuando cumpla los 18 se tiene que ir a la calle sin tener todos los papeles en regla.

Eduvic advierte a sus trabajadores

Fuentes internas de Eduvic han explicado al ARA que durante la investigación para este reportaje la dirección de la empresa emitió un comunicado interno a sus trabajadores recordándoles que "no se puede hablar" de las situaciones que se viven dentro del centro ni dar información sobre los jóvenes. La dirección se ampara en la ley de protección de datos y advierte a los profesionales que "no se puede hablar ni comentar ningún aspecto de los chicos con personal que no esté directamente ligado a la tarea técnica y /o educativa del centro" ni tampoco con ningún "familiar o amigo o con otros profesionales ". También les recuerda que hacerlo es punible según la ley.

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