La letra pequeña del decreto para regular alquileres indigna a las entidades sociales

Plataformas por la vivienda digna avisan de que la limitación de precios es "irreal"

El gesto de ayer del Govern, que aprobó un decreto ley que permitirá regular el precio de los alquileres en las zonas donde el mercado está “más tenso”, ha servido de poco. El texto resultante —después de semanas de negociación— ha acabado indignando igualmente al sector privado y a las plataformas a favor de una vivienda digna, que calificaron el decreto de “tomadura de pelo”. Tal como anunció ARA, ayer la 'consellera' de Justicia, Ester Capella, explicó que el decreto prevé un cambio en el Código Civil catalán que permitirá facultar a la 'Conselleria' de Territorio para regular directamente los precios, con unos topes máximos, siguiendo el modelo legislativo alemán. Eso sí, habrá condiciones.

La norma solo prevé limitar los alquileres donde el mercado esté “tenso”: es decir, donde se acredite que los precios del alquiler —y su impacto en el presupuesto familiar— superan “claramente” los de la media de Cataluña; o también donde haya una desproporción evidente entre el incremento de la población y la disponibilidad de vivienda de alquiler. También se podrán limitar alquileres que suban mucho más que el IPC del área afectada. En estos casos, Territorio (o bien el Ayuntamiento de Barcelona, en el caso de los barrios de la ciudad) declarará la zona como mercado “tenso” y los precios no podrán exceder un 10% el índice de referencia. “Podíamos actuar por acción o por omisión: a favor de los intereses colectivos o dejando el camino libre a los fondos buitre; y si nos quedamos con los brazos cruzados ganarán los de siempre”, sentenció Capella durante la presentación del decreto. “Queremos lo mejor para el país”, recalcó la 'consellera'.

El enunciado ya no gustó ni a las entidades sociales ni al sector privado, y la letra pequeña acabó encendiendo los ánimos. “Han puesto una cantidad tan alta de excepciones a la norma que los topes no serán efectivos en la práctica; la aplicación es irreal”, aseguró ayer el portavoz del Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera, que señaló que, según el texto del decreto, la supuesta limitación “no se aplicará ni a los contratos actuales ni a los que se renueven, ni siquiera si se hace un contrato nuevo sobre el mismo piso”. “El decreto también excluye los contratos que se hagan sobre una vivienda de obra nueva o que se hayan rehabilitado”, lamentaba Palomera, que ayer se mostraba “sorprendido” por una regulación tan “marginal”.

El sindicato también criticó que el Govern no haya previsto sancionar a los propietarios que se salten la ley. “Es el inquilino quien debe llevar a la justicia al propietario, con el peligro o riesgo evidente de que no te renueve el contrato”, subrayó Palomera, que calificó de “increíble” que se deje en manos de los inquilinos el cumplimiento de la normativa.

Tanto el sindicato como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) coincidieron ayer en que la medida sólo servirá “para que la ciudadanía piense que el tema ya está regulado y el debate se cierre en falso”. Según uno de los portavoces de la entidad, Santi Mas de Xaxàs, el discurso del Govern de ayer fue contradictorio por completo: “Por una parte dicen que esta ley pinchará la burbuja y, por otra lo vinculan al índice de referencia actual y excluyen tantos casos que en la práctica lo único que conseguirá este decreto es consolidar el aumento que ya sufrimos”, advertía Mas de Xaxàs.

Este último punto, el del límite máximo de precios, ofendió especialmente a las entidades, que lo ven desmesurado. “Actualmente, con los aumentos de los últimos años, los precios de referencia ya son bastante irreales, pero además, ahora los precios de los pisos ya no crecen a un ritmo de dos dígitos”, apuntó Palomera, y añadió: “Establecer que el máximo es el precio de referencia más un 10% es provocar, perversamente, que los precios puedan subir todavía más en algunas zonas”. La PAH hace el mismo diagnóstico. “Esto consolidará los precios actuales”, dijo Mas de Xaxàs, y criticó que, otra vez, “los políticos llegan tarde y mal” a la cuestión de regular los alquileres.

El sector privado, también enfadado

En el lado opuesto, el sector privado se quejó ayer de que la medida tampoco se hubiera consensuado con ellos. “El control y la regulación de los precios del alquiler son contraproducentes para la oferta de vivienda”, aseguró el gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana, Òscar Gorgues, que advirtió que “el decreto tendrá consecuencias porque si las propiedades son menos rentables habrá menos oferta de alquiler, porque los propietarios preferirán pasar al mercado de la venta para sacar más provecho”, aseguraba Gorgues. Además, resaltó que si en Barcelona faltan pisos de alquiler “es porque todos están alquilados, porque la gente lo puede pagar”. En este sentido, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona consideró que “el problema de las personas en riesgo de exclusión social que no pueden pagar una vivienda no lo debe solucionar el sector privado: el problema es que falta vivienda pública”, concluyó Gorgues.

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