La soledad de la señora ministra de Justicia

MadridEl día D para el cambio de la posición sobre la defensa del magistrado Pablo Llarena fue el sábado 25 en la reunión del Gobierno convocada por el presidente Pedro Sánchez en Quintos de Mora (Toledo). Ese día las asociaciones de jueces y fiscales conservadores se habían sublevado contra la titular de Justicia, Dolores Delgado, por expresar sus reticencias a identificar la defensa de la inmunidad de la jurisdicción española con la defensa de Llarena.

La ministra ya venía con mal sabor de boca al filtrarse a los medios de comunicación documentos sobre la posición favorable a defender a Llarena de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, según los dictámenes elaborados a solicitud de la ministra.

Pero el jueves 23, la titular de Justicia resolvió introducir una matización de carácter jurídico en la posición de la abogacía general del Estado: defensa de la inmunidad de jurisdicción sí, amparo a declaraciones de Llarena realizadas a los medios de comunicación sobre la instrucción de la causa no.

La ministra sostenía que esos comentarios del 22 de febrero de 2018 en Oviedo, tras una conferencia pagada con 1.000 euros por el concesionario Atosa de BMW, estaban fuera de lugar. Porque un magistrado no puede hablar sobre los casos que instruye. Y ni que decir tiene que máxime sobre un tema como el del referéndum del 1-O, instruido como un caso de rebelión, malversación y desobediencia.

Pero la ministra se ganó para este matiz o “filigrana jurídica de pincel fino”, según lo califica un magistrado a ARA, a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Los comunicados de Justicia y de Moncloa se coordinaron para defender la jurisdicción y puntualizar el tema de las declaraciones de Llarena.

El viernes y sábado las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales salieron en tromba contra Delgado, a quienes ya se la tenían jurada desde el minuto uno de su designación, y arrastraron al día siguiente, sábado a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación a la que pertenece la ministra Delgado. La lectura: la titular de Justicia ha sido incapaz de preparar a los suyos para su matiz jurídico.

Pedro Sánchez preguntó el sábado ostras qué pasa en el mundo judicial. Y tuvo respuesta en sus contactos bilaterales. Ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apoyó la matización sobre Llarena, ni el de Exteriores, José Borrell, el primero que había acogido la petición del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, de plantear a mediados de julio pasado al Gobierno de Bélgica la protección de la jurisdicción española como defensa de Llarena, la respaldó.

El presidente tuvo otros testimonios ese mismo sábado en el sentido de que Delgado carecía de capacidad de interlocución en el Tribunal Supremo y que su manera de presentar a regañadientes la defensa de Llarena había levantado ampollas.

El mundo judicial, cierto es, estaba sublevado, al punto que en ciertos ambientes algunos jueces se preguntaron si la apertura del año judicial, el próximo 10 de septiembre no era una buena ocasión para expresar una protesta. Pero esta idea no tuvo repercusión en el Supremo, respetuoso con un acto que preside el rey Felipe VI­.

El domingo 26, también la asociación Juezas y Jueces para la Democracia se sumó a la defensa, no sin reticencias, de Llarena, lo que pavimentó definitivamente el terreno para la rectificación. Sánchez aprovechó la víspera de su viaje a Latinoamérica para anunciar en un comunicado que el Gobierno defendía a Llarena y que el bufete a contratar se encargaría de ello.

Sepultado en el toque a rebato general contra la ministra ha quedado el tema central: un magistrado no puede hablar sobre los asuntos que instruye y con independencia del contenido de lo que dijo Llarena, tras la conferencia pagada por BMW en Oviedo, su conducta hubiera conducido, en el caso de un magistrado de otra tendencia social o política, a la apertura de un expediente informativo instado por el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ.

Llarena podía optar por la fórmula tradicional el 22 de febrero de 2018: el caso está subjudice, sabéis que un juez solo se expresa a través de sus autos.

Pero no tuvo problema en opinar. Al referirse a los “delitos políticos” señaló: “No es el caso que estamos llevando en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que ha sido así, tiene que ser investigado”.

Aunque en la versión francesa, páginas 18 y 23, se tergiversa el condicional (si) por un sí (oui) rotundo, hecho que deberá ser aclarado al Juzgado de Primera Instancia Francófono de Bruselas, lo cierto es que el tema no es tanto lo que dicen los abogados que ejercen la defensa de sus clientes, sino el hecho mismo que Llarena no cerró la boca cuando podía y debía hacerlo.

La ministra no ha podido explicar esta “filigrana de fino pincel” y quizá dio a entender erróneamente que condicionaba la personación a conocer lo que el juez o la jueza digan el 4 de septiembre en Bruselas, cuando la personación se exige precisamente con anterioridad, según ha aconsejado el Ministerio de Asuntos Exteriores belga, como prueba de que no se renuncia a la defensa de la inmunidad de jurisdicción­.