El veto judicial a las restricciones de Madrid, un nuevo ejemplo de "inseguridad jurídica"

Los expertos reclaman unificar criterios en la vía judicial y también a la hora de legislar

Resoluciones judiciales contradictorias, diferentes fórmulas legales para imponer restricciones, municipios donde se mantienen y otros donde se anulan. Desde el levantamiento del estado de alarma, las situaciones han sido múltiples: se vio en el confinamiento perimetral del Segrià –primero tumbado en los juzgados y posteriormente avalado, después de que el Gobierno optara por otra fórmula legal para sacarlo adelante–, o en la prohibición de fumar en la calle, avalada en algunas comunidades y tumbada en el caso de Madrid. Y todo ello genera "inseguridad jurídica", explican en declaraciones al ARA el catedrático de derecho constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) Xavier Arbós y el de derecho procesal de la misma institución Jordi Nieva-Fenoll.

Para Arbós uno de los problemas es que hasta ahora cuando los tribunales entraban a valorar una decisión tomada por una autoridad competente en materia de salud, evaluaban un caso concreto y no una situación "global" como por ejemplo una pandemia. Por eso considera que una de las soluciones podría pasar por que antes de que las medidas tomadas por los gobiernos autonómicos llegaran a los tribunales pasaran por el control de los Parlamentos.

El veto judicial a las restricciones de Madrid es un nuevo ejemplo de esta inseguridad jurídica. Nieva-Fenoll cree que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid evidencia la necesidad "de unificar criterios" en materia judicial. El catedrático de derecho procesal de la UB considera que el recurso que se presente en el Tribunal Supremo puede ser una buena oportunidad para que esta instancia judicial, de máximo rango, ponga orden en este sentido y dicte un criterio común a aplicar desde la vía judicial.

Los límites del ordenamiento

Nieva-Fenoll explica que el veto a las restricciones de Madrid evidencia también "las limitaciones del ordenamiento español". "No es ágil y se acaba siendo víctima de un sistema federal imperfecto", advierte el experto en derecho procesal.

El catedrático de la UB también apunta a que otro de los problemas es que "la Constitución es muy genérica". Por eso considera que, si la solución no llega a través de una unificación de criterios en la vía judicial, sea "el legislador" quien la lleve a cabo. "Al final, un juez no puede hacer de legislador", apunta Nieva-Fenoll.

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